El gobernador quiere capitalizar las diferencias históricas entre el interior y la capital. Mano tendida a mandatarios sin otras vías de fondeo.
Martín Llaryora, en el lanzamiento del operativo Verano que impulsa la Provincia de Córdoba, en Santa Rosa de Calamuchita
Martín Llaryora juega a dos bandas para sortear el endurecimiento de la UCR en la Legislatura de Córdoba. En el recinto, intenta exponer las diferencias de origen entre quienes integran el principal bloque opositor. Hacia afuera, tiende su mano a los intendentes que necesitan respuestas sin las dilaciones a que obliga el espadeo parlamentario.
No es una estrategia nueva, más bien responde a un obligado ajuste en el trabajo de engarce del Partido Cordobés. Para aprobar los proyectos que impulsara el Ejecutivo, el oficialismo debió extremar recursos en la Unicameral. El elevado tono de las voces opositoras, en particular las radicales, derivó en votaciones ajustadas, resueltas por mayoría simple en favor de un oficialismo que se vio obligado a recontar sistemáticamente sus porotos.
Los armadores del llaryorismo tomaron nota de ello, atentos a la necesidad de mantener la dualidad que caracteriza al vínculo con los socios de Juntos por el Cambio: sin retirar las líneas ya arrojadas para agrandar su cardumen, el gobierno provincial da más señales de ser el único que puede ofrecer lo que los intendentes necesitan imperiosamente: fondos, condonación de deudas y líneas de crédito.
Los destinatarios del mensaje no son sólo los 427 mandatarios. También lo son aquellos legisladores que han sido intendentes o mantienen las raíces en sus territorios. A ellos, que precisamente conforman la mayor parte del núcleo de 19 bancas boinablanca, les recitan el mantra de la gestión. A ellos, todos hombres, los describen como antagónicos a la conducción del bloque. “Hay un grupo que ha gestionado, reconocen las necesidades. Tienen territorialidad. Hay otro grupo, minoritario, que conduce pero en el que muy pocos han gestionado. Por eso exageran posturas y se muestran inflexibles”, explica un tallador llaryorista.
El análisis arroja nueva luz sobre la vieja interna de la UCR, que ubica en posiciones enfrentadas a la dirigencia del interior y la de la capital. Más precisamente, el intendentismo y a sucesivas conducciones partidarias a las que se le achaca falta de recorrido.
Esas mismas diferencias han sido capitalizadas por el peronismo cordobés, ya para diluir las chances del principal partido opositor, ya para engordar un ambicioso armado conocido como cordobesismo.
El citado recuento también alude a la nueva conducción del radicalismo, hoy en manos del tándem Rodrigo de Loredo – Marcos Ferrer. Para el peronismo cordobés son los alfiles del diputado los que “exageran posturas”. Incluso los acusan de torpedear acuerdos parlamentarios básicos. Cotejan tal accionar con los de sus pares del Frente Cívico. “Con el juecismo sabés de antemano qué van a hacer. Son leales. Con algunos radicales es imposible. Dicen una cosa en comisión y actúan bien distinto en el recinto”, dicen fuentes con trajín parlamentario.
La alusión a De Loredo responde a la dureza de sus recientes exposiciones públicas, ya por la postulación de Jessica Valentini al TSJ, ya por la decisión de Llaryora de adelantar la licitación para volver a concesionar el juego de azar en Córdoba. El oficialismo percibe al diputado lanzado ya hacia 2027, en plena competencia con Luis Juez por liderar cualquier armado opositor.
En segundo plano, pero no menos relevante, ubican a Ferrer. Intendente, presidente del partido, esperan de él un interlocutor menos ríspido. “Él entiende lo que quieren sus pares. Por eso es uno cuando está solo y otro bien distinto cuando está con Rodrigo”, chicanean en el Panal.
En el gobierno ya no hay dudas: Llaryora irá por la reelección en 2027. Independientemente de quién lo enfrente, espera llegar con una mejor imagen, más consolidada, que aquella de un año y medio atrás.
La imagen proyectada luce dos atributos. Una, archiconocido, la gestión. Otro, resignificado en tiempos de violencia discursiva, el diálogo.
Ambos términos se conjugan en el vínculo con los jefes comunales: diálogo para reconocer sus necesidades, gestión para acercarles soluciones.
En el ministerio de Gobierno, que conduce Manuel Calvo, destacan siete ejes de acción dirigidos a las administraciones municipales. Todos suponen una significativa transferencia, algunos con crecimiento exponencial: un Acuerdo Federal para aumentar la coparticipación; más giros para el Fondo Complementario de Obras de Infraestructura; más aportes para el Fondo Permanente para el financiamiento de proyectos y programas de infraestructura; sextuplicación de las transferencias vía Aportes del Tesoro; engrosamiento del Fondo de Financiamiento Ambiental; crédito para compra de bienes de capital a través del Banco de Córdoba.
Muchas de esas acciones se concertaron a través de la Mesa Provincia – Municipios; otras, vía las Comunidades Regionales, finalmente constituidas en todos los departamentos.
Además de discrecionalidad, la oposición señala que el gobernador ha profundizado las estrategias para evitar el control de gastos del Tribunal de Cuentas, hoy en manos del juecismo.
En el Panal destacan que los caminos recorridos son institucionales, con representación de todas las administraciones comunales. A esas mesas, de las que nadie se ha levantado sonoramente, Llaryora, “que fue intendente de dos ciudades”, lleva lo que los intendentes necesitan: crédito y fondos. Lo mismo que ya no esperan conseguir de un estadio nacional ausente.
“Javier Milei no cree en los municipios. Tampoco en las provincias. Sólo le importa la presidencia y tener número en las cámaras”, analiza una fuente calificada.
La descripción conduce, por contraste, al “Modelo Córdoba”, eslogan que ya recorre las vocerías del Partido Cordobés. El proyecto llaryorista se presenta como desarrollista y cuenta los kilómetros recorridos tierra adentro.
La nueva etapa, explican, consiste en promover el desarrollo de cada región, aprovechando la infraestructura realizada durante las gobernaciones de Juan Schiaretti. “Las obras ya están. Hay autovías, rutas, fibra óptica, gas natural, turismo. Ahora hay que mirar más allá”, amplían en el gobierno.
El avance de ese plan, entienden, tendrá como beneficiarios directos a todos los municipios, sin distinción de partidos o alineamientos internos.
Para el análisis subsecuente resulta más importante un dato numérico: en tres años serán 332 los intendentes y jefes comunales que podrán renovar mandato por única vez. Les corresponderá, en tres años, priorizar el diálogo o la rosca parlamentaria.