Para aumentar su presencia en el bastión, el gobernador sumó la Comunidad Regional al Ente Metropolitano. El intendentismo, entre la duda y la necesidad.
El gobernador Martín Llaryora anunciando la duplicación de calzada de la avenida Luchesse, en Villa Allende.
Martín Llaryora, Myrian Prunotto y Gustavo Brandán peinan el territorio del Gran Córdoba.
Con la nueva conformación de la comunidad regional, una de las 25 oficialmente presentadas por el gobierno de Córdoba, Martín Llaryora puede cerrar un movimiento de pinzas en el estratégico departamento Colón, el segundo más poblado y el de mayor crecimiento de la provincia, según diversos indicadores.
Junto al robustecido Ente Metropolitano, la entidad asegura al cordobesismo un segundo instrumento de gestión política directa, en una zona que diariamente recorren, con promesas de variado tipo, armadores oficialistas y operadores del crepitante Juntos por el Cambio.
Concurrentemente, el gobernador doblega la marca sobre el G6, la unión formal con la que media docena de intendentes opositores, que administran importantes ciudades del denominado corredor de Sierras Chicas, plantaron bandera apenas asumieron sus gestiones en diciembre de 2023.
Se trata también de una renovada herramienta de gestión que augura mayor discrecionalidad en el manejo de recursos para una administración provincial que podría saltear los controles del Tribunal de Cuentas, dirigido por la oposición, y evitar el fárrago parlamentario en una Legislatura donde la paridad de ralentiza el tránsito de proyectos.
Para presidir a Comunidad Regional Colón el oficialismo provincial impuso sus números. De las 20 localidades integrantes, 14 responden a Hacemos Unidos por Córdoba. Es decir, todas menos las seis rebeldes.
La entidad será presidida por Claudia Acosta, representante del cordobesismo e intendenta de la pequeña comuna de Mi Granja, única reelecta en diciembre pasado.
La presencia de todas las comunas del departamento no conlleva una adhesión irrestricta. Numerosas dudas marcaron los intercambios previos entre alcaldes. En particular por pasadas experiencias en la administración del ente que derivaron en causas judiciales por desviación de fondos y evasión fiscal.
El caso más sonado vincula a un nombre que resuena por estas horas, el exintendente de Saldán, el peronista Cayetano Canto, sospechado de enriquecimiento ilícito. Según bisbisean reconocidos dirigentes, las olas pueden salpicar a otros exfuncionarios.
Para los opositores, las dudas fueron más allá de lo administrativo. La presunta discrecionalidad y la superposición de gestiones con otros organismos (el señalado Ente Metropolitano o la mesa Provincia Municipios) sembraron sospechas en una región en la que Llaryora multiplica señuelos para engordar el Partido Cordobés.
Pragmáticos al fin, con crecientes necesidades en épocas de recorte y motosierra, finalmente la totalidad de los jefes comunales firmó su participación. Para el gobierno provincial también resultó aliviador constatar que en Colón no se repetiría la experiencia de la Comunidad Regional de Punilla.
La Calera fue la última ciudad en confirmar su presencia en la remozada entidad. Su intendente, Fernando Rambaldi, parte esencial del G6 regional y contrario a la construcción llaryorista, lo hizo con varios reparos.
El más importante apuntó a la presencia de Rodrigo Rufeil, su adversario en la política calerense, en la reunión de constitución formal. “Nadie entiende por qué estuvo. Nadie explicó. Quizás haya un manto de impunidad por las investigaciones en curso”, dispararon en el entorno del dirigente vecinalista.
Como sus pares, el gobierno de la ciudad más poblada del departamento cuenta con el reparto de fondos desde un ente, de adhesión voluntaria, cuyo objetivo principal es “apuntalar el desarrollo económico y social de cada una de las regiones en las que se divide la provincia”.
“Nos quedamos porque van a bajar plata. Esperamos que lleguen fondos de la Provincia, porque los necesitamos. Sabemos que habrá manejos políticos, esperamos que no haya amiguismo”, dicen desde un municipio cercano.
La discrecionalidad fue uno de los argumentos esgrimidos por los intendentes que conformaron el G6. La percepción de fortaleza que les devolvió el mapa político configurado en diciembre los llevó a tender puentes de gestión por fuera de los límites provinciales.
Administrando las ciudades más grandes del área, imaginaron un contrapeso al Ente Regional Córdoba, cabecera de playa del llaryorismo, hoy bajo control del intendente de la capital provincial, Daniel Passerini, quien juega también su propia proyección, ya sin posibilidad de reelección.
Como ya contara Letra P, en los meses previos a la conformación de las comunidades regionales una decena de referentes trajinó el departamento Colón para atenuar los incipientes focos de rebeldía. Muchos de ellos, antiguos compañeros de ruta de los alcaldes.
La nueva ventanilla ofrecida es gestionada por el ministro de Gobierno, Manuel Calvo. Con varios años ya en cargos clave de la administración provincial y aspiraciones propias, el varíllense se ha convertido en el principal tallador en el juego del gobierno provincial con los intendentes.
Su gestión será clave para Llaryora, quien ha debido rediseñar estrategias para su de proyección nacional. Con una Legislatura trabada y un Tribunal de Cuentas manejado por la oposición, sus adversarios adjudican a tales condicionantes la intención de crear entes que privilegien la rosca a la formalidad.
Aún conscientes de ello, con antiguas alianzas vaciadas de poder, los alcaldes serranos saben que por ahora son las canillas provinciales las únicas que gotean.