Sus alfiles en el Tribunal de Cuentas ponen la mira en la "vaquita" que auxilia a municipios en problemas. Villa María, la primera en pedir la soga.
Luis Juez quiere que la oposición se siente a la mesa que define el repartos de fondos a los municipios.
Martín Llaryora junto a Manuel Calvo, el ministro que preside la Mesa Provincia - Municipios, y Gastón Mazzalay, intendente de Malvinas Argentinas.
Beltrán Corvalán, presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia.
La crisis y el nuevo esquema de poder con el que debe gobernar Martín Llaryora se cruzan en un fuerte debate que se dará en Córdoba. La conducción del Tribunal de Cuentas, que responde a Luis Juez, reclama su lugar en una de las mesas que define fondos para el salvataje de las economías municipales.
La herramienta en cuestión es el Fondo permanente para la Financiación de Proyectos y Programas de los Gobiernos Locales. Fue creado en el año 2004, en la segunda gobernación de José Manuel de la Sota y sostenido a lo largo de las gestiones de Juan Schiaretti. Se trata de una caja a la que aportan los municipios y que funciona dentro de la Mesa Provincia–Municipios, a cargo del Ministerio de Gobierno que conduce Manuel Calvo.
La herramienta es valorada por el grueso del intendentismo, que encuentra allí un resguardo al cual acudir en momentos en que las cuentas empiezan a apretar el cuello. En medio de un debate por la situación económica con la que se encontró Eduardo Accastello, Villa María inaugurará el ciclo llaryorista con un pedido de $92.210.000.
El Fondo permanente para la Financiación de Proyectos y Programas de los Gobiernos Locales se constituye con un aporte municipal que llega al 1% del total coparticipable. Las administraciones municipales debe adherir previamente al fondo y elevar los pedidos con la aprobación previa de cada Concejo Deliberante.
Cuando llega a la Mesa Provincia–Municipios, la decisión final depende del titular del espacio, actualmente Calvo, o alguien que él designe; un representante por cada uno de los foros de intendentes que participan del espacio institucional y un representante del Tribunal de Cuentas de la Provincia.
Conscientes de la importancia de los dineros que habitualmente solicitan sus pares, resulta complicado que alguien en el espacio se oponga a otorgar los créditos que se devuelven en 36 cuotas sin intereses.
“Sale todo”, aseguran a Letra P desde el corazón del espacio institcuonal, que cobra una importancia mayor en medio de la disparada de la demanda social y la caída de la recaudación. “No hay ahorro que alcance”, señaló uno de los intendentes consultados al respecto.
Dispuestos a sostener sus cuestionamientos a la gestión de Llaryora, la oposición cordobesa asegura que el Tribunal de Cuentas, que históricamente tuvo la misma conducción que el Gobierno provincial, nunca participó activamente del espacio que le correspondía en la mesa que aprueba los créditos que piden las administraciones municipales.
Hoy conducido por el juecista paladar negro Beltrán Corvalán, en el organismo de control confirmaron a Letra P que recientemente notificaron a Calvo para hacer cumplir el decreto que regula el fondo. Cabe destacar que está integrado por recursos extrapresupuestarios de los que dispone la administración cordobesa.
Como ya contó Letra P, el esquema opositor que también contempla al radicalismo, ya ingresó en una etapa de negociación con el Gobierno provincial a partir de la cual se deberán definir algunos de los cargos más importantes en la estructura del poder mediterráneo.
En ese contexto, todo ingresa en un período de tire y afloje en el que ninguno de los espacios dejará a un costado su lugar en el mapa político, pero intentarán conducir un diálogo que no se lleve puesta a las instancia cruciales a la hora de la toma de decisiones.
En ese contexto, la insistencia sobre el “control” que se dispone llevar adelante la oposición aparece como un arma de doble filo. Cada vez que Llaryora se lanza a la discusión con el Gobierno libertario advierte sobre la importancia del federalismo y pone de ejemplo las políticas provinciales que buscan garantizar el funcionamiento de los gobiernos locales.
El Fondo permanente para la Financiación de Proyectos y Programas de los Gobiernos Locales es una de esas herramientas. Juecistas y radicales saben que ir en contra del flujo de dinero que funciona como salvaguarda de los intendentes es algo que difícilmente pueda resultar redituable en el largo plazo. Más allá de los discursos nacionales que insisten sobre el recorte y el ahorro.
El municipalismo es una de las banderas que Llaryora decidió levantar, necesariamente, desde el comienzo de su gestión. Se reconoce como “hombre del interior del interior” y por eso instruye a su gabinete una política que ponga el ojo sobre las necesidades de las autoridades locales que se multiplican por la crisis. Encuentra el eco que no obtuvo en la campaña, donde una parte del mapa apoyó a Juez, en una situación nacional que observan con preocupación todos los que gobiernan y entienden que “la campaña terminó hace rato, ahora es momento de la gestión y la gobernabilidad”.