Alta Gracia y Río Cuarto hacen punta en el Partido Cordobés. Principio de acuerdo con la UCR en Capital. Villa María, en espera.
Martín Llaryora quiere que en toda la provincia rija la Ficha Limpia.
Martín Llaryora parece estar decidido. El gobernador de Córdoba desea que, más temprano que tarde, la versión mediterránea de Ficha Limpia opere como una señal de identidad para todas aquellas gestiones enroladas en el proyecto de Partido Cordobés que capitanea.
Como contara Letra P, en la Legislatura se amasan dos proyectos de ley que proponen impedir que personas con condenas por delitos penales accedan a la función pública. Uno es de cuño propio y lleva la firma de Victoria Busso y Miguel Siciliano; otro tiene puño radical y lapicera de Brenda Austin.
Hacemos Unidos por Córdoba espera dar sanción a uno de ellos, acaso una fusión de ambos, antes de fin de año. Para ello debería avanzar en una de las dos sesiones que restan.
La ocasión no es la óptima. Aunque la aprobación se da por descontada, incluso con amplia mayoría y apoyos de la propia UCR, la intención del oficialismo es despegar esa discusión del debate por la postulación de Jessica Valentini al Tribunal Superior de Justicia.
Inesperadamente para el Panal, la nominación de la Oficial Mayor de la Municipalidad no contaría con el sólido aval parlamentario que se preveía. La maniobra de Rodrigo de Loredo, comunicando públicamente el rechazo del bloque radical, no sólo restó votos que se descontaban. También refleja la solidez de la negativa que ya anticipara el juecismo.
En paralelo a la discusión en la Unicameral, en las dos principales ciudades de la provincia se han registrado avances en la discusión para un proyecto propio.
En Río Cuarto, el intendente Guillermo de Rivas ya comenzó a trabajar en una normativa con su gabinete y con los jefes de los cuatro bloques con representación en el Concejo Deliberante. Tal articulación permite dar por descontada una pronta aprobación.
Un poco, sólo un poco, más lejana parece la concreción en la ciudad de Córdoba. Aquí también rige un principio de acuerdo entre la UCR y el peronismo para dar pronto tratamiento a un proyecto. Al momento, la referencia es un texto presentado por el concejal Juan Balastegui, línea directa de Javier Bee Sellares y el gobernador correntino Gustavo Valdés.
En su entorno aseveran que hay un férreo compromiso del intendente Daniel Passerini. Sin embargo, admiten que habrá discusión sobre la redacción final. La ordenanza que impulsa la UCR establecería que “no podrán ser candidatos/as las personas que se encuentren condenadas a penas privativas de la libertad, aunque la sentencia no se encuentre firme y la pena fuera de cumplimiento en suspenso. También por delitos contra la administración pública, el orden económico y financiero, las personas, la integridad sexual, el estado civil, la libertad, la propiedad o contra los poderes públicos y el orden constitucional”.
En el bloque oficialista bajan revoluciones. Aunque admiten que la temática está en agenda, remarcan que la prioridad corresponde a iniciativas para mitigar los efectos del juego online sobre adolescentes. “Si llegamos con los tiempos, tratamos Ficha Limpia”, dicen fuentes oficiales a Letra P.
Hasta el momento sólo un puñado de municipios cuentan con restricciones, para postulación o ejercicio de la función pública, para personas con condenas por delitos penales.
Según un recuento que hace el oficialismo, son sólo 14 localidades. Todas han aprobado normas antes de que la discusión se tornara una tendencia nacional. Sólo tres tienen peso en el tablero electoral. Jesús María, bajo el mando de Federico Zárate, un intendente radical con buen diálogo con el Panal; Bell Ville, rodeo del radical Carlos Brinner; y Alta Gracia, terruño de Facundo Torres, uno de los dirigentes que ha ganado rodaje cordobesista como espada legislativa y autoridad en la Unicameral.
En las últimas semanas se ha sumado Berrotarán, una localidad de 7 mil habitantes, ubicada en el departamento Río Cuarto, sobre la estratégica ruta 36. El proyecto había sido impulsado por el propio intendente, Federico Soto, otro boinablanca de trato afable con el Ejecutivo provincial.
De la oposición proviene también una propuesta para Villa María, la tercera ciudad de la provincia, pin clave en el juego estratégico de Llaryora. La autoría corresponde a Manuel Sosa, concejal por Uniendo Villa María, con pasado radical. En la intendencia reconocen que la idea lleva tiempo rondando, pero por el momento no la incluyen en su agenda.
Similar calma transmiten armadores llaryoristas que recorren la geografía mediterránea. Además de coincidir con la instalación del tema, recuerdan que los municipios que no tienen Carta Orgánica podrían adherir, en un proceso simple, a la ley provincial que se apruebe,
La decisión de Llaryora de empuñar las consignas de Ficha Limpia ha motivado críticas inevitables de la oposición. Radicales, juecistas y hasta la izquierda asignan oportunismo a la sucesión de movidas oficialistas.
El radicalismo asegura que el gobernador pretende robarles una bandera ya histórica para capitalizar su juego de diferencias con Javier Milei y con el kirchnerismo. Rápidamente, recuerdan que intentan dar tratamiento al proyecto desde inicios de la década pasada y que, en épocas de Juan Schiaretti en la gobernación, el peronismo quería ceñir la discusión a cargos parlamentarios.
En el juecismo creen también que se trata de una decisión para proteger a su propio rebaño. Atentos a la resonancia del caso Kueider, sospechan que el cordobesismo sobreactúa preocupación ante cualquier resonancia.
En el Panal rechazan especulaciones y dicen desconocer la existencia de casos puntuales a los que podrían aplicarse las nuevas cláusulas restrictivas. Sólo conceden que se trata de una nueva y necesaria muestra de sintonía con los tiempos que corren en la política nacional.