Exige al intendente que determine una fecha fija para la elección municipal. La apuesta por la participación juvenil y los datos abiertos de la gestión.
Juan Balastegui, Elisa Caffaratti, Sergio Piguillem, espadas del bloque de la UCR, opositor a Daniel Passerini
Sin reelección para 2027, Daniel Passerini promueve una reforma de la Carta Orgánica.
La UCR de Córdoba aún metaboliza las oportunidades que terminaron en derrotas, en la provincia y la ciudad, ante Martín Llaryora y Daniel Passerini respectivamente. Diluyendo errores propios en las estrategias escogidas, su dirigencia manifiesta que el peronismo cordobés usó para beneficio propio los resortes del poder que administra desde hace años.
Con esa amarga experiencia aún en el retrovisor, los ocho representantes del radicalismo en el Concejo Deliberante de la ciudad impulsan una serie de proyectos que operarían como reforma electoral. Con ella, podrían acotar arbitrariedades en el manejo del calendario electoral y la información pública sobre las correspondientes convocatorias.
Olfateando también una nueva oportunidad, por la imposibilidad de reelección para Passerini y una consecuente interna ya en marcha, los concejales quieren llegar al 2027 con “reglas de juego claras” y una “razonable previsibilidad”.
Dejando de lado los encuadramientos por su propia interna para nombrar autoridades partidarias (los ocho ediles representan a siete líneas distintas), quieren dar un temprano mensaje de unidad ante un Partido Cordobés que mantiene redes tendidas aún a riesgo de intensificar sus propias tensiones.
La principal iniciativa en que convergen los concejales radicales apunta a establecer una fecha inamovible para las votaciones municipales. De este modo, entienden, se elimina la posibilidad de acomodar el calendario electoral según conveniencias del oficialismo de turno.
Acorde al proyecto de ordenanza elaborado por Sergio Piguillem, los comicios deberían quedar fijados “en el segundo domingo de septiembre del año correspondiente a la finalización de los mandatos”.
La opción por tal coordenada responde a las particularidades del calendario. El noveno mes no tiene feriados, lo que impide establecer fines de semana turísticos. La inminencia de la primavera augura temperaturas templadas. Autoridades electas y funcionarios salientes contarían con un razonable plazo de tres meses para una transición ordenada.
La enumeración presenta como contraste a las recientes elecciones de Río Cuarto, otra experiencia aciaga para los boinablanca, que se desarrollaron en una gélida jornada, corolario del fin de semana extralargo de junio. Ambas circunstancias, sazonadas con la vigencia del discurso antipolítica, operaron para una baja participación electoral, que apenas rozó el 55%.
La fecha había sido definida, tras varios meses de especulaciones, por el exintendente Juan Manuel Llamosas, quien jugó al filo del plazo legal. La calculada demora, interpretan, permitió al hoy funcionario provincial contar con más tiempo para fortalecer las chances de su candidato, el electo Guillermo de Rivas. Tiempo en que, apuntan, gozó de los atributos del poder que administra el oficialismo.
La misma arbitrariedad en la administración temporal observan en el modo en que el exgobernador Juan Schiaretti manejara los calendarios para definir la compulsa municipal, cinco años atrás, en beneficio del entonces candidato a intendente Llaryora; quien a su vez (en la misma línea argumental) también calculó plazos según una estrategia que favorecía las chances de su sucesor, Passerini.
También apuntan a la promoción de la “desmovilización electoral” como otro patrón común al PJ vernáculo. La referencia lleva nuevamente desde Córdoba a Río Cuarto. Con diferencia de un año, voceros de la justicia electoral de ambas jurisdicciones se encargaron de recordar el valor irrisorio de las multas para quienes no acudan a votar. Apelaron, incluso, a publicidad oficial. En la capital (como en la segunda ciudad), la participación electoral fue la más baja desde la vuelta de la democracia: sólo 59%.
Según interpretan desde la oposición, la baja asistencia suele operar a favor de los oficialismos. Ante la menor participación cobra más peso el aparato, razonan. “Mientras menos vayan a votar, mejor para ellos. Movilizan a los propios y a los disconformes les presentan un dilema”, amplían. Todo, en un contexto de creciente apatía.
“Hay que sacarle tanta discrecionalidad al Ejecutivo. No sólo es una cuestión de previsibilidad, es que con tanta especulación no hay igualdad de opciones. Se calcula desde el impacto de una medida de gobierno en campaña hasta el efecto arrastre”, sintetiza Piguillem, de la alfonsinista Asamblea Radical.
Sobre ese fondo, el concejal Juan Balastegui, con apoyo de todo su bloque, enuncia otro proyecto de modificación del Código Electoral Municipal. El mismo tiene como destaque la incorporación de “la figura del voto joven, mayor de 16 años, sin necesidad de registro previo”. Pero su articulado incluye varias disposiciones para alentar la participación en un proceso electoral “transparente”.
Su iniciativa, que incluye también la fecha fija para el segundo domingo de septiembre, apunta al corazón de las sospechas: “evitar que con publicidades engañosas se desaliente la participación ciudadana”.
Congruentemente, pide que la Junta Electoral Municipal refuerce la publicidad de información indispensable, como el modelo de Boleta Única a emplear, la fecha de elección y los requisitos para sufragar, siempre acompañados de la inscripción “El voto es obligatorio”.
“Es importante enfocar esfuerzos en eliminar barreras que dificulten o impidan la participación de la ciudadanía, brindando conocimientos certeros sobre cuándo será el momento de elegir autoridades. También garantizando, mediante una adecuada difusión, la información necesaria para el elector”, argumenta el edil de la línea Consenso, link al gobernador de Corrientes Gustavo Valdés.
La sucesión de proyectos refleja una intención de mayor actividad en el bloque radical, en la antesala de un acuerdo para zanjar la interna partidaria.
Desde la conducción, a cargo de Elisa Caffaratti, alfil de Rodrigo de Loredo, destacan la voluntad de discutir iniciativas ante un oficialismo acostumbrado a sesiones exprés en las que “duerme” aquellos proyectos que podrían incomodar al intendente Passerini.
Contraponen tal morosidad con la diligencia puesta por el peronismo capitalino parar abordar la discusión sobre una enmienda de la Carta Orgánica Municipal. Destacando que aún no han sido formalmente convocados al debate, prefieren referir a la iniciativa como otra distracción aún.