El intendente de la capital busca matar dos pájaros de un tiro y cierra la caja para contener la carrera por la sucesión. La bajada de línea. Agenda caliente.
Daniel Passerini en reunión, vía Zoom, con la Red Federal de Intendentes. Juntos reclaman por la poda de subsidios al interior.
Daniel Passerini en el acto de presentación de nuevas unidades para el transporte urbano de pasajeros. En los próximos días anunciará la suba del boleto.
Con el índice apuntando en el fondo de la caja municipal, Daniel Passerini exhorta a toda su planta política en la Municipalidad de Córdoba a dejar de lado, de manera inmediata, los escarceos de una competencia interna que ya cuenta con varias preinscripciones para calzarse el traje sucesorio.
En tono de advertencia, la observación abarca a la dirigencia de todos los palos que conviven, con crecientes recelos, en la administración de Hacemos Unidos por Córdoba en la capital provincial. Especialmente a aquellos que militan en el peronismo.
El intendente pide que se concentren exclusivamente en los roles asignados para una gestión municipal fuertemente condicionada por una crisis económica que devino en recesión.
Obvias a primera escucha, las interpelaciones contienen la preocupación por un dato que, aún previsible, impacta de lleno en el Palacio 6 de Julio: al cierre del primer semestre, la caída en la recaudación del municipio oscila en torno al 15%.
Con ruidos de motosierra como trasfondo, tal indicador se yuxtapone al peso de una abultada deuda en dólares. Para cumplir con ella, el sucesor de Martín Llaryora ha debido acudir ya dos veces, en ocho meses de gobierno, a emisión de deuda en el mercado local.
La bajada de línea del intendente intenta sofocar conatos de una inevitable interna. La certeza de que su reelección será imposible motivó maniobras reprochadas.
La más reciente tuvo como máscara la promoción de un proyecto para modificar la Carta Orgánica Municipal. Aunque se planteara como una readecuación de la letra a los tiempos de convergencia digital, dedos traviesos deslizaron la posibilidad de incluir la reelección para el titular del Ejecutivo.
Descartada de plano desde la sede de la intendencia, la versión potenció enojos preexistentes. Al desnudo quedó la apetencia de muchos, todos varones, que ya calientan motores para el 2027.
Aludidos señalan a Javier Pretto como instigador de tempranas elucubraciones. En la creciente exposición del viceintendente, correlato de su construcción, ven la necesidad de reafirmar deseos de poder que preexisten a la conformación de la alianza oficialista.
Más aún, relucen credenciales peronistas para legitimarse como herederos naturales del trono en que se han sucedido Llaryora y Passerini, nuevos líderes de un espacio amplio, al que la oposición percibe como boceto de partido único.
Según afirman desde el municipio, la caída en la recaudación se ha consolidado en torno al 15%. La cifra sube el tono del rojo, que oscilaba en cuatro puntos porcentuales al cierre del primer trimestre del año.
El dato completa un tablero con múltiples alertas. En septiembre, Passerini deberá afrontar la segunda cuota de la deuda en dólares tomada durante la gestión de Ramón Mestre y refinanciada por Llaryora. Para ello ha recurrido nuevamente a letras del tesoro nacional, con plazos de rescate superiores a los de la emisión de marzo.
Además, tendrá que metabolizar los reclamos que amerita un nuevo aumento del boleto del transporte urbano de pasajeros, que desde este viernes llega a $940. El valor es el mismo que se aplica ya en Santa Fe, Rosario y Paraná.
Junto a los intendentes de aquellas ciudades, el cordobés conforma una Red Federal que carga contra el gobierno nacional por el recorte de los fondos que se destinaban a subsidios. La decisión de la secretaría de transporte de la Nación de incluir al AMBA en la poda remueve, parcialmente, el componente discriminatorio que se achaca a la Casa Rosada.
El exviceintendente sabe que el transporte es un punto neurálgico. Por ello pospuso aquella suba hasta hilvanar una serie de anuncios. Algunos son tangibles, como la incorporación de unidades a corredores esmirriados tras la salida de la cuestionada empresa ERSA. Otros esperan confirmación, como la implementación de la tarjeta SUBE como modalidad de pago.
Tantos pendientes demoran la presentación formal del proyecto de relanzamiento del servicio, que incluirá una articulación con el transporte interurbano, que vincula a la capital con el Gran Córdoba.
Este martes, el alcalde viajó a Panamá, invitado por la fundación Konrad Adenauer. En un congreso sobre políticas ambientales, expuso las acciones llevadas a cabo por el municipio mediterráneo, continuidad de lo trazado por su antecesor. Pese a lo específico de la convocatoria, hubo especulaciones sobre posibles inversiones, en el marco de la economía verde.
La semana ya había arrancado con una preocupación que se repite sin solución inmediata. El cuarto día hábil de cada mes vence el plazo para depositar los salarios al personal del transporte urbano. Hay quienes hablan de un recuento minucioso.
La falta de recursos añade suspenso. En primera línea de gobierno destacan que han destinado más de $50.000 millones para mantener el valor del boleto en una referencia razonable. Sin tal aporte (que ya cuadruplica la inversión del 2023) cada cordobés debería pagar un valor cercano a los $2.000.
En la agenda también se precipitan dos iniciativas que no eran consideradas urgentes. La primera contempla la elaboración de una aplicación autóctona para el servicio de taxis y remises. Mientras los permisionarios trinan por el avance de Uber, que se cuela por los grises del marco regulatorio, los choferes admiten que acuden a esta plataforma urgidos por la necesidad. También por su practicidad, añaden por lo bajo.
Otro desarrollo tecnológico se destinará al estacionamiento medido en la ciudad. La preocupación no es sólo recaudatoria. El empeoramiento de los indicadores económicos empuja a cada vez más gente a probar suerte como cuidadores de coches en espacios públicos.
Denominados “Naranjitas”, la regulación de su actividad ha derivado en dolores de cabeza. La informalidad en que se desenvuelven excede los acuerdos firmados con cooperativas habilitadas para trabajar en zonas rentables de la ciudad.
Peor aún, en el contexto crítico crecen las vinculaciones -muchas veces forzadas- con la inseguridad, el principal desvelo de las gestiones provincial y municipal. Prejuicios y marginalidad se codean a la hora de abordar los casos que involucran los cuidacoches.
Sobre una hoja de ruta con múltiples anotaciones, Passerini pide bajar las “ansiedades” de quienes ya se miden trajes de candidatos.
La austeridad que reclama es presentada como correlato del estado de las finanzas municipales. De poco vale ya la narrativa de tantos años de superávit en la administración cuando caen críticas por ausencia en la cotidianeidad urbana.
El diagnóstico indica una urgente revinculación con las bases y el trabajo territorial. A sabiendas de que muchos caciques pueden desplegar su propio juego, la cuenta ofrecida es clara: sin gestión terrenal no habrá paraíso en 2027.