El toque de queda con el que el COVID encerró a Alberto Fernández en el chalet de huéspedes de Olivos empezó con un Zoom con Horacio Rodríguez Larreta el sábado 3 y terminó con una charla frente a frente entre los dos el viernes 15 a las 10 de la mañana. Antes, el jefe de Estado tuvo una larga conversación telefónica con el ministro Nicolás Trotta, que se silenció públicamente. Trotta le dijo que no piensa renunciar "para no ser funcional a la oposición", pero no calló su opinión, que sigue siendo la misma. "Tomaste una decisión impopular y difícil", tuteó el funcionario al Presidente, que no revirtió su postura pero logró que entendiera sus razones.
En offside quedaron también la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, que en una reunión en Casa Rosada habían defendido la presencialidad escolar. "La realidad epidemiológica es grave", sostuvo el jefe de Estado, que insistió en la necesidad de quebrar la curva ascendente mientras se vuelven a liberar camas en sanatorios y hospitales. Fernández y Trotta coincidieron en que el adversario es Larreta y que la Ciudad no controla las actividades sociales, culturales ni al sector gastronómico. "Cuando se prioriza todo no se prioriza nada", repitió el ministro de Educación ante un Presidente molesto con "la actitud temeraria" del alcalde. En Olivos descreen de su disposición al diálogo desde que permitió que entre las 23 y las 0 los clientes queden dentro de bares y restaurantes. Lo sintieron un desaire hacia el acuerdo previo con el jefe de Estado. Aún así hay diálogo abierto por lo que Trotta invitó a una misma reunión para mediados de la semana a las ministras de la Ciudad, Soledad Acuña, y de Buenos Aires, Agustina Vila. Él tendrá que mediar y convencer a la porteña de lo que está persuadido Fernández: la segunda ola se frena con más restricciones.
Los efectos colaterales del anuncio presidencial los aprovechó Larreta y los sufrió María Eugenia Vidal, que presentó su libro "Mi Camino" un par de horas antes del anuncio de Fernández y se quedó sin la posibilidad de iniciar su gira por el país con charlas públicas. Del asunto habló en un almuerzo a solas con el jefe de gobierno el jueves último. Analizaron la situación epidemiológica y la estrategia de la Ciudad. Con el resto de los líderes partidarios Larreta solo habló por Zoom o por teléfono, entre ellos Mauricio Macri, Alfredo Cornejo y Elisa Carrió. En el ala dura de Juntos por el Cambio (dicen) aún no leyeron a Vidal, aunque la mayoría también admitió no haber hojeado el "Primer Tiempo" del expresidente. Macri y Vidal no hablan desde unos cuantos días antes del lanzamiento del libro de la exgobernadora, que le dedicó un capítulo entero a criticar los últimos dos años de gestión. "Qué pena, qué semana le tocó", repitieron ante la consulta distintos dirigentes concentrados en acordar la respuesta contra el Gobierno por el plan de vacunas y el cierre de las escuelas y descargando sus ideas en cada grupo de whatsapp donde se gestaban protestas "espontáneas" de familias antiencierro. "Se tiene que diferenciar si quiere ser candidata en 2023", la justificó una referente cercana al exjefe de Estado.
En el PRO la líder del epiceno halcón es femenina. El jueves Patricia Bullrich, después de una noche de protesta frente a la residencia de Olivos, voló a Capitán Sarmiento donde jugó de anfitrión el intendente Javier Iguacel. Con la excusa de su libro "Guerra sin cuartel" y el armado de su exsecretario de Estado, Gerardo Milman, dio la que tal vez sea la última charla permitida por el DNU de Fernández y bajó línea a intendentes de la Segunda Sección electoral. Otra vez le pisó el territorio a Vidal y a todos los aspirantes a la gobernación de JxC. Adelantándose al tuit de Mauricio Macri, alentó a los intendentes Javier Martínez (Pergamino); Claudio Rossi (Rojas); Francisco Ratto (Areco); Gustavo Perié (Ramallo), y Manuel Passaglia (San Nicolás) a resistir el decreto presidencial y las disposiciones de Axel Kicillof.
Legisladores solidarios
En defensa del Presidente reapareció Máximo Kirchner, que estuvo aislado hasta el jueves por ser contacto estrecho de Fernández. Defendió además el Aporte Solidario Extraordinario en el primer vencimiento de pago. “No se termina de entender que quienes más tenemos y tienen no ayudan”, se autoincluyó como declarante de bienes por $291 millones. Justo él, no pagó. "No porque no quiera", lo excusaron, sino porque la Justicia le quitó la administración de sus bienes y hasta la noche del viernes el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos no tenía noticias de que quien está a cargo hubiera pagado a pesar de su pública predisposición. Sí pagaron los otros dos diputados nacionales que tienen fortunas por más de $200 millones y que se opusieron al 'impuesto'. El radical Atilio Benedetti y el massista industrial Ignacio De Mendiguren, que se ahorró el disgusto de votar la ley por gozar de licencia parlamentaria mientras preside el banco BICE. En el Senado pagaron el misionero Maurice Closs (Frente Renovador de la Concordia) y el sanjuanino Roberto Basualdo (Frente de la Producción y el Trabajo).
Closs, que sí es aliado del Frente de Todos sin formar parte, advirtió a Letra P: "Si comparamos el debe y el haber, los empresarios pusimos más pero también recibimos", en referencia a los ATP con los que Nación ayudó a pagar sueldos en rubros como gastronomía y turismo. Dueño de un hotel, en la última semana sufrió decenas de cancelaciones y este fin de semana se quedó solo con 14 de las 118 habitaciones ocupadas. Su hermano mayor fue el que más pagó y transfirió $25 millones a la AFIP. El senador, sin liquidez, hizo su declaración jurada, anticipó el 20% de lo que le corresponde y adhirió a un plan de cinco cuotas. El opositor Basualdo aportó casi 16 millones y abonó otros 300 mil pesos en transferencias bancarias. "Espero que al país le vaya bien, ya está, tengo que dar el ejemplo", respondió el senador que para evitar el aporte había presentado un proyecto de ley alternativo que obligaba a los empresarios a invertir y no a pagar este impuesto al que calificó de confiscatorio y antiinversiones.
Tres veces gobernador y por tercera vez senador Juan Carlos Romero no pagó. "No por mala voluntad de cumplir con la ley sino porque no llego al monto", justificó. El salteño, expejotista y aliado de Juntos por el Cambio que pasó parte de la pandemia en viaje familiar a España, tiene en su declaración jurada una propiedad en Uruguay que, sumada al resto de sus bienes, lo dejaba entre los 13.000 millonarios obligados a pagar. En la escritura que presentó, sin embargo, figura como dueño del 25%, mientras el resto se divide entre su mujer y sus dos hijos.
