La ANSES enviará $10 mil millones por mes. Los sindicatos dicen que el dinero debe ir a jubilaciones. Evalúan protestas. La experiencia de Maximiliano Pullaro.
Presupuesto o la plata de la Caja de Jubilaciones de Córdoba, la oferta de Martín Llaryora al ministro Toto Caputo.
Luego que el ministro de Economía, Toto Caputo, confirmara que el gobierno de Javier Milei duplicará el monto de fondos que mensualmente envía por la deuda que mantiene por la Caja de Jubilaciones de Córdoba, los trabajadores estatales vuelven a la carga contra la reforma jubilatoria que diseñó Martín Llaryora y se aprobó hace tres meses.
Apuntando a la futura disponibilidad, las agremiaciones que representan a los aportantes cordobeses piden que estos recursos comprometidos por el gobierno nacional se utilicen para la derogación inmediata de la denominada Ley de Equidad Jubilatoria.
Subsidiariamente, exigen que se revierta la suba de aportes convalidada por la norma, a la que siguen calificando como “una transferencia regresiva de ingresos desde las y los trabajadores hacia las arcas fiscales, profundizando la pérdida de poder adquisitivo de nuestros salarios y jubilaciones”.
En una nueva reunión que mantendrán este lunes, en la sede del Sindicato de Trabajadores Viales, los gremios volverán a analizar medidas de acción directa para visibilizar su rechazo a la reforma. En paralelo, mantienen su plan de alternar vías administrativas y legales contra los recortes de haberes y el aumento de aportes.
Durante su visita a la Fundación Mediterránea, el ministro de Economía anunció a los medios que, desde mayo, la Anses enviará a Córdoba 10 mil millones de pesos mensuales, durante el plazo de un año.
La cifra equivale al doble de lo que se abona en el compromiso aún vigente, que se extiende hasta abril. El envío se presenta “a cuenta de un futuro acuerdo” en el conflicto que ya está en manos de la Corte Suprema de Justicia.
La cifra representa, empero, una pequeña porción del déficit previsional proyectado para el año en curso, cercano a 800 mil millones de pesos. Más lejos queda del total que reclama Córdoba. Según los números que maneja el Panal, desde 2020, punto de origen de varias denuncias, el total de la deuda asciende a más de un billón de pesos.
Aún así, el anuncio de Caputo ameritó lecturas que rápidamente reactivaron la discusión sobre el déficit previsional en Córdoba. Los gremios estatales temen que tras este acuerdo pierda fuerza el reclamo por la deuda, a pocas semanas de conocerse el resultado de la auditoría ordenada por la Corte. Si así ocurriere, no habría razones para desandar el camino iniciado con la reforma.
“Este acuerdo induce a pensar que ya la Corte Suprema no resolverá la cuestión de fondo y el sistema previsional de Córdoba seguirá esperando que la Nación pague lo adeudado. Si bien valoramos que se avance en la recomposición, recordamos que estos recursos adeudados no son donaciones ni gestos políticos, sino fondos que legítimamente corresponden a las y los trabajadores cordobeses y, por lo tanto, su devolución es una obligación ineludible del Estado Nacional”, expresaron los gremios en un comunicado.
Aunque podría resultar un contrasentido, ya que el propio gobernador había pedido que lo acompañen en la cruzada, los sindicatos también analizan que Llaryora podría destinar el dinero extra a otros fines, considerando que 2026 es ya un año electoral.
El nuevo compromiso por la Caja llega en plena pulseada paritaria entre la Provincia e importantes gremios de empleados públicos. Entre ellos, la Unión de Educadores (UEPC) que ya anunció dos huelgas para la próxima semana.
Desde dichas entidades recordaron que, en el discurso brindado en la apertura de sesiones ordinarias, el gobernador anticipó que podría ampliar la cantidad de jubilados estatales que cobren el 82% de lo que percibe un activo. El dinero para cumplir con ese compromiso, idea fuerza que se usó para promocionar la denominada equidad jubilatoria, provendría precisamente de la solución del diferendo con la Casa Rosada.
Rápidamente, funcionarios provinciales salieron a relativizar esa posibilidad, explicando que no hay un proyecto en tratamiento aún. Horas después, por fuera de cualquier negociación en curso, el Ejecutivo anunció la entrega de un “bono de ayuda” de 125 mil pesos, por cada hijo en edad escolar, para los estatales.
Otra especulación apunta a la posibilidad de que, con esos fondos, el gobierno cordobesista suba algunos puntos en su discusión paritaria. La posibilidad no tendría calce entre las agremiaciones. “Nos tendrían que ofrecer a todos los estatales. Incluso a los que ya cerraron”, afirman.
Atendiendo a tales derivas, participantes del encuentro del lunes insisten con que la única salida es la derogación de la Ley 11087. “No queremos parches, porque no resuelven una situación que a futuro afectará a cada vez más trabajadores. Tampoco ayuda para unos pocos. Pedimos soluciones sostenibles y justas para el sistema previsional”, afirman.
Los 25 gremios que firman cada convocatoria siguen con atención el periplo judicial de sus presentaciones realizadas. Mientras esperan la resolución de un amparo colectivo, para el que debieran ser reconocidos como actores legítimos, alternan resultados dispares sobre las presentaciones que individualmente realizan trabajadores activos y pasivos.
Sus voceros no esperan una resolución favorable, atendiendo a que el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba ha convalidado las tres reformas que, previamente, realizaron los gobiernos de José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti.
No obstante, siguen de cerca dos situaciones que podrían ayudar a una revisión de lo dispuesto desde El Panal. La primera de ellas es la gestión realizada por el titular del TSJ, Domingo Sesin, para que la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires reclame el pago de las deudas previsionales que la Nación mantiene con las Cajas no transferidas.
En simultáneo, miran con atención a Santa Fe. Allí el gobernador Maximiliano Pullaro decidió anticiparse a un fallo adverso de la Corte santafesina y eliminar el aporte extraordinario que venían realizando los jubilados provinciales.
“Entre el aporte a Apross y los descuentos, hay trabajadores a los que se les recorta más de un 30% de sus salarios. Eso ya es razón suficiente para una revisión integral”, sentencian voces sindicales mediterráneas.