Siciliano salió al cruce de la crítica sindical. Las liquidaciones que muestran que nadie cobró menos. La mesa de diálogo abierta, pero sin margen para cambios.
Miguel Siciliano, defensor de la Ley de Equidad Jubilatoria en Córdoba.
El gobierno de Córdoba, con copias de recibos de sueldo, informó que los jubilados provinciales percibieron sus haberes con la aplicación, por primera vez, de la Ley de Equidad Jubilatoria N.º 11.087, impulsada por el gobernador Martín Llaryora, recientemente aprobada por la Legislatura y criticada por los gremios del PJ.
El ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, defendió la normativa, apuntó contra Rubén Daniele, del Sindicato Único de Empleados Municipales (Suoem) por los insultos contra el gobernador y echó culpas a la Nación.
Este martes, el Gobierno provincial no solo informó que los jubilados de la provincia cobraron con la nueva ley, sino que difundió copias de recibos de sueldo para mostrar el impacto concreto de la medida, en medio de las críticas sindicales y opositoras. En términos directos, el mensaje que buscó dar el oficialismo es que ningún pasivo cobró menos que el mes inmediato de referencia.
Con el pago de diciembre, los jubilados tienen un adicional mensual no remunerativo que permite que el haber jubilatorio alcance hasta el 82% del haber bruto, junto con la modificación del artículo 58 de la Ley 8.024, que reduce el alcance del aporte solidario.
El adicional, detallaron, beneficia a quienes perciben hasta $1.300.000 y alcanza a 52.438 jubilados y pensionados de distintos sectores, como docentes, personal de salud, fuerzas de seguridad, municipios y comunas. En paralelo, la normativa garantiza que la aplicación de las nuevas alícuotas no implicará una disminución de los haberes de activos y pasivos respecto de noviembre de 2025, ya que se instrumentará un esquema de compensaciones a cuenta de futuros aumentos.
Uno de los recibos, de un jubilado docente, se detalla el "adicional extraordinario adelanto movilidad" sumado al "haber previsional bruto" y la compensación de FONID que tiene un impacto por encima de los 200 mil pesos. Otro, de personal de Seguridad de la Policía de Córdoba, de $1.273.000 trepa a más de $1.550.000. Pero hay ejemplos (ver PDF adjunto) donde se observa que los haberes afectados por el aporte solidario, incluso, tuvieron mejoras, aunque menores.
El ministro de Vinculación y Gestión Institucional salió a bancar la reforma previsional un día después del reclamo sindical. Para el cordobesista la ley no es un ajuste encubierto sino "una decisión de equidad": más aporte de los salarios altos del Estado para que casi seis de cada diez jubilados recuperen el 82% móvil.
“Es una discusión incómoda, pero necesaria”, reiteró, convencido de que el costo político vale la pena si se traduce en jubilaciones mínimas más altas.
En ese marco, Siciliano volvió a correr el foco hacia la Nación, a la que el oficialismo señala como responsable estructural del desfinanciamiento de la Caja. El acuerdo por el cual Córdoba decidió no transferir su sistema previsional incluía giros mensuales que hoy no llegan o lo hacen a cuentagotas. La Corte Suprema ya reconoció que la Provincia es acreedora, y en el Panal confían en que el fallo termine de desnudar una verdad incómoda: el agujero no es provincial sino nacional, y se agrava en un contexto de retiro total de fondos federales.
El tercer eje del discurso apuntó directo a los gremios. Siciliano cuestionó que la presión se ejerza sobre el Gobierno provincial mientras se evita confrontar con la Casa Rosada. El planteo de frenar la baja de impuestos para cubrir el déficit previsional es, para el oficialismo, una línea roja: implicaría que el sector privado siga financiando jubilaciones del empleo público.
Sin desconocer la legitimidad de la defensa sindical, y señalando a Letra P que la Mesa de Trabajo entre el Gobierno y los gremios sigue abierta, lanzó un mensaje contundente: la Provincia no piensa correrse de una estrategia que combina más aportes del sector público, defensa del 82% móvil -con ley en vigencia- y un reclamo político directo a la Nación.
En línea con una declaración en redes sociales del propio Llaryora, el funcionario marcó límites claros y rechazó la escalada de violencia tras las declaraciones, insultos incluidos, de Rubén Daniele, secretario general del gremio municipal.
La respuesta del gobernador y de Siciliano se debe a que el histórico sindicalista volvió a cargar con dureza contra Llaryora durante la marcha de los gremios estatales en rechazo a la reforma previsional y el nuevo esquema de aportes. Acusó al mandatario de poner primero su reelección en 2027 por sobre los intereses de los trabajadores estatales y de avanzar con medidas que, a su juicio, “quieren llevarse puestos” a quienes aportan a la Caja de Jubilaciones.
En un momento de fuerte tensión, el secretario general del SUOEM le habló a las bases y se refirió al gobernador con expresiones agresivas y lanzó una amenaza retórica al afirmar que los gremios “lo van a buscar donde esté, incluso debajo de la cama” si no hay respuesta a sus reclamos.
Además de los insultos, Daniele cuestionó los argumentos del Gobierno sobre la supuesta “inmanejabilidad” del déficit de la Caja y sostuvo que es un problema exagerado comparado con otras partidas del Presupuesto.