El gobernador tensó con todos los sectores, pero impuso sus proyectos. Pidió avales para reclamar al Presidente, pero cargará con el rótulo del ajuste.
Martín Llaryora y la Caja de Jubilaciones de Córdoba: el difícil oficio de ser opositor a Javier Milei
Martín Llaryora tendrá su propia reforma previsional, casi un rasgo identitario para los gobiernos del peronismo de Córdoba que dirigen la provincia desde hace 25 años: ya lo habían hecho Juan Schiaretti, dos veces, y José Manuel de la Sota, pionero.
Es una reforma que cumple menos de lo prometido. El gobierno provincial no tendrá (casi) alivio para el acuciante déficit de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba. El texto le da la facultad para establecer una nueva escala de aportes previsionales para trabajadores activos, que va del 2% al 8% de sus haberes. Aportarán más lo que más cobran, contribuirán menos los que menos perciben. Se infiere, lo que unos dejen de aportar lo terminarán poniendo los otros. Los detalles se conocerán cuando se reglamente la ley. Hasta entonces, la oposición mantiene su desconfianza.
La redefinición de aportes es señalada como la condición de posibilidad para mejorarle las remuneraciones a 60 mil pasivos que cobran menos de 1,3 millones de pesos. Les incrementarán hasta un 82% de lo que percibe un activo, pero no será el 82% móvil que tanto se reclama. La mejora será a través de un monto no remunerativo.
Tampoco será universal. Unos 55 mil pasivos no verán mejora alguna. De ellos, unos 15 mil salieron de la picota, pero siguen bajo la lupa. Muchos consideran inevitable un nuevo guadañazo.
La bancada de la UCR advierte que el impacto será mediato. Con los nuevos descuentos por aportes, se achicará el sueldo bruto de los activos, sobre el que se calcula el 82% de las jubilaciones.
Sin cumplir la promesa principal, sin soluciones a las causas endémicas del rojo de la Caja, en el gobierno provincial destacan que se avanzó en una mejora que hace a la solidaridad del sistema. “Empatía con los que menos tienen”, repiten.
Las expresiones no despejan la duda central. ¿Era necesario atravesar dos semanas de dicusiones y cuestionamientos para lograr una reforma con gusto a poco?
Llaryora aprovechó la ventana abierta por un grupo de personas jubiladas que presentó en la Legislatura una iniciativa para restablecer el 82% móvil. De inmediato coló su propio plan, que parte de la declaración de “la emergencia económica, financiera y administrativa del sistema previsional público provincial a los fines de resguardar la sustentabilidad económica y financiera del sistema, así como la sostenibilidad de los fondos previsionales, por el término de cinco años”.
Logró aprobarla con una sucesión de maniobras rápidas, con las que demostró audacia y pragmatismo para leer un contexto crítico. Unificó iniciativas y las presentó en un proyecto que fue mutando hasta llegar al recinto, dejando contradicciones y confusión a cada paso.
La sesión resultante fue extensa. Inició con cinco horas de demora e incluyó otros temas esenciales, como el proyecto de presupuesto y la designación de un nuevo fiscal general. En las calles céntricas, a pocas cuadras, el titilar de luces señalaba la inequívoca cercanía con la Navidad. Es regla no escrita en la Córdoba que se autopercibe remilgada: muchos proyectos clave se aprueban a las apuradas, con la ciudadanía pensando en otros temas.
La reforma de Llaryora será distinta a la que impusieron sus antecesores del PJ y se parece en la estructura argumentativa que la precedió. So pretexto de corregir un voluminoso déficit de la Caja de Jubilaciones, volverán a afectarse las remuneraciones de un grupo de jubilados. Serán los que se ubican en la cúspide de la escala, hoy cuestionados por las vocerías gubernamentales, pero tan poseedores de derechos como quienes se ubican en la base: en su totaldad realizaron los aportes previstos por la normativa vigente en su momento.
Los señalados como beneficiarios hoy son precisamente los que más perdieron en las últimas décadas. Según el gobierno provincial, más del 50% recuperará un 82% móvil de lo que percibe un activo.
La estimación omite una disquisición: es el continente de docentes, trabajadores de salud y policías. Unos vieron mermados sus ingresos por aquellas reformas, que fueron cambiando las bases de cálculos para sus remuneraciones. Los uniformados fueron incorporados al sistema previsional cordobés por De la Sota, alterando definitivamente la relación y los cálculos entre aportantes y pasivos.
Durante la semana, los emisarios del gobernador ubicaron el inicio del problema en el siglo pasado, cuando el entonces gobernador Eduardo Angeloz decidió no transferir la Caja a la Nación, pero ofrecieron su propuesta sin rencores a sus antecesores, al menos en público. En un giro de época, apuntaron sobre todo a los gremios, ya inquietos por el proyecto de reforma laboral.
La percepción no parece errónea. Los sindicatos estatales no exhiben la musculatura de antaño. Hace sólo 15 años resistieron en las calles la primera reforma de Schiaretti. Hoy ni siquiera coinciden en los puntos de concentración para sumarse a la marcha. La propuesta de Llaryora de escalonar los aportes conspira contra la unidad de acción.
Además, el gobernador se atrevió a resignificar el concepto que por años sirvió de justificación para mantener la Caja en manos de la Provincia. Sus predecesores mentaban la solidaridad como virtud del sistema. Los voceros del sanfrancisqueño señalan las asimetrías como pruebas de lo contrario. “Ya no hay solidaridad si pocos ganan mucho y muchos ganan poco”, repitieron ante los medios.
Cierto del eco de su propuesta, el flamante superministro Miguel Siciliano se permitió chicanear a los gremios. “No los vi protestar contra Javier Milei. Tampoco acercarle una propuesta”, espoleó en ronda de medios.
Llaryora también actuó con reconocimiento de los cambios en la interacción del peronismo con la sociedad. Córdoba presenta las mismas divisiones que caracterizan al mercado laboral argentino. La tasa de desempleo es un punto superior a la nacional; la informalidad laboral alcanza a un 55% de la masa trabajadora del sector privado.
En el empleo público los gremios piden a gritos el blanqueo de miles que prestan servicios bajo modalidades de monotributo, contratos o becas, ya en el Estado provincial, ya en municipios. El pedido también alude a lo previsional: son miles que no aportan.
Ese reclamo no prende en la sociedad. Este miércoles, algunos gremios constataron en las calles que sus reclamos no gozan de popularidad. Cartoneros y trabajadores informales cuestionaron a trabajadores bancarios en plena marcha. No sólo no comparten sus motivaciones: ni siquiera se detienen a atenderlas.
Llaryora registra el descrédito y atiende los resultados del 26-O en Córdoba. Sus discursos de Estado presente y sanador de desequilibrios consiguieron 26 puntos en las elecciones de medio término; las reivindicaciones a la motosierra que permitió casi 300 mil despidos en el país, en dos años, obtuvieron 42.
La ratificación de un apoyo a Milei que alterna gestos institucionales, respaldos parlamentarios y ladridos públicos, no sólo ha cambiado el discurso preelectoral de confrontación de modelos. Llaryora redefine su hoja de ruta sin inmutarse por decisiones que lo alejan de dogmas.
Sus proyectos fueron acompañados de denuncias al gobierno de Milei como responsable del rojo en la Caja. Hasta la oposición fue exhortada a acompañar los reclamos al respecto. Diputados y senadores por Córdoba, comisionados a tal fin. Sin embargo, no pocos los ubican en la misma línea conceptual que los ajustes practicados, y requeridos, por la administración central.
Algunos, más arriesgados, directamente lo ven como un primer paso de un saneamiento necesario para avanzar en las negociaciones con el ministro de Economía, Toto Caputo, el funcionario nacional que más atención amerita en el Panal.