Preparan protestas para la visita del Presidente al Festival de Doma. Redefinición de roles y endurecimiento de la puja discursiva que no exime a Llaryora.
Los gremios estatales de Córdoba marchan contra la reforma previsional de Martín Llaryora
Los gremios que representan a los trabajadores que aportan a la Caja de Jubilaciones de Córdoba no sólo desafían Martín Llaryora en su plan de protesta contra la reforma previsional promovida por el gobernador. Redoblando apuestas, buscarán hacerse ver por el presidente Javier Milei durante la visita que realizará este viernes al Festival de Doma y Folklore de Jesús María.
La modalidad específica no está definida aún. Consecuentemente, tampoco su locación específica. Pero se presume que los estatales podrían reunirse en un punto cercano a la Plaza José Hernández, sede del tradicional evento, con pancartas y carteles en los que cuestionarán a ambos mandatarios: a uno por el recorte, al otro por la deuda que la Nación mantiene con la Caja.
Otras voces hablan de presencia en las rutas que conducen a la ciudad capital del departamento Colón, emulando la protesta recientemente concretada en la ruta 20, que comunica a la capital con Villa Carlos Paz.
Esta acción ameritó una denuncia por parte de Caminos de las Sierras, empresa estatal que tiene la concesión del cobro de peajes en las rutas que conforman la Red de Accesos a Córdoba (RAC). Según la presentación judicial, sobre los gremialistas debería aplicarse el artículo 194 del Código Penal, que establece sanciones “a quien impida, estorbe o entorpezca el normal funcionamiento del transporte terrestre”.
Amén de la forma elegida para los reclamos, tal vez en esta ocasión el gobierno provincial aplique otra mirada. En definitiva, los dirigentes sindicales estarían cumpliendo con lo que desde el gobierno local les sugirieron, aún a modo de chicana: quejarse ante el Presidente, responsable por una deuda con la Provincia, que supera largamente el billón de pesos por no girar los fondos de saneamiento a que obliga la ley.
No se trata de un camino que ignoren los gremios. En la definición de su plan de lucha contemplaron dos vías de llegar al poder central: sumar su denuncia en la Corte Suprema de Justicia, aunque de modo independiente a las acciones impulsadas por el gobierno de Córdoba; y articular con gremios estatales de otras provincias.
Pero hasta aquí las entidades provinciales habían apuntado sus cañones hacia el Panal, como se conoce al Centro Cívico cordobés. Primero, con la confección de presentaciones judiciales, incluyendo un amparo colectivo. Luego, con mensajes difundidos en la transmisión oficial del mencionado festival.
Desde la coordinación gremial han sido taxativos al respecto: consideran a Llaryora y Milei como corresponsables de una afectación que tiene como principales perjudicados a los aportantes a la Caja.
Hasta aquí los sindicatos provinciales han mantenido la unidad de acción. Ello no hubiera resultado novedoso en tiempos en que el sindicalismo mediterráneo era un actor político central en todo el país. Sí lo es ahora, en épocas donde pululan discursos antigremiales de todo tipo.
Lo es también en la provincia gobernada hace 27 años por un peronismo que supo ingeniárselas para lidiar con las representaciones colectivas. Lo ha hecho con su habitual ambivalencia: incorporando dirigentes sindicales a sus equipos de gobierno, pero también afrontando protestas, muchas de ellas masivas, cada vez que tomó decisiones que modificaron las condiciones de vida.
En cada ocasión de disputa, las reformas previsionales han sido factor para que los colectivos organizados dejen de lado diferencias y actúen al unísono. La reciente modificación de aportes y remuneraciones, presentada como Ley de Equidad Jubilatoria, no ha sido la excepción.
Desde la Gobernación apuntaron a fisurar el frente sindical. Sobre todo, evitar su convergencia en lugares públicos, ya en las manifestaciones realizadas a fin de año, ya en los eventos que se suceden en verano.
A tal fin elaboró una narrativa que responde a la misma dualidad que la guía tras los resultados electorales de octubre: incorporar consignas enarboladas por el libertario gobierno nacional, que gozan de aprobación en Córdoba, pero manteniendo una cuidadosa distancia en aspectos clave de gestión.
Primero, interpeló a los gremios que representan a quienes perciben más de tres millones de pesos. Presentados como “la crema”, resultan poco menos de la mitad de los aportantes a la Caja de Jubilaciones y son quienes se ven alcanzados, de manera inmediata, por la nueva escala de aportes: judiciales, bancarios, municipales, magistrados y funcionarios de la Justicia.
Aduciendo ausencia de solidaridad real, concepto que tres décadas atrás sirvió para evitar el traspaso del régimen previsional a la Nación, los voceros del Gobierno incursionaron en zaguanes morales para justificar la detracción aplicada.
Como contrapartida, presentaron como perjudicados por aquella iniquidad a los dos gremios más numerosos de Córdoba: la UEPC (Unión de Educadores) y el SEP (Empleados Públicos). Consecuentemente, fueron señalados como los beneficiados principales por la recomposición salarial que se lograría a partir del recálculo para jubilados y jubiladas que cobraban remuneraciones mínimas.
Sin ellos en la calle, pensaban desde el Panal, las centrales obreras no contarían con fuerza suficiente para sus protestas. Sin ese revuelo, concluían, el tema quedaría rápidamente desplazado por otros en la agenda social.
Hasta aquí UEPC y SEP se mantienen orgánicos a las decisiones tomadas por el pleno. Atrás parecen haber quedado viejos resquemores sobre colaboracionismo. Rol central incluso cabe a los docentes, quienes aportaron el mayor número de reclamantes en la protesta del lunes.
Aunque efectivamente cuentan con la mayor cantidad de beneficiados por la suba de hasta el 82% de lo que percibe un activo, no dudan en expresar el rechazo a la reforma. Como sus pares, piden mirar el impacto futuro. Advierten que con más aportes se achica la base del cálculo jubilatorio. Remarcan también que, con sucesivas mejoras salariales, cada vez más aportantes quedarían entrampados en la nueva escala.
Es el mismo argumento que vocea por todas sus vías el SUOEM, que ocupa un rol de portavoz mediático, distinto al de otras luchas: más quirúrgico con la prensa, menos confrontativo en las calles. La flamígera verba de su histórico líder, Rubén Daniele, le garantiza repercusión nacional.
En la misma vocería destacan también los empleados judiciales de la AGEPJ. Como el colectivo docente, atraviesan también tironeos internos que quedan de lado ante la lucha conjunta. La irrupción de nuevas voces, a izquierda y derecha, no afecta aún la dinámica.
A izquierda y derecha también las voces sindicales sienten que están ganando la pulseada discursiva. Creen que, contrariamente a lo que sostiene la Gobernación, se impone el discurso del recorte por encima del de la equidad en las remuneraciones. Con esa misma fortaleza intentarán hacerse sentir por el presidente que más han denostado en el nuevo siglo.