Acordaron protestas en festivales y van por una alianza de 13 provincias. Exigirán de forma directa más fondos a Milei y un freno a la reforma local.
Los gremios estatales de Córdoba marchan contra la reforma previsional de Martín Llaryora
Los gremios que representan al personal estatal de la provincia de Córdoba decidieron dar proyección nacional a su disputa con el gobernador Martín Llaryora por la reforma previsional sancionada sobre el cierre del pasado año, la cual modifica los haberes que perciben y aumenta, a través de una nueva escala, los aportes que realizan.
En una reunión consumada este jueves, los 24 sindicatos que aglutinan a aportantes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Córdoba, tanto públicos como privados, resolvieron, de manera unánime, avanzar con una estrategia judicial conjunta para cuestionar la validez de la ley N° 11.087, presentada por el Gobierno como de "equidad Jubilatoria”.
En simultáneo, diseñarán acciones formales para intervenir en el pleito que se libra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por las deudas que el gobierno de Javier Milei mantiene con las 13 provincias que no transfirieron sus sistemas previsionales a la órbita federal.
Colateralmente, propondrán una acción colectiva con sus pares de esas 13 jurisdicciones, trazando un mismo camino de reclamos a la administración central.
Durante las próximas semanas los representantes de los sindicatos públicos confeccionarán un recurso de amparo de carácter colectivo por el que cuestionarán la legalidad de la mencionada ley 11.087. Tomarán como base la constatación de que, según la reglamentación de la norma, con la vigencia de la nueva escala de aportes se afectarán las remuneraciones futuras del personal aportante a la Caja.
Según los tiempos que manejan, concretarán la presentación judicial el primer día hábil de febrero, coincidente con el fin de la feria judicial, horas después de la apertura del período ordinario de sesiones legislativas.
Como contara Letra P, los asesores legales han leído con atención la resolución de la Cámara Contencioso Administrativa de Tercera Nominación, que hizo lugar a un amparo presentado por una jubilada municipal. Aunque admiten los límites de tal fallo, que se circunscribe a una medida cautelar individual, creen que puede marcar un camino. “Hoy te dan una cautelar, mañana te la quitan por las mismas razones”, ironizan desde una de las agremiaciones.
Secretarios generales más avezados en la materia giran la interpretación hacia un mensaje emergente desde el Poder Judicial, donde se constata un creciente enojo contra el gobernador, tanto por la mencionada ley como por sus movidas en los tableros judiciales.
También reconocen que, al final del camino jurídico que esperan recorrer, aguarda un Tribunal Superior de Justicia que hasta aquí ha convalidado todas y cada una de las reformas previsionales ejecutadas por el peronismo en sus 26 años de gobiernos ininterrumpidos.
Atento a ello, entienden que es político el principal impacto del recorrido judicial. La continuidad de medidas, fallos y apelaciones, que podría llegar a la Corte Suprema de Justicia, serviría para mantener el tema, siempre espinoso, en la agenda política.
Los gremios cordobeses reconocen también la dificultad de que los tribunales de primera instancia les concedan representatividad sobre derechos afectados. Por ende, ensayarán distintas redacciones a sus textos.
Entre los antecedentes positivos miran lo sucedido con el DNU 70/2023, cuando la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT) declaró la inconstitucionalidad del Título IV tras una presentación realizada por la CGT.
Aunque en Córdoba la central obrera mantiene, en los hechos, una división que no resolvió plenamente la intervención dispuesta desde la conducción nacional, algunos creen que esta es una buena posibilidad para la reunificación y el fortalecimiento de la herramienta social.
De igual manera, remarcan que cualquier amparo colectivo no invalidará acciones individuales. “Podrían ser miles”, se ilusionan.
En el mismo encuentro, realizado en la sede de la Unión de Educadores de la Provincia (UEPC), los sindicatos acordaron avanzar en la búsqueda de caminos para llevar los reclamos a las instancias de mediación que se tramitan ante la Corte Suprema de Justicia por el déficit de la Caja de Jubilaciones.
La más mentada es la que abriera el gobierno provincial hace más de dos años, por falta de actualización de los fondos que enviaba el gobierno de Alberto Fernández. La situación empeoró con la decisión del gobierno libertario de reducir a cero los envíos. En mayo pasado, la administración central acordó el envío de $60 mil millones, muy lejos de los casi dos billones que reclama Córdoba.
“La intención es acompañar el reclamo de Córdoba por la devolución de fondos previsionales adeudados por el Estado Nacional, pero asegurando que esos recursos lleguen a los beneficiarios”, dicen desde uno de los sindicatos.
Desde otra entidad aclaran que no debe interpretarse la movida como un apoyo a la gestión de Llaryora. “Nos plantamos ante la Corte para reclamar lo que nos corresponde como aportantes. Esa deuda de Milei es con nosotros, especialmente”, profundiza una voz gremial.
“El gobierno de Córdoba es tan responsable como el nacional en el desfinanciamiento de la Caja. Tuvieron plata y la usaron para otros fines. Por eso no queremos que se tome como una suma de fuerzas. Ya veremos qué figura jurídica usamos, pero queremos tutelar nuestros derechos por cuenta propia”, dice la misma fuente, restando eficacia a la interpelación que partiera de la gobernación para que los gremios planten cara a Milei en sus visitas a Córdoba.
Como corolario de la jugada, las agremiaciones cordobesas propondrán reuniones con gremios de las otras 12 provincias cuyos sistemas previsionales no han sido transferidos a la Nación, “con el objetivo de coordinar acciones gremiales y jurídicas de alcance federal”.
“Ninguna de ellas apeló a medidas confiscatorias como hizo Llaryora, pese a que también les deben guita. Pero tenemos que estar unidos ante la posibilidad de que todos consideren los recortes previsionales como alternativa”, explican a este medio.
Al unísono, los asistentes al cónclave gremial remarcan que, mientras maceren las acciones formales, incrementarán sus reclamos en espacios públicos. Intentarán aprovechar la ventana de alcance internacional que proponen los festivales que se sucederán en territorio cordobés.
Como primer paso, han elaborado una campaña de spots publicitarios para ser difundidos, en medios tradicionales y medios virtuales, durante la transmisión televisiva del Festival de Doma y Folklore de Jesús María. La misma estrategia, afirman, se replicará en el Festival de Cosquín y el Festival de Peñas de Villa María.
El resto de las acciones diseñadas permanecen bajo llave. En espejo, desde la gobernación tampoco hay certezas sobre las fechas en que el gobernador visitará cada una de las celebraciones.