Quiere al expresidente del Colegio de Abogados de Córdoba en el Juzgado Federal N°1, el segundo más importante del país. La UCR mira a Cortés Olmedo.
Martín Llaryora cultiva sus lazos con el Poder Judicial de Córdoba
Martín Llaryora quiere a un jugador de su escuadra en el estratégico Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1, uno de los ocho puestos que permanecen vacantes en la Justicia Federal de Córdoba, según informa en su sitio web el Consejo Nacional de la Magistratura.
Nadie duda, es el estamento más importante de la actividad judicial en la provincia. Por la suma de competencias, que incluye la electoral, es también el segundo en relevancia nacional, sólo detrás del que preside María Servini en la Ciudad de Buenos Aires.
El elegido para la misión es el abogado Ignacio Segura, uno de los principales embajadores del gobernador cuenta en órbitas tribunalicias.
Por él se activarán las correspondientes negociaciones en las instancias finales del proceso de selección, abierto ya en febrero pasado. Como los restantes 57 postulantes, deberá aguardar la publicación de los resultados de las pruebas escritas y la evaluación de los antecedentes, condiciones indispensables para la confección del correspondiente orden de mérito.
Expresidente del Colegio de Abogados de Córdoba, exdelegado en el Consejo Nacional de la Magistratura, ha sido un jugador clave para entender la construcción de poder que iniciara Llaryora durante su paso por la intendencia de la ciudad capital.
El proyecto de Partido Cordobés no sólo supone la adición de sellos a las alianzas que encabeza el peronismo o la suma de dirigencia de fuerzas opositoras.
También incluye la consolidación de vínculos con la Justicia, con la correspondiente postulación de alfiles, y la revinculación con entidades clave de la sociedad civil. Entre ellos, colegios profesionales, universidades y agrupaciones estudiantiles.
Segura no sólo es un reconocido operador en Tribunales. Durante la gestión del sanfrancisqueño, el municipio cordobés avanzó en acuerdos estratégicos con el Colegio de Abogados. Entre ellos, para que noveles profesionales cumplieran tareas, como contratistas, en entes descentralizados o de manera eventual. Anverso de tal pacto, Verónica Bruera, quien acompañara a Segura en la primera elección que consagrara a éste, ocuparía la Secretaría General en la Municipalidad capitalina.
Ignacio Segura junto a hombres de confianza de Martín Llaryora
Segura además ha sido también un reconocido interlocutor con los trabajadores estatales. Su estudio jurídico ha asesorado a poderosos sindicatos como Surrbac (higiene urbana), Soelsac (limpieza) y Luz y Fuerza (electricidad); en particular a las obras sociales que estos administran.
Impulsado al Consejo de la Magistratura, Segura siguió tallando en órbitas de interés para los funcionarios. No sólo encabeza el intento de desembarco del llaryorismo en la Justicia Federal, también visó la selección de quienes lo acompañan en tal aventura.
Desde la vuelta de la democracia, las disputas por lugares cruciales en el Poder Judicial provincial han estado atravesadas por una dinámica bipartidista que resiste allí la dilución de las identidades tradicionales.
Distinto ha sido el caso de la Justicia Federal, donde muchas negociaciones se han inclinado hacia sectores conservadores. Desde la llegada del PJ a la gobernación se han ido incrementando las operaciones tácticas en un reducto considerado “antiperonista”.
Un nombre enlaza ambos caminos. Entre los postulantes al Juzgado Federal 1 aún vela sus chances Facundo Cortés Olmedo, dirigente de prosapia radical, sobre el que corren apuestas desde la UCR.
Presidente del Consejo Provincial del partido, exsecretario de gobierno de Ramón Mestre (h), apoderado del núcleo que éste comanda en la vida partidaria, conoce acabadamente el ecosistema judicial cordobés.
Facundo Cortés Olmedo, hombre con nombre propio con proyección en la Justicia de Córdoba
Hijo de Octavio, exministro de Justicia de la gobernación de Eduardo Angeloz y exvocal del Tribunal Superior de Justicia, Cortés Olmedo es también primo hermano de Gonzalo Roca, diputado electo por La Libertad Avanza.
Con méritos académicos propios, el exfuncionario municipal relativiza la existencia de apoyos partidarios. Al menos no tan marcados como los que se asignan a Segura.
También recuerda que ha participado ya de varios concursos para el fuero federal. De hecho, en la más reciente convocatoria también se presentó para una de las vacantes en la Cámara Federal de Apelaciones. Al cierre de esta nota su nombre integraba ya uno de los seleccionados para confeccionar el orden de méritos. Para las próximas semanas aguarda la instancia de entrevistas. Si la sorteare con éxito, quedaría en inmejorable condición para las evaluaciones que realizaría el Ejecutivo.
En caso de ser electo, quedaría automáticamente fuera de la puja por el Juzgado Número 1.
Fuentes oficiales afirman que el Ejecutivo nacional tiene más de 180 nombramientos “pisados”. Mejor dicho, dormidos hasta una mejor calibración de fuerzas en el Poder Legislativo.
El 10 de diciembre, fecha de recambio en las Cámaras, podría ser la fecha clave para acelerar los procesos. Como contó Letra P, Karina Milei ya empezó a pedir las nóminas de los candidatos a ocupar los cargos vacantes en la Justicia. Quiere revisarlos y conocerlos antes de dar el visto bueno para que lleguen al Senado.
En Córdoba, además del Juzgado Número 1 y la Cámara Federal de Apelaciones, aguardan vacantes para los Tribunales Orales 1, 2 y 3. También los Juzgados de las ciudades de Villa María y San Francisco.
En cada una de esas reparticiones se escenifican disputas por predilecciones políticas. Ninguna concita tanta atención como la que tiene por objeto la oficina enfrentada al Parque Sarmiento de la capital.
Como también contó este portal, es el tribunal que reúne la competencia electoral. Como tal, habilita alianzas para comicios, resuelve impugnaciones y controla las rendiciones de gastos de cada fuerza.
Martín Llaryora participó del centenario de Tribunal Superior de Justicia de Córdoba
Por casi 30 años, la dependencia estuvo en manos de Ricardo Bustos Fierro, un magistrado de vínculos con el poder e intervenciones de resonancia nacional, como la habilitación (luego trunca) de la re-reelección para el expresidente Carlos Menem en el verano de 1998.
Tras su escandalosa salida (se negó a cumplir una resolución de la Cámara Federal), el juzgado, al que también llegan causas de lesa humanidad, ha quedado vacante. Dos magistrados subrogan: Carlos Ochoa, a cargo de cuestiones penales, civiles, laborales y contenciosas; Miguel Vaca Narvaja, dirime las pujas electorales. Su reciente intervención en la interna radical habilitó a la lista de Mestre a representar a la UCR en las legislativas de octubre.
La decisión ameritó críticas de fuerzas opositoras. No sólo achacaron una inusual celeridad al subrogante, directamente vieron una mano peronista en la jugada. Por lo bajo, añoraron también la muñeca, siempre permeable al clima, de Bustos Fierro.
Por la misma razón, sin dejar de reconocer que la opinión del gobernador usualmente ha sido considerada al elegir al administrador del Tribunal Electoral, miran detenidamente la trayectoria de Segura, un abogado que conoce como pocos el funcionamiento del poder.