CÓRDOBA (Corresponsalía) Este martes 12 de abril se realizarán las elecciones para renovar autoridades en el Colegio de Abogados de Córdoba, una entidad en la que, más allá de su peso como colectivo profesional, muchos rastrean el ADN cordobesista, un gen perenne y tradicional donde se diluyen las distancias partidarias. Hasta entonces, continuarán las acusaciones cruzadas por la existencia de vinculaciones políticas y partidarias, ya sea con la actual gestión municipal de Martín Llaryora o con las dos precedentes, de cuño radical.
Estarán en condiciones de votar aproximadamente 13400 profesionales de las ciudades de Córdoba, Alta Gracia, Jesús María, Río Segundo y Villa Carlos Paz. El oficialismo acudirá partido en dos listas y habrá otras dos boletas en competencia. En todas las agrupaciones predomina una percepción de independencia. Ignacio Segura buscará la reelección por dos años más. Presidente desde 2019, su mandato se extendió más de lo previsto por la pandemia. Su favoritismo parecía incuestionable semanas atrás. De raigambre radical, lleva en su lista a profesionales que brindan asesoramiento o cumplen tareas en la Municipalidad de Córdoba junto a hombres y mujeres de distintas líneas del radicalismo y el PRO.
Entre las listas rivales destaca el colectivo que lidera Santiago Morra. Incluye integrantes de la actual gestión, aunque ambas partes hayan roto políticamente meses después del triunfo de la alianza que tejieran hace tres años. Otras voces desconfían de tal ruptura y remarcan que ambos contendientes forman parte del Colegio, con distintos roles, desde 2011. Refractario a tales críticas, Morra asegura que representa a los “abogados de a pie” y quiere recuperar la institución ante la intromisión de la política partidaria.
La lista 11 será encabezada por Mariano Albrisi, abogado laboralista y de empresas. Asegura que es el único candidato independiente y denuncia que la dirigencia actual oculta un plan para dar continuidad a una gestión que, tras 12 años en el poder, ha permitido un grave avance del Estado sobre la abogacía. Por ello, afirma, declinó la oferta para formar parte de un frente opositor. Candidato en 2016, presenta encuestas que lo ubican a pocos puntos del oficialismo.
Sobre la hora del cierre de inscripción llegó una cuarta lista, encabezada por el experimentado penalista Luis Pareja. La aparición del síndico de la empresa Transporte Automotor Municipal (TAMSE) provocó sorpresa y genera suspicacias cruzadas. En otras listas señalan, con ironía, que se trata de una postulación de otro tiempo. Reconocen, no obstante, que pueden ser decisivos los votos que le descuenten a otra boleta.
Politización
Uno de los ejes de la campaña electoral giró en torno de la práctica profesional, en especial sobre las condiciones en que el gremio realiza sus tareas en el fuero penal y el histórico menosprecio que siente por parte del Poder Judicial. También hay tensión sobre el rol del Colegio en la pandemia. Las miradas críticas exigían un rol más activo de la entidad. En una de las listas aseguran que en estos dos años cerraron dos de cada tres estudios.
Con todo, el principal carril de discusión han sido las acusaciones sobre los vínculos que unen a la gestión de Segura con el gobierno de Llaryora. Hay integrantes de la lista que revistan en la planta municipal, mientras hay quienes perciben remuneraciones por asesorías. El caso más meneado es el de Verónica Bruera, secretaria general de la Municipalidad y a la vez vicepresidenta del actual directorio. De allí, muchos trazan una línea directa hacia otros servicios que otras personas de la directiva brindan al palacio 6 de Julio.
La otra crítica remite a programas articulados con la intendencia. Por ejemplo, Promotores de Convivencia, en el que jóvenes profesionales del derecho, en carácter de monotributistas, recorren las calles de la capital para sancionar distintas faltas desde mayo de 2020. “Entre ese y otros programas son más de 300 abogados precarizados. Es un ejército de votos. Se suma a su núcleo fuerte, que son principalmente los abogados del Estado”, fustiga Albrisi. “Es la clara muestra de que el Colegio ha sido tomado para acciones ajenas a su cometido. En vez de controlar, facilita algunas malas prácticas del Estado”, disparan cerca de Morra.
Segura considera que los convenios le han permitido un pronto acceso laboral a jóvenes profesionales. Al mismo tiempo, niega que los vínculos con la Municipalidad trasciendan lo estrictamente formal. “Es la única crítica que tienen. Hemos hecho muchas cosas para jerarquizar la profesión. Desde el expediente electrónico hasta la inserción de la perspectiva de género en agenda. También hemos reforzado el compromiso social de los afiliados”, dice el representante legal del Sindicato Regional de Luz y Fuerza.
Con la lupa en las redes políticas que se extienden en torno a las líneas opositoras, recuerda que en la lista que encabeza Morra orbitan dirigentes de extracción radical y de reciente paso por la administración pública durante la gestión de Ramón Mestre (h).
En el entorno de su exsocio deslizan que Segura teje acuerdos con el kirchnerismo y el gobierno municipal para lanzarse como candidato al Consejo de la Magistratura de la Nación.
Consejo y cordobesismo
La participación de abogados y abogadas en otras representaciones colectivas es una de las claves para leer las disputas internas. Un letrado litigante forma parte del Consejo de la Magistratura de Córdoba, órgano encargado de la convocatoria y realización de los concursos públicos para cubrir vacantes en el Poder Judicial. El cargo es objeto de deseo por su proyección. Un ejemplo, acaso el más mentado: Fernando Martínez Paz, consejero hasta diciembre de 2021, hoy integra el Tribunal de Conducta Policial que creó el gobierno provincial en 2021.
Además, en el Colegio de Abogados convergen líneas de acción de otras instituciones clave. “El Colegio es clave para entender algunos aspectos del cordobesismo o el partido cordobés. En particular, sus prácticas internas. Tiene representantes en los Consejos de la Magistratura, interactúa con la Facultad de Derecho, coloca gente en organismos de control del Estado y procura un trato equilibrado con el Tribunal Superior de Justicia. Las familias tradicionales mantienen influencia, eso tiene más peso que la división entre peronistas y radicales”, sintetiza un reconocido penalista.
