En el centenario del TSJ, su titular defendió el rol del Estado y la independencia de poderes. Ole a la interna por su sillón. Llaryora y Lorenzetti, presentes.
Luis Angulo junto a Martín Llaryora y Ricardo Lorenzetti en el centenario del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba
En el acto por la celebración del centenario del nacimiento de la institución, el cuerpo del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, presidido por Luis Angulo, dio un fuerte mensaje, tanto verbal como gestual, de institucionalidad y comprensión de las circunstancias políticas del país.
Durante las dos horas en que transcurrió el evento primaron palabras y reconocimientos que se emparentan con la demanda de los gobernadores, particularmente los que convergen en Provincias Unidas, y la narrativa que empuña la Corte Suprema ante lo que se denuncian como ataques a la Justicia y al funcionamiento de los estamentos democráticos.
Todo ello quedó plasmado en el discurso brindado por Angulo, quien fue precedido por el gobernador Martín Llaryora y el vocal de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.
En pausa quedó la cada vez más notoria interna que recorre al Poder Judicial, cuya vía de circulación remite a la sucesión de Angulo, quien dejará la presidencia en diciembre. Al menos para los registros de la posteridad, la crema judicial mostró sus mejores sonrisas y participaron de las actividades oficiales.
El reconocido laboralista leyó sus glosas casi sin modificaciones respecto del texto original. En ellas hizo un minucioso repaso de la historia del TSJ, vinculándolo al arduo proceso de construcción del Estado nacional, su organización institucional, y la de los estados provinciales.
Desde el inicio mismo se sucedieron referencias a la esencialidad de la educación pública, a través del decisivo rol de la Universidad, el valor de las reformas que han protegido a la Constitución Nacional y la consecuente ampliación de derechos. Entre ellos destacó aquellos vinculados con la protección de bienes colectivos, como el ambiente y el patrimonio histórico y cultural.
El reconocimiento obró como explícito enlace con el discurso que había pronunciado Lorenzetti minutos antes, quien en sendas ocasiones había remarcado también que la organización territorial de la Justicia, con la distribución de sus competencias, ratifica que la Argentina “es un país federal”.
Posteriormente, Angulo destacó la plena vigencia de las cláusulas democráticas que garantizan la tutela de los Derechos Humanos. “La nueva democracia se edificó abrazada al respeto de las reglas del Estado de Derecho. Además, se clarificó que la violencia era incompatible con la democracia porque ésta es diálogo y tolerancia”, expresó el exministro de Justicia de Juan Schiaretti.
“Estamos llamados a profundizar el camino hacia una Justicia más comprometida con los valores democráticos de la sociedad de nuestro tiempo”, añadió, en otro segmento que dialogó con lo que había expresado por el cortesano supremo.
Acaso los segmentos más relevantes del texto leído por el presidente del TSJ apunten al indelegable rol del Estado en momentos en que distintos indicadores, económicos y sociales, reflejan una creciente inequidad.
“En un contexto global en el que la brecha social se acrecienta; en el que pocos tienen mucho y muchos no tienen nada, y en el que las desigualdades ya no son solo económicas, sino también digitales, el rol del Estado, en general, y de las instituciones judiciales no puede estar en retirada”, vociferó Angulo sin nombrar al presidente Javier Milei.
Profundizando una interpelación a la comunidad judicial, remarcó que “desempeñarse en la Justicia es escuchar a quienes no tienen voz, proteger a los vulnerables y garantizar que cada persona, sin distinción, acceda a sus derechos”.
También sonaron acordes al momento dos referencias. Por un lado, la implementación de concursos en los procesos de selección que se implementan a través del Consejo de la Magistratura, cuerpo que esta semana quedó envuelto en un tironeo por la interna por su sucesión.
Por otro lado, la implementación de políticas de género al interior de los estamentos de la Justicia provincial, en momentos en que avanzan discursos que las cuestionan. “Otro pilar es el compromiso con la igualdad de género, la erradicación de la violencia contra las mujeres y diversidades, y el acceso a una justicia libre de sesgos y prejuicios. En numerosas resoluciones se advierte una interpretación tendiente a hacer efectivo el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, ya sea en ámbitos familiares o laborales”, remarcó el tribuno.
Por si acaso, insistió con que, “en el marco de un proceso de constitucionalización e internacionalización del ordenamiento, el Tribunal Superior ha contribuido -y lo seguirá haciendo- a garantizar el orden constitucional y a proteger los derechos humanos”.
Antes del presidente del TSJ, el gobernador había hecho un encendido reconocimiento al valor institucional de la máxima entidad judicial.
Además de ubicar a la Justicia como un valor central para la organización y el progreso de la sociedad, remarcó que los fallos de los magistrados cordobeses generan una cultura con valores intangibles, que operan como articuladores para referencias políticas y económicas. “Sin seguridad jurídica, no hay inversión que valga. Sin seguridad jurídica, todo lo demás vale poco”, expresó Llaryora, en conceptos que reflejan el core discursivo de los representantes de Provincias Unidas.
Por si acaso, el exintendente aseguró que aquella cultura no sólo ayuda a la promoción de la provincia al exterior; habló de una Córdoba “que nos enorgullece y nos pone como un modelo diferente en Argentina”.
Finalmente, remarcó el valor de tribunos y fiscales para dar pelea al narcotráfico, otro fantasma en la Región Centro. “No basta la decisión de un gobierno si no tenemos una comunidad jurídica que en cada rincón persigue al narco y a las organizaciones criminales. Por eso Córdoba es hostil al narcotráfico” sentenció.
Sus palabras fueron asentidas por los vocales del TSJ, el fiscal general Juan Manuel Delgado, el defensor general Pablo Bustos Fierro y la presidenta de la Junta Federal de Cortes y Tribunales Superiores de Justicia, Emilia Valle.
En primera fila aplaudieron los representantes del gobierno provincial, los ministros de Justicia, Julián López, de Gobierno, Manuel Calvo, de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, de Desarrollo Humano, Liliana Montero, habituales interlocutores con el Poder Judicial. También los diputados Juan Brügge y Oscar Agost Carreño.
Menos expresivos se mostraron otros representantes en el Congreso, el diputado Rodrigo de Loredo, la diputada María Cecilia Ibáñez y la senadora Carmen Álvarez Rivero.
Entre las ausencias, destacó el extribuno Juan Carlos Maqueda. Aunque fuentes extraoficiales adujeron razones formales, otros apuntaron a la vigencia de una vieja enemistad con Lorenzetti.