Alfiles del PJ quieren desembarcar en el Juzgado Federal N°1, que ocupó Ricardo Bustos Fierro. Es el más importante de la provincia, con competencia electoral.
Martín Llaryora, gobernador de Córdoba.
El concurso N° 490, destinado a cubrir el cargo de juez en el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, no sólo reunió a representantes de familias ya acomodadas en los modos palaciegos. Entre los postulantes que rindieron la prueba escrita destacan profesionales de la abogacía de conexión directa con el gobierno de Martín Llaryora.
Aunque no se trate de figuras de la gestión política, antes bien letrados que intentan cumplir un anhelo profesional incuestionable, su presencia en la nómina de concursantes es leída por distintos analistas como una manifiesta intención del gobernador por avanzar en un terreno de acceso restringido para mandatarios peronistas.
Los señalados son Andrés Varizat, asesor letrado de la Municipalidad de Córdoba; María Eugenia Rodríguez Trejo, fiscal de Estado Adjunta; e Ignacio Segura, expresidente del Colegio de Abogados de Córdoba, de aceitados vínculos con la gestión municipal y exintegrante del Consejo de la Magistratura de la Nación.
No se trata de los únicos reconocibles en la nómina de 57 profesionales que completaron los exámenes. Se destacan funcionarios judiciales de trayectoria en la Justicia provincial, como Juliana Companys, fiscal de instrucción de Villa María; y José Milton Peralta, juez de Control y Faltas Nº 7 de la ciudad de Córdoba.
También nombres acreditados en el fuero federal, como Facundo Troncoso, hoy secretario penal del mismo Juzgado Federal N°1, sumariado hace dos años por presuntos agravios contra el fiscal federal Enrique Senestrari, y el abogado Claudio Orosz; José Manuel Roque, hijo de Liliana Navarro, camarista, extitular de la Cámara Federal de Apelaciones; y María Agustina Sánchez Torres, hija de Abel Sánchez Torres, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones y vicepresidente de la Asociación de Jueces Federales (AJUFE).
Además, tomaron sus chances más de 40 abogados “de la matrícula”. Entre ellos, el radical Facundo Cortés Olmedo, exsecretario de Gobierno de la primera gestión de Ramón Mestre (h) en la intendencia, expresidente del Congreso Provincial de la UCR y hoy vocal por la minoría en el Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSEP).
La mención de un dirigente de prosapia boinablanca sirve como disparador para el análisis de un operador en el Poder Judicial mediterráneo. “Llaryora quiere empezar a poner fichas en la Justicia Federal, que históricamente ha sido un reducto de disputa entre el radicalismo y los conservadores”, explica a Letra P.
La línea explicativa encuentra referencias en la presencia del gobernador en distintos actos celebrados por dicho fuero en los últimos meses. Particularmente, las conmemoraciones por los 30 años de la reforma constitucional de 1994.
También enlaza con el nombramiento reciente de Jessica Valentini como vocal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. Como contara este portal, la abogada radical será la primera llaryorista en un cuerpo en el que se reconocen las tensiones internas entre los vocales de origen delasotista y quienes llegaron bajo la administración de Juan Schiaretti.
Además, el exintendente de Córdoba completó su primer año de gestión con una serie de movidas en arenas judiciales que incluyen al estratégico Ministerio Público Fiscal, donde otro conocido se ubicó como adjunto: el penalista Alejandro Pérez Moreno.
Con esos antecedentes, muchos siguen con atención el desempeño que tendrán ahora Varizat, Rodríguez Trejo y Segura en los próximos pasos del concurso, que incluyen evaluación de antecedentes y entrevistas personales.
El Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de Córdoba es el más importante de los siete con que cuenta la provincia, tres de ellos en la capital, y el segundo de valía a nivel nacional.
Apetecido como tal, reúne todas las competencias. Entre ellas la electoral, clave en los años de comicios para resolver impugnaciones o habilitaciones de participantes, clave para la rosca política entre los Ejecutivos y la máxima representación judicial.
“Hay un acuerdo histórico, nunca expresado formalmente, para que la opinión del gobernador sea tenida en cuenta a la hora de elegir a quien administre el Tribunal Electoral”, evoca la fuente consultada.
Vacante desde enero de 2023, fue ocupado durante 29 años por Ricardo Bustos Fierro, un magistrado de vínculos con el poder mediterráneo e intervenciones de resonancia nacional, como la habilitación (luego trunca) de la re-reelección para el expresidente Carlos Menem en el verano de 1998.
Experto en triquiñuelas, Bustos Fierro protagonizó un insólito acto de resistencia, cuando se negó a cumplir una resolución de la Cámara Federal de Córdoba, que le señaló el camino de salida a sus 87 años, tras sucesivas prórrogas por excederse de la edad límite.
Desde entonces, el juzgado, al que también llegan causas por delitos de lesa humanidad, ha quedado vacante.
La dimensión de su relevancia se explica también por las 189 inscripciones para el Concurso N° 490, abierto en noviembre de 2024 por el Consejo de la Magistratura de la Nación, para cubrir el cargo de juez/a vacante. En barandillas destacan que se trata de un récord para tal competencia.
De aquel total, son 57 personas las que rindieron este martes la prueba de oposición. El trayecto evaluativo contempla varios pasos hasta la conformación de las listas de orden de mérito y la terna final, sobre la que decidirá (también con criterio discrecional) el Poder Ejecutivo de la Nación.
En segundo plano quedaron los concursos para otras dependencias clave en el entramado judicial cordobés, realizados desde el pasado miércoles, también en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba: el concurso N° 517, para cubrir el cargo de juez/a en el Juzgado Federal de San Francisco; el concurso N° 514 para el Juzgado Federal de Villa María y el concurso Nº 516, para nombrar un juez/a de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de Córdoba.