El titular de la Corte provincial se va en diciembre. La Sala Penal se anota. El Consejo de la Magistratura, el termómetro de la interna. Llaryora, atento.
Martin Llaryora, Luis Angulo y Aída Tarditti, en la apertura del año judicial en Córdoba
La interna que borbotea al interior del Poder Judicial de Córdoba repercute en todos los ámbitos en que se pueda escenificar una disputa por poder. Incluso en aquellos a los que el Estado cordobés ofrece como modelos institucionales para todo el país. La sucesión de Luis Angulo en el Tribunal Superior, el vértice de todas las movidas.
La puja, que se escenifica principalmente en trastiendas del Tribunal Superior de Justicia y el Ministerio Público Fiscal, se trasladó abiertamente al proceso de selección del representantes de los jueces en el Consejo de la Magistratura de Córdoba, el órgano que asiste al Ejecutivo en la designación de magistrados de los tribunales provinciales, fiscales y asesores letrados, a través de concursos públicos.
Por primera vez en la historia del organismo, creado por ley en 1999, se acudió a una votación interna para la elección del representante de los Magistrados de Primera Circunscripción, área que abarca a la capital provincial e importantes ciudades del Gran Córdoba.
Hasta aquí, los consejeros y sus delegados en las salas que participan de las evaluaciones a postulantes, se habían definido por una sola lista, que reflejaba las negociaciones al interior del TSJ. Este año, con distintas rencillas como trasfondo, fue necesario dirimir en una compulsa por demás significativa. Como contó Letra P, los actores de las disputas palaciegas no pueden definirse con nomenclaturas binarias. Más bien, representan intereses en los que se juegan vínculos políticos y conexiones hereditarias.
Dos listas se presentaron a la cita del pasado viernes. Por exiguo margen, se impuso la nómina que promovía a Laura Battistelli, fiscal de Cámara en lo Criminal, una reconocida funcionaria que el pasado año fuera reconocida por el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba por su “compromiso con la perspectiva de género”.
El triunfo de la fiscal, primera en convertirse en consejera, fue recibido con complacencia en el Panal, como se conoce a la casa de gobierno. No porque Battistelli pueda fácilmente ser asumida como adherente al peronismo. Transeúntes tribunalicios recuerdan que, el pasado año, opositores al gobernador Martín Llaryora llegaron a señalarla como una persona idónea para integrar el TSJ. Más aún, ofrecieron su nombre como una garantía de trayectoria e imparcialidad, intentando un contraste con Jessica Valentini, la elegida por el Ejecutivo provincial para ocupar la vacante existente en el máximo órgano judicial.
El beneplácito del gobierno por el resultado de la elección responde tanto a las virtudes de la funcionaria, que ha destacado públicamente su formación “dentro de los pasillos de Tribunales”, como a la representación que se le asigna dentro de los bandos en disputa.
Su lista, Azul, contó con importantes avales. Algunos más reconocibles, provenientes del Ministerio Público Fiscal, como el de los fiscales generales adjuntos Héctor David y Alejandro Pérez Moreno.
Definidos como voces peronistas, reconocen diferentes orígenes pero intereses comunes. Exfiscal general, exministro de Seguridad y Justicia, David forjó una sólida relación con el exgobernador José Manuel de la Sota y hoy se muestra orgánico al proyecto de Llaryora. Abogado penalista, con vínculos “con la calle”, Pérez Moreno es nombre del gobernador, quien lo promoviera a su cargo hace pocos meses.
Alejandro Pérez Moreno, el fiscal Adjunto de Córdoba
Ambos nombres aparecen entre los potenciales sucesores del actual fiscal general, Juan Manuel Delgado, nombre afín al exgobernadorJuan Schiaretti, quien deberá dejar su cargo en marzo del año próximo.
Delgado fue una de las voces que públicamente reprochara a Pérez Moreno por declaraciones que éste realizara, en una disertación, contra lo que consideró un abuso en el uso de la figura de asociación ilícita por parte de los fiscales cordobeses.
Tal exposición ameritó una denuncia ante el propio Delgado por parte de dos fiscales de instrucción de creciente exposición en los últimos años: Juan Pablo Klinger y Enrique Gavier.
Precisamente éste último, que ha instruido renombradas causas contra poderosos empresarios y contra el Servicio Penitenciario de Córdoba, era uno de los nombres de peso de la derrotada Lista Blanca. El otro era el de María de los Ángeles Palacio, jueza de la Cámara Tercera del crimen de Córdoba.
Además de Delgado, a Palacio y Gavier se los vincula con Aída Tarditti, uno de los nombres de mayor proyección de la Justicia mediterránea. Doctora, docente universitaria, conspicua defensora de la educación pública, voz de peso en la Asociación Nacional de Mujeres Juezas, es acaso la principal referencia de la Sala Penal del TSJ.
Como contó Letra P, esta Sala ha sido históricamente la de mayor peso de las que componen el órgano colegiado. Allí tallan otros nombres relevantes como Sebastián López Peña y María Marta Cáceres de Bollati, quien también preside el Consejo de la Magistratura.
La política penal no sólo aparece como clave por peso histórico, también responde a la persistencia de la inseguridad al tope de las preocupaciones ciudadanas.
Los tres nombres mencionados aparecen en diversas especulaciones sobre la sucesión de Luis Angulo, cuyo mandato vence en diciembre. Sin posibilidad de reelección para el exministro de Justicia de Schiaretti, de cuestionado rol en la gestión de un prolongado conflicto con los empleados judiciales, todo indica que la próxima presidencia no volverá a quedar en manos de la Sala Laboral.
En nombre de la misma podría terciar otro histórico abogado laboralista, Luis Rubio. A sus 83 años, el vocal ha desmentido la pronta salida que muchos le adjudicaron durante todo el año.
Como en tantos escenarios, esos rumores no son asépticos. La posibilidad de una vacancia en el Tribunal Superior moviliza otra disputa con varios postulantes. Muchas miradas convergen en el mencionado “Chirola” David como el hombre que reuniría las mejores credenciales, sobre todo ante el Ejecutivo provincial.
Luis Angulo, presidente del TSJ de Córdoba
Pero, nadie duda, la disputa central, que ordena al resto, es por la presidencia del TSJ. Aunque se deba resolver en un mes, muchas de las acciones que se escenifican en Tribunales son leídas ya con esa urgencia. Por ello, no sorprende la publicidad de la disputa por un resorte del Consejo de la Magistratura.
“La elección define a quienes toman los concursos orales que rinden los aspirantes a jueces y fiscales. Pueden meter ruido ahí. Y si querés tener control, no podés dejar cabos sueltos”, explica un tallador con nexos políticos.
Desde otra barandilla, una experimentada voz comparte la descripción y señala recovecos donde operaron funcionarios del gobierno de Llaryora en la previa de la elección.
Para ellos, asegura, la prioridad no es sólo quién llega, sino cómo lo hace. Por eso, interpreta, el resultado no sólo empodera a uno de los bandos. Más importante aún, delimita las chances de un grupo que no es impermeable a reclamos opositores que piden “el fin” de la injerencia política en la Justicia.