“Para ser integrante del Tribunal Superior de Justicia tenés tres opciones: ser un gran académico, tener un estudio muy prestigioso o ser amigo del gobernador. Yo era amigo del gobernador”. Entre risas, así respondía Luis Rubio a la pregunta realizada por periodistas de Canal 10, en 2013, sobre su llegada al máximo órgano judicial de Córdoba, allá por 1995. Años después, el mismo relato es usado para entender la postulación de Jessica Valentini.
Es el sólido vínculo con el poder político lo que ha permitido a muchos y muchas, ayer y hoy, sentarse en la oficina principal del Palacio de Justicia. Ese resorte, que admitía sin tapujos Rubio (aún vocal) sigue tan vigente y aceitado como en las épocas doradas de la UCR. Cabe recordar que Ramón Bautista Mestre gobernaba la provincia en 1995.
Usualmente intangibles, ciertas contraprestaciones a las que obliga tal dinámica permanecen inalteradas. Desde la vuelta de la democracia ninguno de los cinco gobernadores, peronistas, radicales, cordobesistas, se ha privado de impulsar nombres. Llaryora no es la excepción.
El vínculo con Martín Llaryora
Jessica Valentini conoce al gobernador desde su juventud. Nacidos y criados en San Francisco, los vínculos remontan a padres y abuelos. De ellos heredaron identidades y pasiones de épocas del bipartidismo. Radical ella, peronista él, los caminos de la militancia los cruzaron en múltiples ocasiones.
La centralidad de la capital atrajo a ella primero. Aquí se recibió de abogada en la Universidad Nacional de Córdoba. Aquí también comenzó su carrera profesional, en la que se destaca su especialización por derechos del consumidor y derechos de las infancias.
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También fue en esta ciudad en la que acumuló experiencia en la administración pública. Roles técnicos, hasta ser nombrada en la Defensoría del Pueblo de la provincia. También se desempeñó como coordinadora general en la Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Otro mojón que destaca el gobierno provincial para su postulación es su participación en la creación del Comipaz, una organización interreligiosa que se convirtió en interlocutora del poder político y económico.
Pero fue la sede de la intendencia de esta ciudad la que volvió a vincularla formalmente con Llaryora. Recién electo intendente nombró a Valentini como Oficial Mayor de la Municipalidad, cargo que ocupa hasta la actualidad, ya bajo mando de Daniel Passerini.
La credencial de la UCR
Afiliada y activa, Valentini militó en distintos espacios del radicalismo. Alfonsinista, se mantuvo cerca de las derivas de la Renovación y Cambio en la que abrevó su familia.
Ex precandidata a viceintendenta en 2011 por Identidad Radical, línea referenciada en Carlos Becerra, también cultivó relaciones con Mario Negri y Ramón Javier Mestre. Todos ellos sostienen un buen concepto de Valentini, aunque ella ya no se reconozca en trinchera alguna.
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El dato cobra otra relevancia en épocas del Partido Cordobés. Mientras la conducción de la UCR impulsa procesos de expulsión para los díscolos que se integran al gobierno provincial de la mano de la vicegobernadora Myrian Prunotto, a Valentini nadie le disecciona su ADN rojiblanco.
Llaryora lo sabe y capitaliza. La narrativa oficial elige presentarla como dirigente radical para su postulación. En los corrillos la interpretación predominante es otra: es una ficha propia en el intrincado juego de la Justicia provincial. Más aún, la única ficha propia.
La interna con Juan Schiaretti
Con la movida, Llaryora no sólo imita a la de sus predecesores. También desembarca oficialmente en la interna del TSJ.
Un repaso de la conformación del máximo órgano da cuenta de la dinámica política de los últimos 30 años. Tres de sus seis integrantes llegaron durante la última gobernación radical (1995/98), dos durante la gestión de José Manuel de la Sota, el restante en la postrera administración de Juan Schiaretti.
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Luis Angulo, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba.
Este último es Luis Angulo, hoy presidente del cuerpo, ayer nomás funcionario provincial en áreas sensibles como Trabajo, Seguridad, Justicia y Derechos Humanos. Desde este último ministerio saltó, sin escalas, al TSJ.
Sobre Angulo sobrevuelan otras conjeturas. A él adjudican el liderazgo de un schiarettismo que resiste los modos del llaryorismo. “No es que Juan descuide el juego judicial. Es que Martín y su gente se quieren llevar todo puesto”, dice a un dirigente que transita por las barandillas.
“Martín necesita alguien de estricta confianza para resistir el juego del schiarettismo y el delasotismo, que no quieren entregar el poder. No es mucho lo que Jessica podrá hacer aún, pero es el primer eslabón de una construcción”, coteja otra voz de saco y corbata.
Lo importante en Córdoba
Descontada la confianza, el Gobierno destaca a Valentini como una jurista de amplia trayectoria profesional y sólida formación académica.
Acostumbrados a procesos endogámicos, correveidiles de sede judicial achacan precisamente falta de peso académico a la postulada. Tampoco le reconocen paso por estudios renombrados, mucho menos éxitos rutilantes como litigante.
Sí le reconocen aceitados vínculos con sectores eclesiásticos (también a través de Cáritas), colectivos vinculados a los Derechos Humanos y gremios. También un profundo conocimiento de los engranajes de la administración pública.
“Una ficha limpia”, ironiza un croupier llaryorista en Tribunales. La referencia apunta a otro eje de acuerdo con el radicalismo, en el tránsito del Partido Cordobés a una etapa de acuerdos “superiores”.
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El Tribunal Superior de Justicia junto a Juan Carlos Maqueda y Martín Llaryora.
El tratamiento del proyecto para impedir el acceso a la función pública de dirigentes condenados no incluye reproches morales por transfuguismo, cámara de eco para los reproches que llueven desde un peronismo que no digiere más boinablancas en puestos clave.
“Sí, se negoció con la UCR. Pero siembre se barajaron nombres peronistas. El problema es que no podíamos acudir a alguien inmediatamente vinculado a Schiaretti o Llaryora. Es un mensaje institucional”, añade otra voz oficialista.
Tal criterio habría evitado, admite, la postulación de Laura Echenique, exministra de Justicia y número puesto hace sólo un año.
Tal criterio también podría garantizar un amplio apoyo para los pliegos de Valentini. Descontados los avales radicales, sólo el Frente Cívico ha anticipado reparos. Tampoco es sorpresivo: el juecismo sospecha de su participación, como la de tantos, en las elecciones de 2007.
Las mismas que consagraron a Schiaretti, tras varias denuncias. El mismo al que ven demasiado cerca de una Justicia funcional al poder de turno.
