Eduardo Bittar y Antonio Contreras encabezarán la lista que contiene a varios sectores y al oficialismo. El acuerdo complica los planes de Rodrigo De Loredo.
Un alivio para Martín Llaryora: Eduardo Bittar encabezará la lista de unidad del oficialismo en el Colegio de Abogados.
Con la inminente unión de los referentes de las dos listas que se disputaban la representación del oficialismo, el panperonismo parece encaminado a retener el control del Colegio de Abogados de Córdoba. El acuerdo desactiva un foco de conflicto que requería atención del gobernador Martín Llaryora. En simultáneo, dificulta la opción que alentaba el diputado Rodrigo de Loredo.
La nueva alianza, que se refrendará la próxima semana, tendrá a Eduardo Bittar como cabeza de lista. Lo secundará Antonio Contreras, quien hoy ocupa la vicepresidencia del organismo.
La fusión supone una conciliación, siempre sujeta a fines prácticos, entre dos referentes del gobernador, tanto en la entidad como en los meandros de la Justicia, el actual presidente del Colegio, Ignacio Segura, y el director de Bancor, Juan Manuel Cid.
A pesar de que los postulantes rechazan cualquier intervención política externa, fuentes confiables aseguraron a Letra P que el propio Llaryora hizo gestiones para acercar posiciones y apurar la unidad, inquieto por la posibilidad de un triunfo opositor en el organismo, clave para entender la articulación del poder mediterráneo.
Atento a ello, De Loredo deberá redefinir su estrategia para desembarcar allí. La campaña, que responde también a armados transversales, sigue en manos de Alejandra Ferrero, presidenta del interbloque de JxC en la Legislatura provincial.
Como contara Letra P, la relevancia del Colegio de Abogados trasciende la agremiación profesional. En sus corrillos se esbozan pilotes de estructuras políticas en las que se diluyen identidades partidarias.
Por años, pudo rastrearse en ellas el ADN cordobesista. El recambio generacional en el PJ, con un Llaryora atento a todas las vías de construcción, alumbró caminos para el Partido Cordobés.
Ya como intendente, el sanfrancisqueño asignó a la entidad un rol clave en su armado. Por un lado, promovió acuerdos para la incorporación de jóvenes abogados, para tareas específicas, al municipio capitalino. Por otro lado, ocupó con alfiles los vasos comunicantes con la Justicia. Sin desmedro de ello, irrigó los canales que vinculan al Colegio con la Facultad de Derecho, temprano mojón de la rosca legal.
Tan arduo trabajo tuvo operadores centrales. Uno es el presidente de la institución, Ignacio Segura. Reelecto hace dos años, hoy mantiene fluidos contactos con la representación legal del municipio capitalino, mientras secunda a la representante cordobesa en el Consejo de la Magistratura de la Nación, Fernanda Vázquez.
Otro es Juan Manuel Cid, baqueano en los pasillos de doble mano entre el Ejecutivo y el Legislativo, exintegrante del Jury de Enjuiciamiento y el Consejo de la Magistratura.
Conocidos con profesión pública de buen vínculo, Segura y Cid rompieron lanzas tras el triunfo del exintendente capitalino en las elecciones para la gobernación. Entre sombras, disputaron el sillón del ministerio de Justicia, finalmente asignado a un afín a ambos, Julián López.
Las rispideces se extendieron hasta el armado de las listas para la nueva elección en el gremio de los abogados. El titular de la entidad apostó por su vice, Antonio Contreras, un especialista en derecho laboral que lleva más de 20 años en colectivos de letrados, pero reniega de vinculaciones partidarias.
Aunque su armado, denominado Unión Profesional, aglutina a quienes prestan servicios en dependencias estatales (Provincia y Municipio), él prefiere destacar la prevalencia de litigantes particulares. “El abogado ante todo y sobre todo”, sintetiza.
Por otro andarivel, Cid expresó su apoyo a Eduardo Bittar, otro hombre con terminales en el peronismo provincial, quien desde el núcleo Compromiso por la Abogacía, convocó a “desburocratizar la actividad” y en una entrevista a este medio llamó a dejar la política partidaria afuera del organismo para priorizar a la abogacía.
Diferencias aparte, ambos candidatos coinciden en describir una sobrepolitización del Colegio. Desde tal diagnóstico proponen recuperar la actividad gremial, con especial atención a los problemas que plantean “colegas de la calle”. En particular, aquellos que fatigan el fuero penal.
El acuerdo, que se rubricará la próxima semana, presentará a Bittar como cabeza de una lista de unidad y Contreras como vicepresidente. Aunque ninguno se manifieste como mero garante de continuidad, no desconocen lo que está en juego. Tampoco reniegan de la heterogeneidad del espacio compartido, que incluye a radicales de líneas mestrista y negrista, PRO y progresistas.
La cerrazón de filas responde también al juego que ensaya De Loredo, quien encomendó a Alejandra Ferrero el armado de una selección transversal, con la UCR en la cúspide. Tal construcción se denomina Somos Defensa Profesional e incorpora a juecistas, PRO paladar negro e independientes. La oferta la lidera Mariano Jándula que este jueves lanzó su candidatura.
Ilusionados aún con un cisma del oficialismo, los boinablanca profundizan la huella de la despolitización. Críticos del rol del Colegio en estos años, alternan quejas contra el oficialismo con propuestas de gestión “estrictamente profesional”.
A 25 días para las elecciones, que cuenta con 14 mil afiliados para votar, una sola certeza une a todos los postulantes: la rosca no será sólo de Pascua.