Las presiones a Villarruel. Lousteau, ¿árbitro? Carrió complica al Gobierno, protegido por gobernadores radicales. Ley ómnibus XS, en abril y sin jubilaciones.
Victoria Villarruel, dos sesiones y un nuevo escenario político para Javier Milei.
Victoria Villarruel.
Fueron cinco días de negociaciones intramuros, presiones telefónicas, una sesión fallida en Diputados, la reapertura del recinto en el Senado y un nuevo mapa político en el Congreso que obliga a Javier Milei a revisar su juego.
Con el rechazo en el Senado del DNU emblema de su gestión, el Presidente se sumó, ahora oficialmente, a la lista de jefes de Estado enfrentados a su vice. Con un detalle: su tensión con Victoria Villarruel se inició en la campaña, cuando Karina Milei, responsable de sus encuentros y desencuentros, no toleró la agenda propia de la entonces compañera de fórmula de su hermano. La apartó para siempre.
Con la doble función en el Congreso toma forma el escenario que anhela Milei, con la polarización entre supuestos liberales y presuntos estatistas, aunque figuras como Martín Lousteau y -desde su casa- Elisa Carrió construyen una ruta por el centro en busca del republicanismo perdido.
El presidente de la UCR enfrenta a sus gobernadores, decididos a sostener a Milei, sin siquiera bosquejar una agenda opositora. Los demás mandatarios no peronistas hacen equilibrio. En el Parlamento se dirimen estas tensiones y por eso es tan difícil predecir el inicio y el final de una sesión.
El viernes 8 de marzo Villarruel escribió una orden del día con temas de consenso para sesionar el jueves 14. Logró la firma de los jefes de los bloques de la UCR, Eduardo Vischi; y de Unidad Federal, Carlos Espínola, quien le aclaró que debía incorporar el DNU 70/23.
El día anterior, la vice había hecho el último intento por evitarlo, con la citación a siete funcionarios para defender la polémica medida, que desregula por completo la economía y los vínculos societarios. No había ido ninguno.
Milei las quería todas: evitar una sesión y que nadie de su gabinete diera la cara. Le exigía a Villarruel una mayoría en un Senado arbitrado por figuras autónomas, que no responden a gobernadores o que son sólo socios, como los casos de Santa Cruz y Neuquén.
Ese viernes Villarruel la pasó mal. A la advertencia de Espínola se sumaron llamados desde la Casa Rosada para que firmara una resolución conjunta que retrotrajera los aumentos de las dietas. La vice se negaba y le ordenó a su secretaria administrativa, María Iazzo, abandonar temprano su oficina. El sábado, el Gobierno filtró en los medios que el documento estaba escrito y faltaba la firma de la vice.
Villarruel tuvo un lunes largo. Por la mañana, llamó a referentes de partidos provinciales para pedir sesionar el jueves, sin el DNU en carpeta. Le advirtieron que no sería posible.
A las 19 recibió un mensaje de Milei en el que le pedía anular el dietazo. Villarruel es esquemática: entendía que ese documento la dejaba sin chances de negociar con la oposición dialoguista. Igual, cedió.
Su tensión con Karina Milei había crecido cuando se negó a no estar en el estrado en la apertura de sesiones y permitir que el Presidente se exhibiera solo. Como el evento lo organiza el Senado, la vice impuso el protocolo.
El martes Villarruel sumó el DNU al temario. Podía seguir en rebeldía, con el recinto cerrado, pero no quiso. Como explicó Letra P, la nota que recibió hace 15 días de nueve miembros del Senado que definen el cuórum la convenció de apurar una derrota inevitable. Son quienes pueden ayudarla a imponer una agenda y no quedar en ostracismo total. Tuvo que elegir.
El miércoles, la vice fue presionada en las redes sociales y por la Casa Rosada. No ocultó su desesperación: llamó ella misma a los despachos para pedir una prórroga de una semana. Llegó a hablar de “estabilidad institucional”.
La reunión de labor parlamentaria en la que se definió la suerte de la sesión reflejó el momento de Villarruel: estuvo sola, pidiendo ayuda. Luis Juez, del PRO, no fue. Tenía compromisos en televisión. El radical Vischi no llevó una posición unívoca porque Lousteau, su compañero, quería votar en contra del DNU.
El jefe del bloque oficialista, Ezequiel Atauche, había estado en la Casa Rosada y pedía resistir. Tenía un plan B: exigir que el DNU requiriera dos tercios para rechazarlo, por no estar dictaminado. Hay antecedentes de esa interpretación, como también de que alcanzaba con mayoría simple.
Si el decreto se debate en Diputados, el presidente de esa Cámara, Martín Menem, exigirá una mayoría especial. Villarruel se negó a dar esa discusión. No se imaginaba en un escándalo de recinto.
La neuquina Lucila Crexell fue la más intransigente. Pedía tratar el DNU lo antes posible. Con mesura, compartían la misma postura Espínola y la rionegrina Mónica Silva. Sólo cedía la dupla misionera. No alcanzaba. El jefe de la bancada de UP, José Mayans, se regodeaba.
Espínola le sugirió a Villarruel firmar una resolución para bajar la sesión y asumir el costo. El comunicado en Twitter de la Oficina del Presidente, con alusiones a ella, escrito por Santiago Caputo, aceleró el final. La titular del Senado no lo ignoró: “No está bueno”, dijo ante las autoridades de bloque.
Sin negociar con nadie, Lousteau diseñó un plan para rechazar el DNU. El lunes difundió un comunicado del Comité nacional, crítico al Gobierno, que pedía “respetar la Constitución”. Lo respaldó el presidente de la Convención, Gastón Manes, hermano de Facundo. Referentes de la UCR se turnaron para despegarse.
El mismo día, el grupo de Lousteau arruinó la reunión de bloque en Diputados, donde se debatía si convenía participar de la sesión para debatir la movilidad jubilatoria. El jefe de la bancada, Rodrigo de Loredo, sufrió reproches por no defender al presidente del partido de las críticas de Milei. El economista tiene seis fieles en la bancada; Manes, cinco; y los gobernadores, un piso de 18. Hay seis figuras sueltas. La división es total.
El miércoles, Lousteau informó a su bloque que rechazaría el DNU y se cercioró con otros actores del Senado que hubiera número sobrado para el rechazo. La presión de los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes) fue intensa. Lo confesó en el recinto el fueguino Pablo Blanco, que igual votó en contra.
En rebeldía, el presidente de la UCR tiene un poder invisible: su voto es decisivo para que Villarruel pueda abrir el recinto sin el peronismo. Deberá llamarlo.
Sin hablar en los medios y con seis bancas, Carrió consiguió un hecho político en Diputados: separó el debate de movilidad jubilatoria del que se viene por la versión XS de la ley ómnibus, donde el tema fue incluido, según el borrador enviado a las autoridades de bloque.
La chaqueña hizo trajinar el palacio que ocupó por tantos años. Forzó una sesión especial que no alcanzó cuórum por muy poco y obligó a arduas gestiones con gobernadores del ministro del Interior, Guillermo Francos, que tal vez cuesten plata. Aceleró la ruptura de la UCR (sólo dio cuórum el grupo de Manes) y obligó al oficialismo a ceder a una diputada cercana a Lousteau (Gabriela Brouwer de Koning) la presidencia de la Comisión de Previsión y Seguridad Social.
Pragmática, Carrió enterró la vieja grieta y se asoció sin pruritos a Unión por la Patria, que tuvo casi asistencia perfecta, pese al temporal. Hubo peronistas que esperaron 10 horas en aeropuertos o arriesgaron sus vidas viajando por tierra a alta velocidad.
La escena podría repetirse: habrá sesiones especiales por financiamiento educativo (el martes hay una convocada por Margarita Stoblizer del bloque HCF) y alguna otra por jubilaciones. “Estamos mostrando una gobernanza alternativa”, se entusiasmó el lilito Maximiliano Ferraro. Algunos de sus compañeros no están tan cómodos.
La negociación de la ley ómnibus muestra, como nunca, la ambigüedad del Gobierno. En simultáneo, la oposición dialoguista lee agresiones del Presidente en redes sociales y participa de reuniones para corregir sus proyectos
“Estuvimos cuatro años sin hablar con nadie y ahora nos mandan borradores”, diferenciaba una autoridad opositora que el viernes estuvo en la Casa Rosada. Las reuniones las coordinó Francos, pero Milei manda como espías a Caputo y al vicejefe de Gabinete, José Rolandi.
Los funcionarios sólo escuchan demandas. No piden nada. Supieron que la movilidad jubilatoria que quiere Milei (con pérdida de diez puntos por la inflación de enero) no pasa el filtro legislativo. El resto del borrador toma casi todas las sugerencias de la oposición.
El dilema de la Casa Rosada es cómo controlar la agenda: pretende que la ley ómnibus y el pacto fiscal se debatan en abril en Diputados y se sancionen en el Senado antes del Pacto de Mayo. No quieren debates en marzo, el peor mes económico que vaticinan.
El principal desafío es garantizar que el DNU no sea derogado y por eso querían aplazar 20 días el debate en el Senado. El comunicado de los gobernadores radicales confirmó que por ahora no hay una mayoría para rechazarlo en Diputados. El jefe del bloque de UP, Germán Martínez, lo reconoce y por ahora no pedirá una sesión especial.
Los más entusiastas en Balcarce 50 piden juntar 129 votos para garantizar la vigencia del DNU. En la UCR prefieren no exhibir su interna. Proponen, junto al PRO, ganar tiempo con proyectos que tomen parte de su contenido. Serían muchas leyes espejo.
Milei empezó a comprar esa idea, que blindaría parte del contenido del DNU. La idea tiene respaldo en el heterogéneo Hacemos Coalición Federal, presidido por Miguel Pichetto, con cita el lunes en la Casa Rodada.
Con esta maniobra quedaría resguardada la derogación de la ley de alquileres, la reforma laboral o los límites a las huelgas en los colegios. Otros temas del DNU no tienen consenso pleno, como la reforma de la ley de Warrants. Pueden derogarse en cualquier momento.