Una sesión promovida por Elisa Carrió acorraló al Presidente. Ley ómnibus y Ganancias, trabadas. El dietazo golpea a la Corte. Ritondo, clave. Villarruel, asilada.
Javier Milei, en el Congreso.
Desde su casa de Exaltación de la Cruz, Elisa Carrió apeló a su oficio y complicó a Javier Milei en el Congreso: como adelantó esta columna, sus referentes impulsaron una sesión especial en Diputados para tratar una nueva fórmula jubilatoria, que indexa los aumentos a la inflación y es retroactiva a enero.
La cita es para el miércoles a las 12 y en la Casa Rosada aceptan que puede definir su suerte. No fue casual que el ministro del Interior, Guillermo Francos, haya puesto el tema sobre la mesa en la cumbre con los gobernadores.
Los debates parlamentarios sobre jubilaciones erosionan a los gobiernos. Mauricio Macri suele decir que su gestión se quebró para siempre cuando cambió la fórmula previsional.
La indexación que rige actualmente se aprobó en simultáneo a la ley del aborto y en plena pandemia, para disipar protestas callejeras. Cristina Fernández de Kirchner resignó el superávit fiscal heredado con el fallo de la Corte que obligó a descongelar los haberes previsionales. Luego vetó una ley sancionada por la oposición para implementar el 82% móvil.
El dilema es irresoluble: ninguna gestión puede justificar las magras jubilaciones ni prometer aumentos sin sumar aportantes al Anses y acrecentar su déficit. A tres meses de asumir, Milei está en ese encierro.
El Presidente no oculta su apuro por cerrar el debate previsional cuanto antes sin enfrentarse a un electorado que fue decisivo para su victoria en el ballotage. Aunque lo niegue, es político: dice una cosa y hace otra.
Si bien en la apertura de sesiones habló de mejorar el poder adquisitivo de los jubilados, sus propuestas sólo apuntan a cubrir baches fiscales y contentar al Fondo Monetario Internacional.
La que elevó Francos a los gobernadores consiste en actualizar las jubilaciones con la inflación desde abril, con el índice de febrero y una recompensa de 10%, menos de la mitad que la suba de precios de enero (20.6). El empalme no llegaría a ser cubierto íntegramente por el índice de actualización vigente, que considera la variación de la recaudación de ANSES y de los salarios.
Como anticipó esta columna, el PRO salió al rescate del Gobierno con un proyecto de María Eugenia Vidal. Indexa jubilaciones por IPC y suma un bono retroactivo a enero, que considera la suba de sueldos. La propuesta de Carrió es la única que cubre la inflación del primer trimestre.
La fórmula actual tiene un secreto: si la inflación baja y hay un leve rebote en la economía, es muy beneficiosa para los jubilados. De ahí el apuro de Milei.
El desenlace de la sesión especial es un misterio y dependerá de negociaciones que empezarán el lunes, en un Congreso hiper fragmentado en el que cualquiera puede tirar la primera piedra.
Unión por la Patria está dispuesto a dar cuórum si le habilitan otros temas, como financiamiento educativo y de obras públicas. Junto a la indexación jubilatoria, deberían debatirse todos en comisiones, pero con fecha de citación.
El jefe del bloque UP, Germán Martínez, se lo propuso a Nicolás Massot, de Hacemos Coalición Federal, que integra la Coalición Cívica, pero no tuvo respuesta. La cooperativa de esa bancada (reúne a cordobeses, la Coalición, socialistas y exPRO que manejan provincias) no quiere exhibir un acuerdo con el kirchnerismo. Prefiere jugar de memoria.
Miguel Pichetto, que comanda ese bloque, no está de acuerdo con las sesiones especiales: se negó a firmar la que pidió Margarita Stolbizer para el 19, con la discusión del incentivo docente. La diputada provocó la reacción del Gobierno, que envió partidas por este concepto luego de su convocatoria.
Como anticipó esta columna, el jefe del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, trabaja de ceo legislativo de Milei, con la misión de solucionar problemas.
Al proyecto sobre jubilaciones de Vidal, se sumó el que declara la educación como servicio esencial, de Alejandro Finocchiaro; y el que redactó Diego Santilli para congelar las dietas seis meses y actualizarlas con la fórmula previsional.
Ritondo se mueve como jefe de un virtual interbloque con LLA, donde a la mitad de la bancada le incomoda la dependencia operativa con el PRO y amenaza con disputar la conducción de Oscar Zago. El reparto de las comisiones exhibe esa interna.
Entre los rebeldes se destacan Marcela Pagano y el correntino Lisandro Almirón. Algunos son cautos y aceptan que el esquema Ritondo-Zago fue impuesto por Milei y es inalterable. Ambos son viejos amigos y eso ayuda.
La interna radical está peor que antes. Supervisado por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, el jefe del bloque de Diputados, Rodrigo De Loredo, se mueve como un aliado más del Gobierno y sólo lo siguen 18 de los 34 miembros de su bloque.
Sus detractores, artífices de la caída de la ley ómnibus, le impidieron firmar el proyecto de Santilli para regular sus ingresos.
La polémica por el aumento del 30% en las dietas puede ser otro cisne negro de Milei, quien en vez de cerrar el tema rápido llamó a un debate lo lastimó más.
Expuso la falta de diálogo entre Martín Menem y Victoria Villarruel, quienes no firmaron una resolución conjunta para evitar que la paritaria legislativa se traslade a los haberes de representantes. Es lo que hacían CFK y Sergio Massa.
El enganche volvió en 2022 por pedido de todos los bloques, en notas que se ocultaron en ese momento y el peronismo se encargó ahora de ventilar. El año pasado hubo cuatro aumentos, casi sin sesiones.
Este sábado trascendió que Menem había rubricado una resolución conjunta para anular el aumento y esperaba la firma de Villarruel. Los voceros del riojano desconocían el trámite. La vice tampoco estaba enterada.
Villarruel no habló y hace dos meses que no da entrevistas. Con su silencio, confirmó que no está de acuerdo con la marcha atrás de las dietas, mientras negocia con la oposición dialoguista reabrir el recinto. En el Senado el único gesto fue del jefe del PRO, Luis Juez, quien ofreció devolver el aumento.
Milei fue por el peor camino: Habilitó un debate parlamentario sobre los ingresos de su gabinete y de autoridades judiciales, que necesita para proteger sus medidas. El escándalo le estalló en las manos, cuando este sábado trascendió que por un decreto firmado por él, los sueldos del Ejecutivo se actualizarían un 48%. Por Twitter anunció que lo derogaría.
Una mayoría del Congreso pide que nadie gane más que el Presidente. La idea fue de Pichetto, muy enojado con Menem. Los jueces de la Corte perderían hasta la mitad de su poder adquisitivo. El más golpeado sería Juan Carlos Maqueda, favorecido por antigüedad y otros beneficios extras.
El diputado de HCF no le perdona al juez cordobés haberlo ignorado en 2019, cuando le pidió habilitar la reelección del gobernador rionegrino Alberto Weretilneck, para colgarse de su boleta de senadores. A la propuesta de congelar los salarios de los jueces se sumó el formoseño José Mayans, el jefe de UP en el Senado, exsubalterno de Pichetto, quien en la última semana desayunó con el gobernador de esa provincia, Gildo Insfrán. Tal vuelvan a tirar paredes, ahora en las dos Cámaras.
El retorno del debate de algunos fragmentos de la ley ómnibus confundió a la oposición dialoguista: los apuntes que les dejó Francos a los gobernadores son similares al dictamen que naufragó en el recinto.
Por caso, mantiene la eliminación de los fondos fiduciarios y el traslado de sus recursos a rentas generales, una maniobra del Gobierno para apropiarse de los excedentes.
También conserva la reforma administrativa, que no pasó el filtro de la votación en particular, porque los sectores díscolos de la UCR (referenciados en Martín Lousteau) no quieren avalar la intervención de organismos.
La reversión de Ganancias no cuenta con los votos para aprobarse. Nunca los tuvo: en diciembre los gobernadores patagónicos anticiparon que no permitirán bajar salarios a petroleros y portuarios.
Los aumentos paritarios de estos meses ampliaron la cantidad de personas que tendrían que devolver plata con esta medida. Serían más que los 800 mil que dice el Gobierno, presionado por el FMI. Hay gobernadores de provincias chicas entusiasmados con recibir más coparticipación, pero son minoría.
La lista de empresas privatizadas tampoco ayuda a buscar consenso. Milei insiste en cerrar Yacimientos Carboníferos Fiscales de Río Turbio. Se enfrenta al gobernador santacruceño, Claudio Vidal, que incide sobre dos votos por Cámara.
Hay cinco empresas que entrarían en concesión: AYSA, Belgrano Cargas, Sofse, Corredores viales y Correo Argentino. En esta última, el kirchnerismo querrá ver las cuentas pendientes de la familia Macri.
Cada debate parlamentario se abrirá hasta el infinito. Por caso, el radical Martín Tetaz presentó iniciativas para modificar el régimen de monotributo, que el gobierno quiere revisar. Persiste la idea de consolidar la deuda del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses y Córdoba pedirá atender los reclamos de su caja previsional. Más de lo mismo.
La incidencia de los gobernadores es relativa: pueden bloquear una ley, pero no garantizarla. Milei necesita ganar más socios de Unión por la Patria. Hasta ahora sólo sumó a Osvaldo Jaldo (Tucumán). Gerardo Zamora (Santiago del Estero) colaboró con ausencias en las sesiones. Es poco. Raúl Jalil (Catamarca) promete ayuda, pero sus representantes en el Congreso no lo escuchan.
En el Senado, propios y aliados le dicen a Villarruel lo mismo: el tiempo se agotó y no puede seguir con el recinto cerrado para no presenciar cómo una mayoría vota en contra del DNU 70/23, conocido como decretazo, tal vez el instrumento de gestión más relevante de Milei.
La descoordinación en el Senado es total. Sin brújula, el presidente de la bicameral de trámite legislativo, el libertario Juan Carlos Pagotto -con pasado trotskista-, publicó una citación de funcionarios que pareció redactada por Unión por la Patria.
El riojano limitó la convocatoria al decretazo, olvidó el resto de los temas que se había acordado tratar (como los decretos de los gobiernos anteriores) y omitió mencionar que era un encuentro informativo. En UP festejaron su torpeza y presentaron un dictamen de rechazo al 70/23.
En la UCR entienden que la visita de funcionarios puede ayudar a ganar tiempo. En la Casa Rosada piensan lo contrario. Se los volvió a citar el jueves 15, pero ya nadie quiere que esa reunión se realice.
Los partidos provinciales -dispuestos a rechazar el decretazo- y Juez, del PRO, le recomendaron a Villarruel resignarse a la derrota. La vicepresidenta les dice que sí, pero luego continúa decidida a resistir. No sabe hasta cuándo.