La votación llegó luego de siete horas de debate y una alianza en contra del DNU que agrupó a los 33 miembros de Unión por la Patria, a los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco; al correntino Carlos Espínola y al entrerriano Edgardo Kueider (Unidad Federal); y a referentes de partidos provinciales con gobernadores.
Estos últimos fueron José María Carambia y Natalia Gadano (Santa Cruz), Mónica Silva (Río Negro), Lucila Crexell (Neuquén y socia del gobernador Rolando Figueroa) y Edith Terenzi (radical y aliada del gobernador de Chubut, Ignacio Torres).
Por la UCR se abstuvo Maximiliano Abad. Se hizo sentir el aporte de los gobernadores radicales (como el mendocino Alfredo Cornejo y el correntino Gustavo Valdés) para sostener diez votos y el partido centenario será clave para evitar una mayoría en contra del DNU en Diputados, donde tienen 34 integrantes y este miércoles dejaron 29 bancas vacías para impedir una sesión pedida para tratar la indexación jubilatoria. La presión del Gobierno sólo alcanzó para las abstenciones de la dupla de Misiones (Carlos Arce y Sonia Rojas Decut) y de la cordobesa Alejandra Vigo.
El jefe de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, propuso votar la postergación. “Estamos en un momento en el cual hay que unirse y empezar a tratarlo pone en riesgo esa unidad”, fue su argumento.
Le respondió el titular de Unión por la Patria, José Mayans. “Este DNU modifica 300 leyes, está generando efectos jurídicos. No tiene que ver con la negociación que hay con gobernadores”. La votación terminó con 41 votos a favor de tratarlo. Fue casi el mismo grupo que luego lo rechazó, al que se le agregó el radical Blanco.
Con 25 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones queda rechazado el DNU 70/23 "Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina" pic.twitter.com/WgvuwUtdcq
El DNU rige desde el 21 de diciembre y desde el 19 de enero está en condiciones de ser tratado en el recinto. Aun así, Villarruel se negaba a convocar a sesión especial para evitar la derrota, que finalmente aceptó.
El debate
El oficialismo hizo una defensa escueta de su medida insignia. “Los DNUs nunca se han tratado y están vigentes, pasa que tenemos memoria selectiva”, fue el argumento del libertario Juan Carlos Pagotto.
El radical Blanco confesó que había votado a favor de posponer el debate por presión de los gobernadores y por llamados de empresarios locales. Luego pulsó el botón rojo.
Lousteau, que es el presidente de la UCR, fue al hueso. “Voy a votar en contra del DNU porque es anticonstitucional”, empezó su discurso. Citó a los principales juristas, pero hizo hincapié en las formas. “El Presidente acumula poder e infunde temor. A una persona así creo que no hay que darle un DNU, más allá de que es inconstitucional", apuntó.
Crexell también se mostró molesta por los ataques de la Casa Rosada. “No estar alineado a este Gobierno no quiere decir que uno puede ser juzgado por leal o por traidor, por gente de bien o del mal”.
La rionegrina Silva consideró preocupante “ir en contra de la división de poderes”. Por Unión por la Patria cerró el jefe, José Mayans. "Manden las normas y las vamos a tratar, no esperen que les votemos todo a libro cerrado".
Apuesta radical
El jefe de la UCR, el correntino Eduardo Vischi, envió un mensaje a la administración de Milei. “El diálogo de este Gobierno es de muy corto plazo y a veces la paciencia se agota”.
Su frase no fue casual: así como la decena de radicales que pulsaron el botón verde en el Senado impidieron una derrota mayor -hubiera alcanzado los dos tercios-, en Diputados las 34 bancas de la UCR tienen hoy en sus manos el destino del DNU.
Unión por la Patria, que no tuvo fisuras en el Senado (esta vez no ayudó con ausencias el gobernador santiagueño Gerardo Zamora), en la Cámara baja cuenta con 99 bancas. Cinco aporta la izquierda y Río Negro sólo tiene un voto (Agustín Domingo).
El resto de los partidos provinciales esta semana se mostró alineado al Gobierno en el Congreso. La única excepción fue Santa Cruz, pero sólo en el Senado, dónde la dupla de esa Cámara maneja cierta autonomía del gobernador, ClaudioVidal. La propuesta de privatizar Yacimientos Carboniferos Río Turbio puede condicionar el voto de los dos diputados santacruceños.
El resto del bloque UCR está en zona gris. Hay seis que responden a Lousteau y el gobierno debe contarlos en contra. Lo mismo que a los cinco que suma Facundo Manes, que este miércoles se sentaron a votar movilidad jubilatoria. El resto son figuras autónomas, como Julio Cobos y MarioBarletta.
Los votos en Diputados
En la Cámara baja aún no se convocó a una sesión especial para tratar el DNU, porque el jefe de UP, Germán Martínez, prefirió esperar el rechazo del Senado para tirar la primera piedra.
En la variedad de fuerzas de Hacemos Coalición Federal sólo puede sumar hasta 10 votos en contra del DNU. Tres seguros son Margarita Stolbizer y la dupla socialista (Mónica Fein y Esteban Paulón).
Los seis de la Coalición Cívica cuestionaron el decreto cuando se publicó. La jefa de este espacio, Elisa Carrió, está decidida a enfrentar a Milei. Otra incógnita es la cordobesa Natalia De laSota: no responde al gobernador, Martín Llaryora.
Ni aún sumando todas estas voluntades el rechazo al DNU llega a 129 si no se tuerce el sector de la UCR que responde a los gobernadores. Milei tendrá que tratarlos cada día mejor.
¿Y si hay ley espejo?
Una opción que puede surgir si se abre el debate en Diputados es la de reemplazar el DNU por una ley espejo, que sólo omita algunos capítulos polémicos. Hay un proyecto presentado por el radical Martín Tetaz.
La idea la comparte Nicolás Massot, de HCF. Coincide con buena parte del DNU pero cuestiona otras, como la desprotección a las fronteras. Lo acompañan Emilio Monzó y Oscar Carreño. Los tres son el foco de las críticas de los trolls libertarios.
Ninguno quiere que el DNU esté derogado, para no ser acusado de reimplantar medidas que cuestionan, como la ley de alquileres. La logística legislativa para reemplazarlo por una norma no es fácil.
La rosca empieza este viernes y no tiene plazo: mientras el decreto no se trate en la Cámara baja, seguirá vigente. En el oficialismo hay confianza. Por ahora, los votos para derogarlo no están.