Mientras se debatía el proyecto de ley ómnibus en Diputados, la vicepresidenta Victoria Villarruel supo que también estaba asumiendo riesgos: referentes del Senado que integran partidos provinciales le anticiparon que si Javier Milei no obtenía un triunfo en la Cámara baja, se sumarían al pedido de Unión por la Patria para rechazar el decretazo.
“Es mejor que lo bajemos nosotros y no el kirchnerismo”, le explicó esos días el entrerriano Edgardo Kueider, de Unidad Federal, uno de los nueve firmantes de la nota que las fuerzas locales le enviaron este lunes a la vicepresidenta para pedirle tratar en una sesión el DNU 70/23.
Para ganar tiempo, Villarruel ignoró los pedidos de sesión de Unión por la Patria y apostó a diluir el debate en comisión, pero la pelea de Chubut con la Nación le impidió contener a las fuerzas locales, que son decisivas para el cuórum en el Congreso.
El viernes, mientras se realizaba la sesión preparatoria, Kueider juntó las adhesiones. Los últimos en sumarse fueron los santacruceños. Tres firmantes confirmaron a Letra P que Villarruel sabía que le llegaría la nota este lunes y, esta vez, convocará a sesión. La fecha elegida sería el jueves 7.
Los caminos de Victoria Villarruel
En los partidos provinciales consultados por este medio predomina la idea de que Villarruel aceptará perder la batalla del decretazo en el recinto, porque la pelea de Milei con los gobernadores le permite excusarse.
“Ella es más política que él. Busca los acuerdos y entiende los momentos”, la interpretó un senador que suele visitarla en su despacho. El legislador remarcó que cuando se negó a convocar a las sesiones pedidas por Unión por la Patria, la vicepresidenta sostuvo que evitará que “el kirchnerismo” marque la agenda del Senado. No mencionó al resto de las fuerzas.
La nota que le enviaron los partidos provinciales esconde otro gesto: invoca el artículo 19 y 20 del reglamento, que habilita a la presidencia del Senado a elegir cuándo convocar a sesión.
Un rechazo al decretazo en la Cámara alta dejaría desdibujada bicameral de trámite legislativo, conformada la semana pasada para debatir decretos presidenciales. Villarruel podría justificarse en que el jueves de la semana próxima habrán pasado 10 días hábiles desde la creación de la comisión y es el tiempo que debe pasar para que se dictamine un DNU, aunque según la legislación, la fecha debe contarse desde su arribo al Congreso. Sutilezas.
Define la UCR
Si el decretazo se rechaza en el Senado, su destino se definiría en Diputados, donde si una mayoría también se opone quedaría derogado por completo.
Como explicó Letra P, la llave la tiene la UCR, donde conviven tres posturas: aprobar el DNU, pregonada por el grupo de los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes); rechazarlo, una propuesta de los grupos rebeldes liderados por Martín Lousteau; y tratarlo por partes, lo que implicaría reinterpretar la legislación. Es una propuesta del formoseño Fernando Carbajal.
En caso de existir una sesión en Diputados para tratar el decretazo, Menem necesitará evitar que la mayoría de los 34 miembros de la UCR se siente a votar en contra, como ocurrió durante el debate en particular de la ley ómnibus.
Este lunes tuvo un mal preludio: al pedido de los partidos provinciales se sumó el del senador Pablo Blanco, de la UCR, un librepensador que hasta el año pasado se mostraba cercano al exgobernador de Jujuy Gerardo Morales. “Entiendo que no se puede seguir esperando. Se tiene que resolver. Pero eso no significa que yo tenga una posición”, anticipó a Letra P. Su bloque tampoco la tiene.