El borrador final tiene correcciones a la reforma del Estado, a la eliminación de los fondos fiduciarios y excluye las facultades para endeudarse en dólares.
El Presupuesto de Javier Milei y Toto Caputo
Javier Milei en la apertura de sesiones.
El presidente Javier Milei mostró este jueves sus dos caras: mientras usaba las redes sociales para fustigar a la oposición, incluyó en la versión final del borrador de la nueva ley ómnibus las sugerencias de gobernadores y referentes de la UCR. Aún así, la fórmula de movilidad previsional no tiene respaldo en el Congreso y se trataría en forma separada.
Como anticipó Letra P, antes de su reunión con gobernadores, Milei hizo llegar a los jefes legislativos un punteo con los temas que formarían parte de la ley ómnibus XS. No conformó a sus posibles aliados porque se mantenían capítulos que fueron rechazados en el recinto.
Con el articulado más preciso, el Presidente reescribió la letra chica con propuestas de la oposición dialoguista. La principal fue la referida a los fondos fiduciarios, que Milei insiste en eliminar.
El texto es mucho más laxo que el último que el Gobierno intentó aprobar. Lo faculta a “modificar, transformar, unificar, disolver, liquidar o cancelar” los fondos fiduciarios, pero aclara que, si no fuera posible por legislación vigente, sólo se podrán redireccionar las partidas.
“Si es un acuerdo con los gobernadores, saldrá”, sostuvo a Letra P uno de los diputados que bloqueó este tema en el recinto.
En el radicalismo celebraron en silencio el texto que circuló este jueves, porque sus referentes encontraron muchas de sus recomendaciones. Este bloque está dividido entre el grupo de los gobernadores, que junta entre 18 y 23 miembros; el de Martín Lousteau (seis bancas) y el de Facundo Manes (cinco).
Los últimos dos sectores ayudaron a que naufragaran en el recinto los incisos referidos a la reforma del Estado de la ley ómnibus original. La versión XS tiene una redacción más acotada, en la que no se incluye la habilitación para transformar la tipicidad jurídica de los organismos.
Sí permite eliminar competencias, centralizar, transformar, fusionar, escindir o disolver las dependencias públicas. Esta última facultad sigue siendo resistida por el sector de la UCR cercano a Lousteau, aun cuando no están incluidos los entes autárquicos.
En el capítulo de privatizaciones, que no llegó a votarse en febrero, Milei también escribió con los apuntes radicales y hasta de la Coalición Cívica, el partido de Elisa Carrió.
Además de reducir el listado y dividirlo entre ventas totales, parciales y concesiones, facultó a supervisar las licitaciones en tiempo real a la bicameral de control de privatizaciones, la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación. Además, permitió la intervención de la Agencia de Bienes del Estado. Sólo quedan algunas demandas sobre transparencia.
El Presidente también excluyó las dos modificaciones que había pedido para tomar deuda en dólares con mayor celeridad, resistidas por la UCR.
Una eliminaba el artículo inicial de la ley de sostenibilidad para, así, no necesitar un permiso del Congreso; la otra corregía el 65 de la ley de administración financiera, que limita las refinanciaciones. No aparecieron en el borrador.
Milei sostuvo la reforma del empleo público, con la posibilidad de poner a disponibilidad un año el personal que se quede sin tareas, para capacitarlo y definir su derivación.
Se incluyen amplias facultades al Gobierno, como apercibir al personal estatal por medidas de conducta, como impuntualidad o inasistencias.
A la oposición dialoguista le sorprendió la autorización que pide el Presidente para renegociar contratos de obra pública, de concesión, de construcción o provisión de bienes. Además, hay una delegación ilimitada al Gobierno para tomar medidas de desregulación económica.
Mejores pronósticos hay en el Congreso sobre las disposiciones de Defensa de la Competencia, Energía (se eliminó el capítulo de biocombustibles) y el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI).
Necesitado de una mayoría legislativa, Milei tomó las sugerencias de la UCR en el capítulo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. Mantuvo la posibilidad de consolidar deuda con el Tesoro sin la opción de vender las acciones del organismo en las empresas.
El plan original del Presidente era eliminar el FGS. Fue desechado, pero se deroga el artículo 76 de la ley constitutiva, que pone límites a las inversiones. No todo es color de rosa: la nueva fórmula jubilatoria que propone el Gobierno no convence a nadie, ni siquiera a sus socios del PRO.
Consiste en indexar los haberes previsionales al Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde el 1 de abril, lo que tomaría como primer dato el de febrero. Quedaría un limbo el de enero, cuando la inflación alcanzó un 20.6%. Se propone compensarlo con un aumento del 10%. Sería una pérdida de poder adquisitivo que la clase pasiva no recuperaría nunca, porque la fórmula, por definición, impide aumentos por encima de la suba precios.
Rápida de reflejos, Elisa Carrió promovió un proyecto para indexar las jubilaciones desde enero, sus referentes pidieron una sesión especial y quedaron sin cuórum.
Fracasada la sesión, el debate sobre movilidad jubilatoria se inició en la Comisión de Previsión y Seguridad Social. Quedó inconcluso porque requiere de la intervención de la de Presupuesto y aún no fue convocada por su presidente, José Luis Espert. Los nervios de Milei con este tema quedaron expuestos cuando la diputada Silvana Giudici, cercana a Patricia Bullrich, pidió sin éxito retirar el proyecto.
Tan lejos está Milei de tener los votos para su fórmula previsional, que la oposición dialoguista le aconseja separar esa discusión de la ley ómnibus y no complicar el debate. Es lo que se hizo con la reforma fiscal. Se lo plantearon al ministro del Interior, Guillermo Francos.
Hay varios proyectos presentados. Uno es de María Eugenia Vidal, del PRO, que propone una indexación desde abril pero con una compensación retroactiva a enero que toma en cuenta las variaciones salariales.
Hay otra iniciativa presentada por la cordobesa Alejandra Torres, esposa del extitular de la ANSES Osvaldo Giordano. Plantea ajustar por inflación, un 20% de aumento y la suspensión de la moratoria previsional.
Los beneficiarios accederían a la pensión universal para el adulto mayor (PUAM), que es del 80% de una jubilación mínima. Es uno de los reclamos del Fondo Monetario Internacional. Milei quiere cumplirle al pie de la letra.