La comisión bicameral que controla el oficialismo impulsa una auditoría. Quiere manejar la información sobre gastos tributarios. Golpe a la transparencia.
El Gobierno de Javier Milei suspende los informes de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) paralizó la publicación de informes luego de que la Comisión de Supervisión Parlamentaria, controlada por el oficialismo y sus aliados, sometieran a autorización previa cualquier trabajo no contemplado en un plan anual aún no aprobado. La decisión de Javier Milei encendió alarmas sobre un avance político en una institución que produce información técnica.
La situación se produjo tras la primera reunión, en tres años, de la comisión bicameral realizada el 2 de junio. Allí, por impulso del diputado libertario Bertie Benegas Lynch y con el respaldo de legisladores aliados, se aprobaron disposiciones que ordenaron una auditoría del organismo técnico.
Fuentes de la OPC confirmaron a Letra P que el organismo se encuentra virtualmente paralizado. “La semana pasada llegó la resolución y desde ahí se paralizó todo. Estamos paralizados”, señalaron.
La medida central quedó plasmada en la Resolución 003-CSP-2026 de la Comisión de Supervisión Parlamentaria, que devolvió el Plan de Trabajo Anual 2026 para su reformulación y ordenó nuevas condiciones para el funcionamiento del organismo.
El punto más controvertido figura en el artículo 4, que instruye a las direcciones técnicas de la OPC a someter al aval previo de la comisión cualquier propuesta de análisis técnico extraordinario o no planificado.
Según explicaron a este medio desde el organismo, la interpretación de esa disposición generó incertidumbre sobre qué trabajos pueden realizarse. Hasta ahora, además de las tareas previstas en el plan anual, la OPC elaboraba informes solicitados por legisladores o vinculados a debates parlamentarios coyunturales.
“Hay mucha confusión acerca de las restricciones. La resolución instruye a que lo que no esté autorizado no está permitido hacerlo”, explicaron fuentes del organismo.
La situación se agrava porque la propia comisión rechazó el plan anual presentado por la OPC y exigió una reformulación. Mientras esa nueva versión no sea aprobada, el margen de acción del organismo queda sujeto a la interpretación de los integrantes de la comisión.
El planteo se realizó el martes de la semana pasada por parte del diputado Benegas Lynch, de LLA, quien asistió a la reunión inaugural con un grupo de técnicos y logro que se votara una auditoría.
Como la comisión la integran las autoridades de las comisiones de presupuesto, LLA tuvo respaldo de la diputada macrista Daiana Fernández Molero y del senador libertario Agustín Monteverde. Con esa mayoría, el gobierno libertario logró avalar una auditoría en la OPC, que hasta ahora había funcionado sin directivas, porque la bicameral de control nunca se había reunido. Germán Martínez, de Unión por la Patria, fue uno de los más molestos por el pedido de auditoría.
Durante el plenario de comisiones del miércoles, en el que se debatió el proyecto de súper-RIGI, el santafesino contó el episodio que se había vivido el día anterior. El diputado consideró que el objetivo del Gobierno es que la OPC deje datos como los gastos tributarios, como se denomina a la pérdida de recaudación que surge por promociones impositivas.
Ocurre que, si ese cálculo se aplica al RIGI, en cualquiera de sus versiones, las mermas son millonarios. En la Casa Rosada tienen otra visión. En su exposición, el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, insistió en que no se puede medir el impacto tributario de inversiones que, de no ser por la promoción, no existirían.
"Buscan instalar esto porque vamos a auditarla hasta el final", aducen desde el oficialismo.
La OPC fue creada por la ley 27.343 como un organismo técnico desconcentrado del Congreso. Su misión es producir información objetiva para asistir a diputados y senadores en el análisis de proyectos de ley y políticas públicas.
Entre sus funciones se encuentran el análisis del Presupuesto nacional, la evaluación del impacto fiscal de proyectos legislativos, el estudio de la ejecución presupuestaria, el seguimiento de la deuda pública, el análisis de reformas tributarias y los estudios de federalismo fiscal.
La Comisión de Supervisión Parlamentaria tiene facultades para aprobar el reglamento interno, el presupuesto y el plan anual de trabajo del organismo.
Actualmente está integrada por el diputado Benegas Lynch y el senador Monteverde por La Libertad Avanza, la diputada Fernández Molero por el PRO, la senadora Silvana Schneider por la UCR y el diputado Carlos Castagneto por Unión por la Patria. Resta designar un integrante. En caso de empate, la presidencia posee doble voto.
La paralización de la actividad de la OPC generó preocupación entre especialistas que consideran que el organismo debe preservar autonomía técnica respecto de los gobiernos de turno. “De ser así sería preocupante que un organismo independiente no pueda publicar sus informes porque no se condicen con el relato que quiere imponer el Gobierno”, advirtió el economista Christian Buteler.
La advertencia remite a uno de los antecedentes más sensibles en materia de estadísticas públicas: la intervención del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante el gobierno de Néstor Kirchner. En enero de 2007, la modificación de los mecanismos de elaboración del Índice de Precios al Consumidor derivó en cuestionamientos de técnicos y especialistas. El entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, se convirtió en uno de los principales críticos de aquella intervención y posteriormente se alejó del oficialismo denunciando la manipulación de estadísticas públicas.
En la gestión libertaria, Marco Lavagna dejó en febrero pasado la conducción del INDEC en medio de tensiones con el equipo económico que encabeza Toto Caputo por datos que no se alineaban con la narrativa oficial. La estrategia es siempre la misma cuando los números incomodan al poder de turno.