Sabotajes, una empresa en retirada y gremios en disputa reactivan la pulseada de los grandes grupos del sistema capitalino. El intendente, con más presión.
Daniel Passerini, intendente de la ciudad de Córdoba.
Hace poco más de un año, Letra P advertía que el rediseño del transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Córdoba que pulía Daniel Passerini como sello de su gestión se erigía sobre un terreno inestable. La persistencia de disputas de vieja data, con auténticos pesos pesado a nivel nacional, preanunciaba tensiones de difícil solución.
Catorce meses más tarde, sólo una semana después del discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante, el intendente debe concentrar su energía en resolver un nuevo capítulo de uno de los problemas endémicos que padecen los cordobeses.
Este martes, la Municipalidad de Córdoba comunicó este martes que revocó el contrato a la firma FAM y presentó una denuncia penal ante la Justicia "para que se investiguen y esclarezcan los hechos que dejaron sin transporte a estudiantes, trabajadores, adultos mayores y a miles de vecinos de la ciudad".
El episodio en cuestión no registra antecedentes recientes. Este domingo los choferes contratados por FAM, una de las empresas concesionarias del servicio, no pudieron iniciar sus recorridos porque habían desaparecido las llaves de arranque. Por si fuese poco, manos aún anónimas también habían esparcido azúcar sobre los motores de varias unidades.
La rápida reacción de las autoridades permitió improvisar un esquema de emergencia para toda la semana. Pero resultó insuficiente para evitar críticas, desde pasajeros hasta la oposición política. Las razones remiten a problemas de fondo aún no resueltos por la administración passerinista: dos años después de su asunción, las prestatarias siguen operando con permisos precarios.
Pospuestos en su presentación en sendas ocasiones, los proyectos para elaborar un nuevo marco regulatorio, condición indispensable para llamar a una licitación que debería haberse realizado en 2023, no figuran en la agenda inmediata.
Entre demoras y presiones, en un rubro calificado por el lobby, la Municipalidad no sólo calcula cuánto erogará ante esta contingencia. También deberá encontrar una salida que necesariamente afectará intereses de los dos grandes jugadores del mercado nacional: elgrupo Dota, de la familia Faijá, y el grupo Prieto. Detrás de ellos, los dos que siguen pulseando por el control del transporte nacional, Roberto Fernández, titular de UTA, y Miguel Bustinduy, titular de la UCRA, gremio alternativo que tiene apoyo de los Moyano.
En sus primeros meses de gobierno, el exviceintendente de Martín Llaryora debió asumir dos problemas que aún hoy operan como condicionante.
El primero fue la decisión del presidente Javier Milei de cortar los subsidios enviados por Nación al transporte del interior. Durante más de un año, el tesoro municipal debió suplantar ese dinero, llegando a erogar más de 10 mil millones de pesos por mes. La llegada de la tarjeta SUBE trajo alivio a las arcas, con un impacto cercano al 15% de aquella referencia.
El segundo fue la salida de ERSA, por años la firma más importante del sistema. De creciente participación durante la gestión de Ramón Mestre, último alcalde en cumplir con la licitación del servicio, su deserción no estuvo exenta de polémica. Además de dejar corredores, acumuló promesas incumplidas y deudas que retumbaron en interconectados pasillos.
El intendente cordobesista debió apelar a la estatal Tamse como primera opción para cubrir las vacantes. La decisión fue en sentido contrario a su iniciativa de reducir los “costos” de dicha empresa, pero colaboró a sostener la operatividad.
Tras la incorporación de unas 100 unidades (sobre 170 prometidas) la intendencia abrió el juego a nuevas firmas privadas. Como anzuelo, prometió avanzar en un ambicioso engarce con el sistema de transporte metropolitano. Viejo anhelo, el anuncio nunca germinó. Mucho menos entre los jefes comunales vecinos.
Confirmada la continuidad de Coniferal (con más de 50 años como prestataria), dos empresas se incorporaron a inicios de 2025. Desde antes, buena parte de las miradas se posaba ya sobre FAM, una empresa sin antecedentes en recorridos urbanos.
Dirigida por Christian D'Alessandro, extitular de Fono Bus (la más importante del sistema interurbano), FAM se presentó aireando avales, más implícitos que explícitos, del grupo DOTA. Como contara Letra P, el grupo que presiden los hermanos Faijá ofrece un combo completo, que incluye carrozado, capacidad operativa y recursos económicos.
Pocas semanas bastaron para que la novel marca mostrara deficiencias en su prestación. Entre los hechos que parecen avalar desconfianzas previas destaca, justamente, el incumplimiento en los planes para incorporar coches.
Cumplido un año del nuevo diseño, la Municipalidad capitalina tomó otra decisión cuestionada, aún por aquellos que reconocen mejorías en el servicio. Vía decreto, el Ejecutivo extendió por un año el permiso precario para Coniferal y SiBus. Para FAM, el plazo fue de un mes, sujeto a la solidez de su propuesta. Los reparos no admiten eufemismos: los funcionarios desconfían de su capacidad financiera.
Junto a ello, versiones confiables hablan de que a la empresa de D'Alessandro le quedarían sólo dos de los tres corredores que presta. El más importante de todos, el número 2, sería reasignado a otra compañía.
Al cierre de febrero, en una nota enviada a Passerini, José Faijá desmintió cualquier vínculo formal de DOTA con FAM. No obstante, aseguró que Transportes 27 de junio, parte del mismo pool, se encuentra “a disposición de la comunidad cordobesa”. Como condiciones, pidió mantener los tres corredores cuestionados y contar con un horizonte de previsibilidad, con un lapso inicial de 18 meses.
Entre los potenciales adjudicatarios de todo aquello que deje FAM aparecen nombres que remontan al grupo Prieto. Por elevación, al actual titular de UTA.
Otros piden mirar al entorno aún activo de ERSA, cuyo expresidente, Roberto Albisu, es mencionado por fuentes directas como “encargado del proceso licitatorio del municipio”.
Versiones cruzadas aparecen también en los intentos de explicación sobre lo ocurrido el domingo, en la punta de línea de FAM. Mientras sus directivos se presentaron a la Justicia para denunciar sabotaje, desde UTA Córdoba (con conducción enfrentada a Fernández) creen que se trató de una maniobra perpetrada por aquellos. Vinculan lo ocurrido a un intento de presión por parte de una “empresa que está de salida”.
Desconfiados, en el gabinete municipal no dudaron en presentar su propia denuncia por sabotaje. El secretario de Gobierno y mano derecha de Passerini, Rodrigo Fernández, fue contundente. Además de referirse a los autores del hecho como grupo comando, recordó varios incumplimientos de la firma. Con antecedentes negativos sobre la mesa, deslizó que FAM “se ha excluido” del sistema de transporte urbano.
Las explicaciones no bastaron para calmar las críticas de la oposición. En un año clave para la lotería electoral del 2027, la problemática del transporte puede resultar un pesado lastre para una gestión cuestionada por repetir anuncios.
Desde el bloque de la UCR recordaron que han sido ya más de 12 los pedidos de informe sobre la situación del transporte que no han sido respondidos por el Ejecutivo. En paralelo, cotejaron lo sucedido con “la falta de rumbo del intendente”.
Desde el Frente Cívico fue su líder, Luis Juez, quien volvió a denunciar corrupción en el sistema. En un texto dirigido a la prensa, definió a Passerini y Llaryora como “dos intendentes que nunca resolvieron el marco regulatorio del transporte urbano y pusieron irresponsablemente la política de transporte en manos de quienes hicieron, y hacen, fabulosos negocios en desmedro de los usuarios”.