El rediseño del transporte público de pasajeros para la ciudad de Córdoba y su área metropolitana, considerado prioritario para las futuras gestiones de Martín Llaryora a nivel provincial y Daniel Passerini en la intendencia de la capital, parece de improbable concreción en tiempos cercanos. Una evaluación de circunstancias actuales y, sobre todo, proyecciones a futuro indican que dos factores convergen para entorpecer la factibilidad de una idea que forma parte de las plataformas electorales desde hace dos décadas, período de consolidación del movimiento migratorio hacia el Gran Córdoba.
Por un lado, las restricciones en el acceso al dólar, moneda que prevalece en el mercado automotor. Tales condicionamientos, explican analistas consultados por Letra P, dificultan tanto la renovación del parque automotor como la implementación de tecnologías necesarias para las unidades.
Por otra parte, la incertidumbre adjudicada a los resultados de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), con un inédito escenario de tercios, no permite avizorar un camino sencillo para acceder a mercados de crédito que miran con preocupación la situación del país.
“Necesitamos cambiar el perfil del sistema actual, no hay dudas, pero todo lo relacionado al transporte está dolarizado. Sin dólares o financiamiento externo es imposible pensar en mejoras estructurales. Por eso estamos esperando saber qué pasará. Hasta que no se despeje el horizonte nacional tenemos que seguir con este esquema insuficiente”, sintetiza una calificada fuente del sector. Otro ejemplo de dolarización de hecho que afecta un servicio masivo y clave para la movilidad urbana.
Primer nivel
Muestra clave de la articulación de acciones entre las futuras gestiones del gobernador electo y su sucesor en la Capital, reclamada por miles de personas usuarias, la refuncionalización de los servicios urbano e interurbano depende de factores que se definen a nivel nacional, allí donde la ausencia de certezas siembra hoy más dudas. Principalmente sobre el reparto de subsidios que se dispone desde el Tesoro, guiado por un criterio que prioriza la cotidianeidad del AMBA y desdeña las complejas dinámicas de resto de las provincias del país.
La inequidad ha sido eje de reclamos de varias administraciones provinciales, especialmente las de Córdoba y Santa Fe, que han solicitado insistentemente una revisión de los cálculos que guían los repartos dispuestos por sucesivas gestiones nacionales. Con todo, admiten en corrillos provinciales, la situación podría ser aún peor si se concretase la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. En particular, si el líder libertario llegase, además, a cumplir su promesa de eliminar los subsidios para los sistemas de transporte provinciales.
Según la última actualización dispuesta por el gobierno nacional en mayo, el Ministerio de Transporte destina $7.000 millones por mes para el Fondo de Compensación al Transporte Público de pasajeros del interior del país. De ese total, a la provincia mediterránea le corresponde un 8,1%, equivalente a $567 millones.
Sometida a recálculos periódicos por el proceso inflacionario, la cifra es considerada insuficiente por las distintas partes del sistema. En particular los empresarios, quienes ya pidieron una actualización tarifaria que lleve el boleto a $320, 200 pesos más que el valor vigente desde el sábado 19 de agosto.
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Según afirma la Federación de Empresarios (FETAP), la actual referencia tarifaria no alcanza siquiera para el mantenimiento de las unidades. Entre sus argumentos destacan el aumento de combustibles, las actualizaciones paritarias y la devaluación dispuesta por el Gobierno tras las PASO.
“Las empresas del transporte ya piden $300 pesos y es una locura si lo comparamos con la Capital Federal, pero sin subsidios el valor del boleto podría llegar a 500 pesos”, explica una fuente que conoce el sistema de transporte en sus distintos niveles.
La búsqueda del culpable
Las principales críticas se dirigen a la gestión del Frente de Todos, que en sus comienzos planteó una revisión integral del sistema, pero terminó sucumbiendo ante una “ambarización” admitida hasta por su propia dirigencia.
Pocas certezas aporta, explican, la vieja promesa de unificación a partir del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), que reflotara en su reciente visita el candidato a presidente y ministro de Economía, Sergio Massa. "Sigue siendo cuestión de guita. No es cómo se paga, es cuánto se transfiere para que pague el usuario", sintetiza la voz consultada, en línea con el conocido reclamo del schiarettismo.
Sin embargo, los mismo voceros del cordobesismo recuerdan que el gobierno de Juntos por el Cambio tampoco trajo soluciones al problema. En 2018, por decisión del ministro Guillermo Dietrich, el jefe de Gabinete Marcos Peña y el presidente Mauricio Macri, se eliminaron los subsidios al interior. En 2019, después de duras gestiones, se aprobó la creación del Fondo Federal. Llaryora, entonces diputado, fue clave para ese proyecto. "Siguen siendo parches”, sostienen.
El repaso refuerza la descripción del estado de incertidumbre que envuelve a uno de los pilares de la gestión conjunta que proyecta el binomio de dirigentes que toma la posta del peronismo provincial. Atendiendo a las gestiones de JxC y UP en la Casa Rosada y a las propuestas de Milei, los actores principales en la contienda de octubre, las expectativas en la materia son escasas.
Integración y licitación
Del análisis se desprende otro de los problemas estructurales de los regímenes de transporte urbano e interurbano: su falta de adecuación a la integración de la capital y su área metropolitana. Eje de trabajo del Ente Intermunicipal de Gestión Metropolitana, que vincula a la capital con diez ciudades contiguas, la articulación de las modalidades de movilidad para casi dos millones de personas se torna urgente.
“Tenemos que avanzar hacia un sistema multimodal. Hoy el transporte masivo representa sólo el 15% de los viajes que hace la gente. El resto se mueve por otros medios. La participación del sistema público debería ser del 50% para evitar los problemas actuales”, analiza la fuente.
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Tal reformulación del sistema de transporte incluye una nueva licitación para renovación de concesiones, a realizarse el próximo año. Actualmente son tres las empresas que prestan servicios, la estatal TAMSE y las privadas Coniferal y Ersa. Esta última atraviesa un proceso de virtual retirada, con pérdida de corredores y escasa renovación de su parque automotor.
También merece atención la interna del gremio de choferes, la Unión Tranviarios Automotor. Aunque en los últimos años ha mantenido una buena relación con las autoridades, lejos del antagonismo que caracterizó el vínculo con el intendente Ramón Mestre, las pujas con la UTA nacional y los "extras" que requieren las partidas salariales mantienen luces de alerta.
