El intendente apartó al titular de Transporte, imputado por abuso sexual. Delegó a Rodrigo Fernández el manejo del área. La urgencia del servicio en el ajuste.
Daniel Passerini enfrenta su primer cambio de equipo tras la salida de su secretario de Transporte, Gabriel Bermúdez.
Gabriel Bermúdez negó las acusaciones por abuso sexual con un posteo en redes.
Antes de lo previsto, Daniel Passerini debe afrontar la primera situación crítica en su gabinete municipal. Tras el apartamiento de Gabriel Bermúdez, imputado por el delito de abuso sexual, el intendente de Córdoba decidió reforzar un esquema de contingencia para la continuidad del transporte público. Acudió a su mano derecha, el secretario de Gobierno, Rodrigo Fernández.
El esquema funciona desde febrero, tras la convergencia de variadas tormentas sobre la gestión: el cese en el envío de fondos para el servicio del interior del país, las reactualizaciones de los cálculos a que obliga el incremento de insumos clave (combustible, el primero) y la confirmación de la salida dela empresa correntina ERSA como prestataria del servicio.
Como secretario de Movilidad Urbana, Bermúdez era el representante del municipio en una mesa de la que participan funcionarios, autoridades de la estatal TAMSE, referencias gremiales y de Coniferal, única empresa privada que subsiste en el esquema.
Su desvinculación, estricta decisión del intendente, supone la salida de algo más que un simple interlocutor: el exfuncionario acusado es reconocido como una personas idónea en la materia.
Como tal, acredita experiencia en las áreas de Transporte de la Provincia y la Nación, a las que llegó como conocedor de ambos lados de la balanza: el Estado y la actividad privada.
Por el momento, la tarea de coordinación de la mesa ha quedado en manos de Fernández, el secretario de Gobierno, Fiscalización y Control de la Municipalidad de Córdoba y presidente Ente Intermunicipal de Gestión Metropolitana. Fuentes municipales reconocieron a Letra P que todavía no hay un nombre para ocupar de manera definitiva el despacho.
Mano derecha del intendente, es quien ha asumido la gestión de situaciones delicadas que ya se han desatado en un entorno crítico. Algunas de ellas alejadas del radar mediático, como la situación de los feriantes en distintos puntos de la ciudad o conflictos específicos en los entes descentralizados el municipio.
Con autorización para fungir como titular de Transporte desde hace días (Bermúdez había pedido carpeta para someterse a una intervención, según trascendió desde el Palacio 6 de Julio), Fernández tiene que afrontar dos situaciones candentes.
A corto plazo, la sostenibilidad del sistema, para el que ningún cálculo parece suficiente. A largo aliento, las expectativas en torno al nuevo esquema de transporte urbano, que deberá definirse en el año en curso.
Tras la poda de los fondos dispuesta por Javier Milei, el gobierno de la ciudad ha tomado una serie de medidas difíciles de sostener. Aunque desde el 17 de febrero, la tarifa del boleto urbano en Córdoba es de 700 pesos, de las más elevadas del país, los análisis aseguran que la cifra no cubre los costos necesarios. Cálculos oficiales hablan de 2.800 pesos para cada kilómetro recorrido por unidad, según la menguante cantidad de pasajeros en los últimos años.
La brecha ni siquiera se cubre con el refuerzo en las partidas presupuestarias dispuestas por Passerini y Bermúdez también el mes pasado. Aunque desde la oposición aseguran que la quita de fondos debería impactar en sólo 100 pesos sobre la tarifa, el municipio asegura que sólo su intervención evita hablar de cuatro cifras.
Tales aportes se suman a los que la intendencia realiza para compensar diferencias que existen en la paritaria nacional y operan como beneficio adquirido para los choferes. Estas partidas han garantizado el servicio en jornadas de paro nacional dispuesto por la Unión Tranviarios Automotor (UTA).
Para todos los actores en estas negociaciones sobre cálculos, el imputado exfuncionario aparecía como una voz confiable. El conocimiento completo del tablero y los jugadores podía motivar sospechas, especialmente en la oposición, pero suponía una (relativa) tranquilidad para los Ejecutivos.
Los problemas en el transporte público de Córdoba exceden a la naciente administración de Passerini. También a la de su antecesor, Martín Llaryora. Uno y otro han analizado recurrentemente la continuidad de un esquema vigente desde la licitación impulsada por Ramón Mestre en 2013.
Desde entonces, sólo una firma privada permanece. Se trata de Coniferal, que ahora absorbe una parte de los servicios que prestaba ERSA. De origen correntino, la deriva de esta firma grafica la inestabilidad del sistema: de jugadora principal, beneficiada con readjudicaciones y fusiones, pasó en pocos años a ser la más cuestionada por oficialismo y oposición. Sobre su paupérrimo servicio se centraban también buena parte de las críticas de los usuarios que esperan eternidades en cada parada.
Sin ella, con un esquema irrigado de subsidios que la Municipalidad reconoce finitos, la nueva gestión debe llamar a una nueva licitación. Sin fecha aún, hasta su convocatoria la Municipalidad deberá afrontar múltiples revisiones.
Lo saben también los voceros de una oposición que rápidamente sale a pedir explicaciones. Espadas parlamentarias ultiman pedidos de informe para presentar en el Concejo Deliberante. Exfuncionarios afirman que la contingencia no puede extenderse más allá de mayo.
El 25 de ese mes es la fecha en que se posan todas las miradas. Anfitriones involuntarios, Passerini y Llaryora no pueden darse el lujo de recibir visitas con las calles repletas de pasajeros de a pie.