Son cuatro peronistas y dos radicales. El Gobierno los aísla y la CGT confía en sus votos contra la reforma laboral. Necesidades, urgencias y apuesta colectiva.
Ricardo Quintela, Axel Kicillof GIldo Insfrán y Sergio Ziliotto.
Mientras la Casa Rosada afina la negociación con los gobernadores para avanzar con la reforma laboral en el Senado, el peronismo opositor unifica fuerzas con la CGT para intentar ponerle un freno de mano a la ley que obsesiona a la gestión de Javier Milei.
Tras el fracaso de la reunión en el CFI, Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Elías Suárez (Santiago del Estero) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego) improvisaron una reunión en la que sumaron a referentes de la CGT. El objetivo es coordinar acciones para dar forma a un plan de lucha que, entienden, podría trabar la aprobación de la ley en el Congreso.
Como ya contó Letra P, los mandatarios peronistas son los que mayor expectativa tenían en la previa del encuentro frustrado con sus pares de todo el país. Aislados de la negociación bilateral que propone la estrategia libertaria, esperaban consensuar en el CFI una postura conjunta para hacer frente al capítulo que baja el Impuesto a las Ganancias a las sociedades comerciales.
“Es una quita de recursos para las provincias a través de una política tributaria y fiscal que se incluye de forma incorrecta e indebida dentro de la reforma laboral”, consideró Quintela, que ofició de vocero de una reunión marcada por el hermetismo.
Desde comienzos de la gestión libertaria, los seis mandatarios armaron una especie de liguilla con la que se paran para resistir las consecuencias de un modelo nacional que, denuncian, tiene consecuencias extremas para las economías provinciales. Al principio, contaban al catamarqueño Raúl Jalil y al tucumano Osvaldo Jaldo, pero la avanzada libertaria se llevó puesto el esquema original. Quedaron ellos: cuatro peronistas más dos radicales, que desde la expansión kirchnerista participan activamente de las diferentes formas que fue asumiendo el panperonismo.
A diferencia de la mayoría de sus pares, los gobernadores que se reconocen opositores a la gestión de Milei no tienen posibilidades de acercar posiciones con el gobierno nacional. El único que logró esbozar algunos acuerdos fue Ziliotto, que viajó a la Casa Rosada tres veces desde las elecciones de octubre.
Entre los demás, el diálogo no sólo es cerrado, sino que el trato suele ser hostil. Milei eligió como enemigo público a Kicillof y el propio Diego Santilli, el ministro a cargo de la relación con las provincias, proyecta una exacerbación de su postura opositora pensando en las elecciones de 2027. El destrato es mutuo. La gestión bonaerense ubica cada una de sus políticas en las antípodas y reclama judicialmente por una deuda que, aseguran, ya suma 15 billones de pesos.
Algo similar sucede con Insfrán, el gobernador que se sostiene en el poder desde hace 30 años. En más de una oportunidad, los referentes de La Libertad Avanza avanzaron sobre el gobernador formoseño, al que consideran un referente emblemático de eso que la Casa Rosada llama “la casta”. Desde la irrupción violeta en la escena nacional y el fallo de la Corte Suprema que obligó a Insfrán a cambiar el capítulo electoral de la Constitución provincial, alfiles del Presidente reclaman la intervención de la provincia.
Kicillof e Insfrán se reunieron en Formosa a finales del año pasado. Fue el regreso del bonaerense a la provincia en la que había vivido a finales de los 90, cuando la era Gildo daba sus primeros pasos, pero también un paso más en el armado nacional que los gobernadores peronistas empiezan a cranear pensando en enfrentar a Milei en 2027.
De la necesidad de escaparse de la oposición para pegar el salto a una etapa propositiva también se alimenta la liguilla opositora. En la actualidad, el vértice es Kicillof, que firmó convenios con Ziliotto en La Pampa y participó de la jura de la nueva Constitución riojana con Quintela. El norteño fue otro de los que giró por el país cuando quiso hacerse cargo del PJ, intención que naufragó cuando CFK decidió su candidatura.
Kicillof e Insfrán fueron los dos peronistas que, a mediados de 2025, más fuerte golpearon a las expresiones locales de La Libertad Avanza. Las derrotas electorales que sufrieron en Buenos Aires y Formosa obligaron a recalcular la estrategia de la escudería libertaria, que por entonces nombró a su primer ministro de Interior. El elegido fue Lisandro Catalán, el hombre de Guillermo Francos que salió a abrir el diálogo con los gobernadores afines. Ninguno de los integrantes de la liguilla peronista estuvo en esa agenda primigenia.
Algo cambió luego de las elecciones de octubre. Ya en la última reunión que Francos le organizó a Milei, Ziliotto y Gerardo Zamora, el antecesor de Suárez en Santiago del Estero, se sumaron a la mesa del Presidente. Santilli se juntó luego con ambos y abrió un canal de negociación que no repercutió en el acompañamiento provincial en el Congreso. El Presupuesto se aprobó sin los votos de los santiagueños ni los de los peronistas pampeanos.
Desde que asumió como gobernador, Suárez no se reunió con referentes nacionales. Sí lo hizo Ziliotto, que logró destrabar fondos y avanza en el traspaso de obras a la juridicción provincial, aunque el pampeano ya avisó que no acompañará el paquete de medidas que el mileísmo quiere aprobar este mes.
Melella es uno de los últimos gobernadores que abrió un frente judicial con el gobierno libertario. Desde comienzos de año, su provincia sufre los efectos de la motosierra nacional, que ya desintegró el régimen especial fueguino y amenaza con herir de muerte a la industria nacional asentada en el territorio más austral de la Argentina continental. Sin embargo, los impactos sobre la economía provincial no son la única razón para que el gobernador se pare de manos ante la Casa Rosada.
A finales de enero, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) intervino el puerto de Ushuaia y retiró la administración que respondía al gobierno fueguino, que presentó una acción judicial ante el Juzgado Federal, al considerar la medida “inconstitucional, ilegítima y violatoria de la autonomía provincial”.
También Quintela tiene litigios abiertos con la administración nacional. El año pasado, la Corte Suprema habilitó un proceso de conciliación para avanzar en los reclamos por el punto de coparticipación que la provincia reclama desde 1988.
Con Martín Menem preparándose para una nueva pelea en 2027, Quintela también recuerda haber sido blanco de reiterados ataques libertarios en el comienzo de la era Milei, cuando lanzó el Chacho, la cuasimoneda que amenazó con iniciar una cadena emisiva que finalmente no existió. El riojano había dicho que, si Milei ganaba la elección, iba a renunciar. No lo hizo, pero esas declaraciones marcaron el inicio de una relación que nunca se encaminó.
“El gobierno nacional avanza con una ley que sigue vulnerando los derechos de los trabajadores y trabajadoras y avanza sobre el progreso de las provincias”, dijo luego de la reunión de la que también participó parte de la conducción de la CGT.
Los seis opositores tienen un diálogo permanente entre sí. Cruzan sus gestiones a partir de convenios específicos y buscan trazar puentes permanentes con otros mandatarios provinciales y las centrales sindicales.
La última foto conjunta fue en la previa de la discusión del Presupuesto y se arropó en el reclamo por mayor federalismo como una forma de canalizar las críticas al Presidente. Esta vez, además, suman la defensa de los derechos de los trabajadores, una de las banderas fundamentales del peronismo. Antes se habían juntado, en más de una oportunidad, con la CGT.
El miércoles, hasta la sede porteña del Banco Provincia, donde Kicillof recibió a Insfrán y Suárez, llegaron los triunviros Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello. Andrés Rodríguez y Héctor Daer también fueron de la partida.
Según trascendió, la idea es sostener reuniones periódicas para proyectar un “plan de lucha” contra la reforma, en una batalla que los peronistas entienden que no se terminará con la votación en el Senado. “La ley ataca al conjunto de los trabajadores, pero también a las administraciones provinciales, porque nos quitan recursos y nos impiden subir salarios y mejorar la calidad prestacional de los distintos servicios”, dijo Quintela.
Mientras una marcha federal que busca nacionalizar el reclamo de las centrales sindicales comenzó este jueves en Córdoba y los gobernadores dialoguistas esquivan, al menos públicamente, audiencias con los referentes gremiales, la CGT se reunirá este viernes para definir acciones en la previa del debate del miércoles en el Senado.