Abrió la importación de productos electrónicos y en compensación a las empresas del sector las liberó de aportar al FAMP. La provincia pierde por todos lados.
Javier Milei con los trabajadores de Tierra del Fuego, en plena crisis del empleo en la isla
La decisión del gobierno de Javier Milei de modificar el funcionamiento del Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP) volvió a encender la disputa con Tierra del Fuego y sumó una nueva batalla con el gobernador Gustavo Melella, uno de los cuatro mandatarios opositores sin diálogo con la Casa Rosada.
A través de una resolución publicada este miércoles, el Ministerio de Economía fijó “en cero por ciento (0%)" el aporte que deben cumplir las industrias para mantener los beneficios del subrégimen de promoción industrial al que se encuentran adheridas, como la exención del IVA. Antes era de 15 puntos. La normativa busca mitigar los efectos sobre las empresas de la apertura de importaciones y la eliminación de aranceles para celulares en la provincia dispuesta por la Casa Rosada en mayo pasado y efectivizada hace diez días.
En la práctica, la decisión reduce de manera significativa el volumen de recursos disponibles y limita el alcance del fondo, clave para que la provincia diversifique su economía.
La medida llegó pocos días después de la quita de aranceles a la importación de celulares y casi al mismo tiempo que la intervención del puerto provincial, lo que pone jaque la economía de de la provincia más austral de la Patagonia.
El FAMP fue creado en 2021, durante el gobierno de Alberto Fernández, en el marco de la prórroga del subrégimen industrial de la ley 19.640 hasta 2038. El fondo se nutre de aportes de las empresas radicadas en el régimen promocional y tiene como objetivo financiar proyectos productivos, de infraestructura y de diversificación económica, tanto del sector público como del privado, para reducir la dependencia de la electrónica.
Voceros del Ejecutivo fueguino explicaron a Letra P que el impacto de la resolución que lleva la firma del del secretario de Comercio, Pablo Lavigne, no se reflejará de manera directa en la recaudación provincial, ya que los aportes se canalizan a través de un fideicomiso administrado por la Nación, pero sí afectará de lleno la posibilidad de acceder a financiamiento para proyectos estratégicos. “Se ve perjudicada la capacidad de la provincia y de los municipios de presentar iniciativas de infraestructura y desarrollo”, advirtieron.
Otro de los puntos que genera mayor preocupación en la isla es que la modificación elimina la obligación de las empresas beneficiadas de reinvertir parte de sus ganancias en la provincia. “Se las libera de una responsabilidad central para el desarrollo local”, señalaron en el gobierno fueguino, que interpreta la medida como coherente con la estrategia nacional de reducción de costos y mejora de competitividad, aun cuando eso implique debilitar el entramado productivo y territorial.
Este medio intentó comunicarse con la titular del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina, Noelia Ruiz, para conocer su posición sobre los cambios introducidos, pero en el organismo evitaron realizar declaraciones.
Pese al recorte, la resolución aclara que la reducción de aportes no libera a las empresas que ya se hayan adherido al régimen del Decreto 727/21 del cumplimiento de los proyectos propios que hubieran sido aprobados por el Comité Ejecutivo del FAMP.
En ese sentido, los proyectos privados que ya cuentan con aval seguirán su curso. La normativa establece además que, en caso de incumplimiento, las empresas deberán integrar al FAMP los aportes retenidos para la ejecución de esos proyectos, junto con los intereses correspondientes, hasta completar su finalización.
Según datos oficiales, para mediados de 2025, la administración del Fondo desembolsó importantes sumas de dinero para los tres municipios de la provincia, a la vez que destrabó el financiamiento para la Central Eléctrica de Ushuaia solicitado por el gobierno de Melella.
En el sector privado, las empresas del subrégimen industrial han recibido la aprobación de 13 proyectos productivos que incluyen inversiones en turismo, hotelería, pesca, alimentos y logística portuaria. Entre ellos destacan el proyecto para construir un puerto de Mirgor, la empresa de Nicolás Caputo, con un monto de 85.093 millones de pesos y la iniciativa de IATEC y otras empresas asociadas para un hotel de lujo de cinco estrellas por casi $25.000 millones.
Otros proyectos de relevancia incluyen desarrollos hoteleros de lujo y plantas de procesamiento de alimentos y residuos.
La revisión del esquema fue fogoneada por la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE). Fuentes del sector señalaron a este medio que la eliminación de aranceles para celulares y otras políticas impulsadas por el Gobierno modificaron de manera sustancial la ecuación económica y la competitividad de su producción.
En ese marco, recordaron que el artículo 5 del decreto de creación del FAMP prevé la revisión de los aportes en caso de cambios en las condiciones tributarias o arancelarias. “Ese fue el criterio y se trabajó además en conjunto con la Unión Industrial Fueguina”, explicaron, al tiempo que advirtieron que el impacto excede a la electrónica y alcanza al conjunto de la actividad económica de la provincia.
La modificación del FAMP se suma así a una secuencia de decisiones que, desde la óptica del gobierno fueguino, configuran una ofensiva directa sobre el régimen industrial. Para Melella, la quita de aranceles, la intervención del puerto y ahora el recorte al FAMP forman parte de una misma lógica: debilitar las herramientas con las que Tierra del Fuego buscó sostener empleo, inversión y una estrategia de desarrollo más allá de la electrónica.