El gobernador rechazó la medida. La consideró un ataque a la autonomía provincial, como gran parte del arco político. El team libertario bancó a la Casa Rosada.
Tierra del Fuego: la intervención del puerto de Ushuaia ensanchó la grieta entre Gustavo Melella y LLA
regLa decisión del gobierno de Javier Milei de intervenir este miércoles el puerto provincial de Ushuaia abrió un nuevo frente de conflicto político e institucional en Tierra del Fuego, en un contexto ya marcado por la tensión entre la Casa Rosada y la gestión del gobernador Gustavo Melella, enrolado en el kirchnerismo.
La medida del gobierno libertario fue rechazada de manera mayoritaria por el arco político provincial, pero contó con el respaldo explícito de La Libertad Avanza en la provincia.
La intervención se inscribe además en un vínculo deteriorado entre la Nación y el Ejecutivo fueguino, atravesado por la quita de aranceles a la importación de celulares —una decisión que impacta de lleno en la matriz industrial de la provincia— y por el aislamiento político del gobernador.
En ese marco, el Puerto de Ushuaia, uno de los principales activos económicos y geopolíticos del distrito y puerta de entrada al Atlántico Sur y la Antártida, quedó en el centro de una disputa que excede lo administrativo.
Melella fue una de los primeras voces fueguinas en salir públicamente al cruce de la decisión nacional. A través de sus redes sociales, cuestionó con dureza la intervención y la enmarcó en una política más amplia de avasallamiento de las autonomías provinciales.
“Una vez más el gobierno nacional avanza sobre las provincias, desconociendo nuestras competencias y afectando el desarrollo estratégico de Tierra del Fuego”, sostuvo Melella, quien remarcó que el puerto de Ushuaia funciona con normalidad y cumple con todos los estándares internacionales de seguridad y operación.
El mandatario fueguino advirtió además que la medida “no tiene sustento técnico ni jurídico” y alertó sobre sus consecuencias económicas y geopolíticas: “Nuestro puerto es clave para la actividad turística, logística y antártica. No vamos a permitir decisiones arbitrarias que perjudiquen a la provincia y a su gente”.
La senadora peronista Cristina López también expresó su rechazo a la intervención. La legisladora fueguina calificó la decisión de la Casa Rosada como un atropello al federalismo y denunció que se trata de una maniobra que desconoce las competencias provinciales sobre sus recursos estratégicos.
López advirtió que el puerto no es solo una infraestructura local, sino una pieza central para la soberanía argentina en el Atlántico Sur y la proyección antártica. En ese marco, sostuvo que avanzar sobre su administración provincial implica debilitar el rol del Estado fueguino y afectar intereses estratégicos de largo plazo.
El rechazo a la intervención no se limitó al oficialismo provincial. Figuras de distintos espacios políticos también se pronunciaron contra la decisión del Gobierno, coincidiendo en que se trata de un avance indebido sobre las facultades de la provincia.
El legislador provincial de Provincia Grande, Matías Lapadula, cercano al intendente de Río Grande, Martín Pérez, sostuvo que la intervención “no tiene justificación real” y la vinculó con una política sistemática de recentralización. “Cuando un puerto estratégico funciona y da resultados, intervenirlo no es ordenar: es disciplinar a una provincia que no se alinea”, planteó.
En la misma línea, el legislador Raúl Von der Thusen cuestionó el trasfondo de la medida y advirtió sobre sus implicancias institucionales. “Bajo supuestos argumentos técnicos se esconde una decisión política que vulnera la autonomía de Tierra del Fuego”, señaló y reclamó respeto por el federalismo y por los organismos provinciales.
El presidente de la dirección provincial de Puertos, Roberto Murcia, también rechazó la intervención y la calificó como “un grave ataque a la autonomía provincial”, además de cuestionar la consistencia jurídica y técnica de la resolución nacional.
Murcia señaló que la medida presenta contradicciones internas, ya que dispone la intervención del puerto, pero suspende la inhabilitación para no afectar la operatoria, lo que —según sostuvo— demuestra que no existen riesgos reales en materia de seguridad o infraestructura. En ese sentido, remarcó que el puerto de Ushuaia opera con normalidad, registra récords de recaladas y cumple con los estándares internacionales exigidos por las principales navieras y líneas de cruceros.
El funcionario confirmó que el Ejecutivo fueguino avanzará con acciones administrativas y judiciales para revertir la decisión, al considerar que se utilizan argumentos técnicos “sin sustento real” para justificar una intervención arbitraria.
El único respaldo explícito a la decisión del Gobierno llegó desde la franquicia local de La Libertad Avanza. Aunque el partido no se pronunció públicamente, en diálogo con Letra P el diputado por Tierra del Fuego Miguel Rodríguez sostuvo que la intervención dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación se basó en la detección de “irregularidades en el manejo de los fondos, desvíos presupuestarios y fallas en la infraestructura del puerto”.
Según explicó, la medida fue adoptada luego de que se solicitaran informes a la administración provincial sin obtener respuestas y tras advertencias realizadas tanto por trabajadores del puerto como por empresas navieras que operan en Ushuaia.
“Hubo pedidos de informes sobre el manejo de los fondos y sobre las fallas estructurales que sufre hoy el puerto, pero el gobierno de la provincia no dio ningún tipo de respuesta”, afirmó.
Rodríguez agregó que, de acuerdo a la información relevada, no existía un registro claro de ingresos y egresos y que la administración financiera se encontraba tercerizada en una empresa “sin la idoneidad necesaria”. En ese marco, señaló que más del 30% del presupuesto del puerto habría sido destinado a gastos provinciales, pese a que la normativa establece que esos recursos deben reinvertirse en la propia infraestructura portuaria.
“Esto no es una persecución ni un ataque a Tierra del Fuego, sino la consecuencia directa de muchos años de desidia, desorden y uso político de los fondos que son de todos los fueguinos”, sostuvo el diputado libertario y concluyó: “El puerto no puede seguir siendo una caja del poder político. Tiene que estar al servicio de los trabajadores fueguinos y de la producción local, no de la política del gobernador de turno”.