LA GRIETA ETERNA

El show del juicio político y el fantasma peruano

El recurso extremo de la oposición tras el gaffe del Presidente podría abrir una puerta peligrosa. El espejo de la inestabilidad eterna en la región.

El simbólico pedido de juicio político presentado por Juntos por el Cambio (JxC) en la Cámara de Diputados contra Alberto Fernández, construido sobre la comparación que el Presidente hizo entre el fiscal Diego Luciani y el fallecido Alberto Nisman, atrae los fantasmas de guerra institucional que se propagan por Perú, que ya se cobró el mandato de cuatro jefes de Estado, hunde al país andino en arenas movedizas de ingobernabilidad y amenaza con romper una de las cualidades de la Argentina en una región convulsionada: la fortaleza de sus poderes gubernamentales y las bases de su sistema democrático.

 

“Hasta acá, Nisman se suicidó. Espero que el fiscal (de la causa Vialidad) Luciani no haga algo así”, fue la frase del primer mandatario que utilizó la oposición para justificar la presentación de la medida extrema en la Cámara baja, al invocar la violación del artículo 109 de la Constitución por parte del jefe de Estado por considerar “temerarias y amenazantes” sus declaraciones. A pesar de que la iniciativa no prosperará en el recinto por falta de votos, abre una puerta peligrosa para la Argentina que cuenta con una serie de graves antecedentes en la región: la resolución de disputas y diferencias políticas a través de rencillas judiciales capaces de entorpecer la gestión gubernamental y el voto popular de la sociedad.

 

En un continente latinoamericano golpeado por una yuxtaposición de crisis política, económica y social, el ejemplo más claro y peligroso es Perú. En 2018, el sistema nacional andino inauguró una espiral de peleas institucionales entre oficialismos y oposiciones que ya se devoró a cuatro presidentes bajo el armado de juicios políticos poco claros -relacionados con causas de corrupción- liderados por las fuerzas conservadores que encontraron en esta herramienta legislativa la forma de intentar imponer su modelo nacional rechazado por el voto popular. 

 

El primero de la lista fue Pedro Pablo Kuczynski (PPK), quien en 2018 renunció para evitar ser sometido al ojo judicial del Congreso; en 2020, fue su sucesor, Martín Vizcarra, quien sufrió el derrumbe de su mandato por los constantes ataques del Poder Legislativo; lo siguió Manuel Merino, quien ocupó el cargo un puñado de días hasta renunciar luego de haber ordenado la represión de una protesta social. El cuarto fue Francisco Sagasti, el hombre que logró encauzar el barco unas semanas para entregarle el mandato al actual jefe de Estado, Pedro Castillo, quien naufraga en las costas de Lima ante las nuevas no tan nuevas tempestades legislativas.

 

En Perú, el Congreso se ampara en la figura de “incapacidad moral”, estipulada en el artículo 113 de su Constitución, para destituir al jefe de Estado con el voto de 87 de las 130 bancas que componen el Congreso. El problema apareció cuando la oposición legitimó este recorrido para dirimir disputas políticas en vez de hacerlo a través de las elecciones democráticas. Desde que los sectores cercanos al dictador Alberto Fujimori abrieron la puerta contra Kuczynski, esta ya no se pudo cerrar. En los últimos cuatro años pasaron cinco mandatarios, dos poderes legislativos y un sinfín de disputas y negociaciones oscuras de espalda a la sociedad, que solo deslegitiman a la política y promueven opciones por fuera de los límites antes pensados. Hoy, el outsider Pedro Castillo. ¿Mañana? ¿Javier Milei en Argentina

 

“No se pueden realizar pedidos de juicio político de forma prematura, por la gravedad institucional que esto implica”, aseguró el diputado de la Unión Cívica Radical (UCR) Facundo Manes, quien no acompañó el pedido de su bloque contra Fernández por considerar que “es un error sacar esta discusión del plano de la justicia y llevarla a la política”. Como relató Letra P, el intento de destituir al Presidente encuentra una aritmética adversa para la oposición porque no solo no tiene los votos necesarios, sino porque, además, tampoco hay un criterio unificado en esa coalición.

 

Si la oposición peruana encuentra espacio para navegar en la “incapacidad moral” del Ejecutivo, la argentina busca hacer lo mismo en el sistema local. El artículo 53 de la Constitución establece tres causales para avanzar, en este caso, contra el mandatario: mal desempeño, delito en el ejercicio de sus funciones y crímenes comunes. ¿Qué es el mal desempeño? ¿Qué es la incapacidad moral? Respuestas que se encuentran más en la capacidad de reunir los votos que en la Carta Magna.

 

El último intento de acabar con el prematuro gobierno de Castillo es característico. La oposición lo denunció por el delito de traición a la patria luego de que el jefe de Estado manifestara, en una entrevista, que “se necesita que el pueblo se manifieste” para avanzar en un posible acuerdo para que Bolivia consiga una salida al Océano Pacífico a través de Perú. “No estoy diciendo que le voy a dar mar a Bolivia”, aclaró mientras hablaba con la CNN, pero ya era demasiado tarde: la oposición vio una nueva veta, recurrió a la justicia y ahora busca destronar a un líder sindical que llegó al poder con las promesas de realizar una reforma constitucional y una reforma agraria. “Hubo una enorme tergiversación”, dijo Alberto Fernández sobre sus dichos, pero también ya era tarde. 

 

Desde que llegó a la Casa Rosada -antes que por los votos, por decisión de Cristina Kirchner-, Fernández busca formarse como líder regional a partir de la presidencia que ostenta en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y del aislamiento internacional de su par brasilero, Jair Bolsonaro. Para ello, cuenta con una característica argentina que, en tiempos de tensiones y crisis, no pasa desapercibida para el mundo: la estabilidad política. Ante un Chile que vive un proceso constituyente, un Brasil comandado por la ultraderecha, una Colombia envuelta en protestas, un Ecuador enredado en paros nacionales y una Venezuela hundida en una crisis, el rol de las instituciones argentinas no es poca cosa. El recurso extremo de la oposición combinado con los antecedentes vecinos puede abrir una puerta a la oscuridad imposible de cerrar.

 

El gobernador Maximiliano Pullaro junto al ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini (izq.), el secretario de Desarrollo Industrial, Guillermo Beccani en la reunión con mineras. 
Arabela Carreras espera el tiempo para un posible retorno.  Hoy se dedica a la docencia en San Carlos de Bariloche.

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