Tras los megaoperativos de 2025, la causa judicial se desinfló, pero persisten las disputas políticas y sindicales.
A un año de los allanamientos y detenciones que pusieron a La Salada en el centro de la escena nacional, la causa judicial que apuntaba contra las autoridades de las ferias Punta Mogote, Ocean y Urkupiña perdió fuerza. La mayoría de los imputados fueron sobreseídos y recuperaron la libertad, mientras el complejo atraviesa nuevas disputas alrededor de su funcionamiento.
El operativo, impulsado durante la gestión de Patricia Bullrich en Seguridad, había sido presentado como un golpe histórico contra maniobras de evasión, asociación ilícita y lavado de activos. Incluso incluyó la exhibición pública de vehículos de alta gama secuestrados frente al Departamento Central de Policía. Sin embargo, con el correr de los meses, la causa se fue desinflando en los tribunales federales.
Entre los detenidos estuvo el empresario Jorge Castillo, quien pasó varios meses alojado en el penal de Marcos Paz. Pese al impacto mediático inicial, las acusaciones no terminaron de consolidarse y el expediente dejó más interrogantes políticos que condenas judiciales.
Mientras tanto, el panorama dentro de La Salada sigue lejos de la normalidad. A pesar de algunas campañas impulsadas por el Banco Provincia y ARBA para promover la formalización y bancarización de los feriantes, comerciantes del sector aseguran que la feria todavía siente el impacto de la crisis reputacional y de la caída del consumo.
Además, continúan las intervenciones judiciales promovidas por la fiscal María Cecilia Incardona y avaladas por el juez federal Luis Armella, una situación que mantiene abierto el conflicto sobre el futuro administrativo y comercial del predio.
En paralelo, otro foco de tensión apareció sobre el margen porteño del Riachuelo. Allí, ACUMAR frenó la instalación de nuevos puestos feriales sobre el camino de sirga, una iniciativa que había contado con autorización de la Administración General de Puertos.
La discusión abrió un nuevo frente político. Mientras algunos sectores interpretaron el avance como un intento de ampliar el negocio ferial hacia territorio porteño, otros apuntaron a la falta de controles y a las inconsistencias administrativas del proyecto. En el organismo ambiental aseguran que ni siquiera existía un pedido formal de habilitación.
La polémica también generó ruido dentro de la gestión de la Ciudad y entre vecinos y comerciantes de la zona, que rechazaron el desembarco de nuevos puestos callejeros en un área sensible del borde costero.
El conflicto escaló aún más por la participación de la llamada “Mutual de Puesteros y Feriantes 22 de Enero”, autorizada para gestionar esos espacios pero cuestionada por sectores sindicales vinculados al SUTFRA.
La actual conducción del gremio, encabezada por Mariana Berbeglia, sostiene desde hace meses una disputa judicial y política con referentes desplazados tras las elecciones internas de 2024. Entre ellos aparece Alejandro Ajeibom, señalado por su cercanía con el exdirigente Walter Godoy, detenido en una causa por presuntas maniobras de extorsión a feriantes.
En ese contexto, lo que parecía un expediente judicial cerrado terminó derivando en una trama más compleja: internas sindicales, disputas políticas y un negocio multimillonario que sigue generando tensión en el conurbano bonaerense.