Desde el 13 de junio, Ecuador vive una nueva escena local de protestas sociales que amenaza con generar una película regional a raíz de las consecuencias de la pandemia de Covid-19 y la guerra en Ucrania. El poderoso movimiento indígena inició este lunes la segunda semana de protestas para exigir la satisfacción de diez demandas elevadas al presidente, Guillermo Lasso, que apuntan a reducir el costo de vida. Ante un oficialismo que brinda respuestas que parecen no ser suficientes y que apela al uso de las Fuerzas Armadas para evitar lo que señala como un “intento de golpe de Estado” -la represión ya dejó dos muertos-, la tensión vuelve a crecer en un país con un pasado reciente convulsionado.
A raíz de acuerdos incumplidos y la imposibilidad de resolver las demandas a través del diálogo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) inició movilizaciones alrededor de un petitorio de diez exigencias que incluye la reducción del precio del combustible utilizado para la agroindustria, un alivio económico para las familias endeudadas, precios justos para las producciones del campo, el fin de las actividades extractivistas que atentan contra el medioambiente y los procesos de privatizaciones iniciados por el gobierno, mejoras en la salud y la educación y el control de la ola de violencia que azota a todo el país. A medida que las protestas fueron acercándose a Quito, a pesar de la represión, fueron creciendo y sumando a sectores, como organizaciones estudiantiles, culturales y civiles.
En diálogo con Letra P desde una de las protestas, Andrés Pilamunga, dirigente del Comité de la Agricultura Familiar Campesina, denunció que el campesinado “jamás fue atendido” por Lasso a pesar de haber sido los responsables de “la alimentación del país” durante la pandemia de Covid-19. “Somos perseguidos por los préstamos, no tenemos educación ni salud y estamos caídos económicamente en la miseria, el hambre y la migración”, agregó. A medida que las protestas se endurecen y la represión se intensifica, agregó: “Los sectores populares se activan cada vez más en contra de las medidas neoliberales. No es solo el movimiento indígena. Todos los sectores sociales estamos unidos”.
Desde el Palacio de Carondelet, Lasso enfrenta su primera gran período de protestas sociales e indígenas por parte de los mismos actores que en 2019 hicieron tambalear al entonces presidente, Lenín Moreno. Ante este escenario, respondió a través de dos caminos diferentes. En un primer momento, con represión. El 18 de junio, las provincias de Pichincha, Imbabura y Cotopaxi fueron declaradas en estado de excepción -la medida se extendió después a otras tres-, la región de Quito entró en “zona de seguridad” con toque de queda nocturno y las Fuerzas Armadas fueron movilizadas a las calles para evitar la llegada de las protestas a la capital. Esto estuvo acompañado de una fuerte campaña discursiva a través de la cual denuncia un intento de golpe de Estado por parte de sectores comandados desde Bélgica por el expresidente Rafael Correa, exiliado en ese país. “No quieren la paz, buscan el caos. Quieren botar al presidente. Democracia o caos, esa es la gran batalla”, aseguró Lasso en un video publicado en las redes sociales.
En un segundo momento, lo hizo a través de anuncios que buscan resolver las demandas y la convocatoria a una (nueva) mesa de diálogo que, por ahora, parece lejos de formarse. A una semana del inicio de la crisis, elevó el Bono de Desarrollo Humano de 50 a 55 dólares, duplicó el presupuesto destinado a la educación bilingüe y anunció el subsidio del 50% del precio de la urea para la agricultura. El movimiento indígena “saludó” este anuncio, pero lo consideró insuficiente y exigió su cumplimiento efectivo ante el engaño de negociaciones y promesas pasadas que finalmente fueron incumplidas. “Es un ofrecimiento irrisorio que no se va a cumplir”, consideró Pilamunga, mientras que otra fuente vinculada a la organización de las protestas consultada por este medio consideró que los sectores movilizados exigen “resultados”.
En comunicación con Letra P, la politóloga y docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) Sofía Cordero consideró que el gobierno enfrenta dos crisis simultáneas que constituyen un intento de “golpe de Estado”. Por un lado, la protesta callejera a partir de reclamos válidos y urgentes que ya superó a las organizaciones indígenas al sumar a sectores urbanos y sindicales; por el otro, “el intento de desestabilización del Congreso”. “El correísmo logró una nueva mayoría en la Asamblea Nacional y busca bloquear cualquier acción del Ejecutivo porque quiere volver al poder”, analizó.
La relación entre Lasso y la única cámara legislativa que existe en el país es tormentosa desde su llegada al poder. Incluso antes de asumir, su alianza legislativa se rompió y, a principio de mes, su presidenta, Guadalupe Llori -la primera mujer indígena en llegar al cargo-, fue destituida a pesar del rechazo oficialista. Esta mala relación lo llevó a decir, por ejemplo, que debía gobernar “sin considerar que existe la Asamblea Nacional”.
Según Cordero, este combo en el cual crecen las demandas callejeras y las tensiones políticas entre los distintos estamentos del Estado hace que “el escenario esté muy abierto”, por lo cual, a pesar de que no se descarta una salida negociada -como ocurrió en 2019-, todavía “puede haber mucha violencia”. “El gobierno podría llamar a la muerte cruzada para convocar a nuevas elecciones o podría hacerlo la Asamblea”, anticipó y no descartó que “el Congreso destituya al presidente por conmoción nacional”.
En este contexto de crisis desatado por el aumento de la energía y el empobrecimiento de la calidad de vida, producto de la pandemia y la guerra en Ucrania, Ecuador enfrenta un nuevo período de protestas que marcarán (otra vez) el rumbo del gobierno y su futuro.
