La Justicia puede definir el 2027 en tres provincias. Melella analiza si apela la última traba a su reforma constitucional. Los casos en Neuquén y Santa Cruz.
Gustavo Melella junto a sus pares de la Patagonia.
El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, definirá en los próximos días, en el extremo sur de la Patagonia, si acepta el fallo de la Justicia Electoral que le trabó la convocaria a elecciones constituyentes para la reforma que pretende en su provincia, o si resiste y pretende avanzar saltando esa traba.
Fiel a su estilo, decidirá en el último momento que le brinda el plazo legal, si apela la decisión de la Justicia que consideró inválido el decreto de convocatoria y le puso otro freno a su avanzada.
La constituyente fueguina es, acaso, la más potente de las batallas institucionales de fuste que en la zona sur se mudaron al Poder Judicial. Por moda o como modo, las disputas políticas más fuertes de la región saltaron de los parlamentos o las calles hacia los palacios tribunalicios.
El entorno y los asesores del gobernador Melella se debaten ahora sobre qué paso dar en la pelea por la reforma constitucional, que ya se topó con varios obstáculos en el camino. El último fallo de la Justicia Electoral local se puede apelar. Esa es una de las opciones que está sobre la mesa, la otra es aceptar una “derrota digna” en un contexto en el que Melella luce acorralado y en crisis política.
Como contó Laura Funes en Letra P, la reforma constitucional aparece al borde del naufragio y es Melella el que tiene que definir si se rinde o para saciar su ambición elige la estrategia de dar un manotazo de ahogado.
La Constituyente tiene una discusión de fondo porque se la convoca, entre otras cosas, bajo el argumento de evitar las reelecciones legislativas indefinidas, pero la oposición sospecha que detrás de ese argumento hay un oculto deseo de facilitarle una re-reelección a Melella, que podría quedar habilitado para un tercer mandato por el sólo reseteo institucional que generaría una nueva Carta Magna.
Aún siguiendo esa lectura, en las huestes opositoras entienden que el oficialismo se juega algo más que la posibilidad de una nueva candidatura de Melella. "Le interesa más poder ser candidato que lograr otro mandato", dijo a este medio una de las voces que se paran en la vereda más alejada al mandatario de FORJA. En el fondo, creen que, atrapado en la crisis, Melella usará esa carta para negociar su futuro con sus socios políticos. Incluso los que se alejaron de su gestión en el último tiempo.
La reforma que pretende Melella está cruzada por las marchas y contramarchar de la Justicia y la Legislatura provincial. De hecho, la jueza electoral basó su último fallo en la permanencia de un recurso de queja que la oposición presentó ante la Corte Suprema de Justicia. Según Mariel Zanini, el Poder Ejecutivo avanzó con la convocatoria electoral sin que estuviera cumplida una condición previa impuesta por el Superior Tribunal de Justicia en la causa “Lechman, Jorge Andrés c/ Provincia de Tierra del Fuego AEIAS s/ Acción Meramente Declarativa”. En aquella sentencia, el máximo tribunal provincial había otorgado al Ejecutivo un plazo de 210 días para convocar a elecciones de convencionales constituyentes, pero condicionó expresamente el inicio de ese plazo a que el fallo quedara “firme”. El recurso ante la Corte pone puntos suspensivos sobre esa "firmeza".
Así como en Tierra del Fuego se juega esa pelea de fondo, otros gobernadores de las provincias de la región también abrieron frentes en la Justicia. Ese peloteo genera demoras en la toma de decisiones, y en ocasiones incluso indefiniciones. Pero también puede representar triunfos políticos.
Los dimes y diretes en torno a ese proceso de judicialización de la política navegan entre las imposibilidades o desconfianzas para generar consenso con sectores opositores. Es un modo de tirar la pelota para otro lado. Buscar los tribunales también aparece como opción cuando “no queda otra”.
En algunos casos, además, el escenario judicial es el que abre las puertas al ejercicio de una defensa frente a los avances del gobierno nacional libertario sobre recursos y derechos conquistados por las provincias.
Como contó César Pucheta en Letra P, el otro gran conflicto político judicializado este año fue en Santa Cruz. El gobernador Claudio Vidal tuvo que atravesar una larga e intensa disputa para la ampliación del Tribunal Superior de Justicia. Después de los choques y rispideces entre el Ejecutivo, la Legislatura y el propio Poder Judicial, la historia se saldó con la intervención de la Corte Suprema.
Cerrado el capítulo del conflicto, Vidal empezó de facto el resideño del organismo, desde lo institucional y desde los nombres y apellidos. También quedaron a cielo abierto las grietas dentro del propio TSJ, que parecen una subtrama de la pelea entre el oficialismo local y el kirchnerismo, que en el oficialismo santacruceño entienden como la madre de todas las batallas de cara al 2027.
Mientras tanto, las grandes apuestas que tiene en este tiempo el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, también se disputan en la Justicia. El plato fuerte, que es la repartija de Aportes del Tesoro Nacional, ya está bajo análisis de la Corte.
El sueño de que la provincia sea efectivamente un faro contra la avanzada antifederalista de Javier Milei se juega además en la Justicia Federal, donde el gobierno presentó un amparo colectivo ambiental contra la Ley de Glaciares, con el respaldo de la Universidad y de organizaciones que defienden los recursos hídricos.
Esa puja tiene dos instancias y la Cámara Federal de Bahía Blanca será quién resolverá si la nueva legislación se suspende de modo urgente o no. A su vez, en Santa Rosa, el juez Juan José Baric define la cuestión de fondo y absorbe la totalidad de los amparos que se presenten por el tema, incluyendo el recurso masivo que tiene más de 850 mil firmas.
La Pampa eligió ese camino porque ya disfrutó de los dulces resultados e impactos de una victoria judicial cuando se vuelve política: el histórico juicio por “el robo del río Atuel” es el mejor ejemplo. Y hay otro hito reciente: en un contexto de recorte y discriminación financiera, Ziliotto logró arrancarle al ministro Toto Caputo fondos previsionales adeudados tras la intervención de la Corte.
Los gobernadores de Neuquén, Río Negro y Chubut, las otras provincias de la Patagonia, también han recorrido en este tiempo pasillos judiciales para buscarle solución a problemas políticos.
Ignacio Torres formalizó el reclamo por la retención de la coparticipación. También hizo un planteo por los recortes a los subsidios del transporte. En ambos casos, los organismos inferiores terminaron pateando la pelota a la Corte.
Rolando Figueroa, judicializó el paso de la motosierra que mochó el Fondo de Incentivo Docente (FONID) en todo el país. Hizo lo propio con la puja por los fondos previsionales de Neuquén y el movimiento tuvo un papel central para encontrar un canal administrativo de acuerdo parcial.
En su provincia, también se jugó en los tribunales la situación de la, ahora, exvicegobernadora Gloria Ruiz. Por estas horas, incluso, la situación del PJ provincial tiene capítulos judiciales, que amenazan con romper la normalización que se propuso llevar adelante el intendente de Vista Alegre, José Asaad. De la definición de ese conflicto depende el futuro del peronismo neuquino que, en su columna opositora, todavía no sabe si podrá contar con la herramienta electoral partidaria para enfrentar a Figueroa.
Alberto Weretilneck, en Río Negro, judicializó el deterioro de las rutas nacionales tras el abandono del gobierno nacional. Junto a intendentes y organizaciones locales presentó a mediados del año pasado un amparo colectivo. Todavía no logra cerrar los acuerdos respecto a cómo será el traspaso anunciado por el gobierno de Javier Milei.