UNA OFENSIVA INVIABLE

La aritmética de un juicio político para la tribuna

La alianza opositora no reúne los votos para avanzar con un pedido que, además, se hunde en sus proias grietas. Cómo se activa el mecanismo. La mayoría del FdT.

La comparación que hizo el presidente Alberto Fernández entre el fiscal federal de la causa Vialidad Diego Luciani y el fallecido Alberto Nismanreordenó una interna dentro del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara Diputados. Las declaraciones sirvieron para que una gran parte quienes se resistían a firmar un pedido de juicio político en su contra finalmente lo hicieran. La decisión no es unánime y lo demostró el radical Facundo Manes, que no avalará el proyecto. Aun así no tiene chances de prosperar, porque el oficialismo tiene mayoría en la Comisión de Juicio Político, pero será una ofensiva que resonará con fuerza en la sesión del próximo 31. 

 

Dentro del mayor espacio opositor no eluden que no tienen los votos suficientes para impulsarlo. Tal como ha sucedido con los otros que ya han sido presentados en la comisión que preside la entrerriana Carolina Gaillard, del Frente de Todos. Tiene como vicepresidente al titular del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López. De sus 31 integrantes, el oficialismo tiene una mayoría de 16 y la posibilidad de decidir si activará o no la comisión para tratar los pedidos que han ingresado. Para forzar que se reúna la comisión, la alianza opositora deberá concentrar su agenda en defender un pedido de juicio político contra el Presidente que hasta hace dos días no convencía a la mayoría de sus integrantes. 

 

Con el impulso renovado de las declaraciones de Fernández, en JxC buscarán instalar el tema en la próxima sesión. Será la primera que conduzca la flamante presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, y contará con una ofensiva del interbloque para votar un emplazamiento para que el pedido sea tratado por la comisión que preside Gaillard. La idea es reeditar los 132 votos que reunieron para forzar el tratamiento de la Boleta Única de Papel. Luego no volvió a repetirse, aunque el objetivo apuntaba a lograr la reforma de la Ley de Alquileres con el mismo método y hasta ahora esa misión asoma imposible por los desacuerdos entre los socios circunstanciales que votaron juntos.

 

La alquimia que permitiría llegar a ese número tampoco aparece para forzar el tratamiento del juicio político que anunciaron los jefes de bloque de JxC este jueves. El planteo se suma a otro que había presentado el radical Ricardo Buryaile junto a una veintena de adherentes. Como contó este portal, la iniciativa no contaba con el respaldo del PRO ni de la Coalición Cívica y, además del titular del bloque de la UCR, Mario Negri, sólo sumó con el gancho de José Luis Espert, de Avanza Libertad, y Margarita Stolbizer, del Encuentro Federal. 

 

El planteo promovido por Buryaile fue cuestionado por el titular del Comité Nacional de la UCR, Gerardo Morales, que lo consideró una sobreactuación. Luego de las declaraciones de Fernández el gobernador de Jujuy no volvió a expedirse, pero Manes anunció este jueves por la noche que no apoyaría el nuevo pedido contra el Presidente. Tampoco había firmado el de Buryaile, que sí cuenta con el respaldo de dos diputados jujeños que responden a Morales.  

 

"No se pueden realizar pedidos de juicio político de forma prematura, por la gravedad institucional que esto implica. Es una decisión que debe analizarse y debatirse profundamente", escribió Manes en su cuenta de Twitter. "Es un error sacar esta discusión del plano de la justicia y llevarla a la política. A muchos les conviene esa estrategia porque siguen apelando a la grieta que nos trajo hasta acá y les permite mantener sus privilegios", argumentó el médico y aclaró: "No hay dudas de que los dichos del Presidente son irresponsables, peligrosos e indignantes. No vamos a tolerar declaraciones mafiosas en la Argentina. Pero esta no es una situación que llame a un juicio político". 

 

El planteo de Manes no sorprendió en un bloque que ya viene dividido por el pedido de Buryaile y mucho menos en los otros dos socios mayoritarios, que ahora tendrán que concentrar el fuego en instalar el tema, agitarlo en el recinto sin los votos suficientes y presionar para que la comisión de Juicio Político se reúna. Esta instancia establece que el Senado queda a cargo del juzgamiento y la Cámara de Diputados, de la acusación. Para articularla se necesita la mayoría de los dos tercios del cuerpo, aunque, para llegar a ese punto, antes debe recorrer un largo camino. 

 

Luego de ingresar a la Comisión de Juicio Político y de que sus miembros evalúen si es admisible, se abriría un sumario que puede citar testigos, pedir informes y hasta solicitarle a un juez distintas medidas para obtener pruebas. Cuando termina la instancia de investigación, los miembros de la comisión deben debatir la redacción de un dictamen acusatorio que sólo puede prosperar con la aprobación de la mitad más uno de esa comisión. Ese número está en manos del oficialismo y es el primer obstáculo para que la ofensiva opositora pueda tener algún efecto más allá de los medios. 

 

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