La presidencia de Gustavo Petro en Colombia es histórica porque es la primera de un izquierdista y, por eso, anticipa cambios fundamentales. Uno es su promesa de alcanzar la “paz total”, la columna vertebral de un programa que busca callar las armas de la insurgencia y los grupos ilegales a partir de mejoras sociales y económicas, de la mano de una mejora de la distribución y de una nueva política nacional e internacional. Para lo primero, el centro de operaciones será el Congreso y, para lo segundo, el triángulo que forman Venezuela, Cuba y Estados Unidos, por el cual deberán pasar las negociaciones y los vínculos fundamentales.
La necesidad de alcanzar la paz, en un país que hace casi 60 años registra conflictos armados, es una de sus promesas más importantes y difíciles, que deberá pasar, indefectiblemente, por Venezuela. Para ello, a pocos días de asumir, nombró al exsenador Armando Benedetti como su embajador en Caracas y recibió el pedido de que Félix Plasencia ocupe dicho cargo en Bogotá. De esta manera, se generó un profundo vuelco con relación a su antecesor, Iván Duque, quien rompió las relaciones bilaterales en 2019 al apostar por el liderazgo del opositor Juan Guaidó como salida del chavismo. A partir de ese momento, la frontera se tornó un terreno indefinido donde se expandieron actividades ilegales como el tráfico de mercaderías y personas, y se asentaron grupos irregulares, tanto políticos como dedicados al narcotráfico. Regular la zona de tránsito es una necesidad económica, diplomática y humanitaria binacional que necesitará de la cooperación mutua.
En diálogo con Letra P, la directora del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) de Colombia y experta en la relación con Venezuela, Martha Márquez, aseguró que “no se puede construir la paz total sin la cooperación del vecino” y consideró que los nuevos vínculos persiguen tres objetivos: “El restablecimiento de las relaciones comerciales para recuperar los niveles de comercio binacional, el restablecimiento de las relaciones consulares y el acercamiento entre las fuerzas de seguridad para garantizar las condiciones en la frontera”. Uno de los temas que podría interferir es el futuro de las figuras de la oposición venezolana que consiguieron refugio en Bogotá, como es el caso de Julio Borges, cuya extradición exigió el número dos del chavismo, Diosdado Cabello. “Colombia garantiza el derecho de asilo y el refugio”, respondió Petro. ¿Será un impedimento o se logrará sortear como uno más de los obstáculos de la relación?.
No habrá paz sin Venezuela porque, según distintos informes de inteligencia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) –la guerrilla activa más importante– y las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) actúan a ambos lados de la frontera. El primer paso para que el ELN entregue las armas –como lo hizo Petro hace 30 años– también ya fue dado. En Cuba, país garante del proceso, se restableció el diálogo y Petro anunció la suspensión de las órdenes de captura y extradición de los liderazgos guerrilleros como acto de buena voluntad. Según Márquez, Bogotá apuesta a una mejora de la relación con Caracas para que el Palacio de Miraflores presione a la insurgencia, que también opera en su territorio, para retomar las negociaciones rotas desde 2019, luego de un ataque que provocó 23 muertes.
Los desafíos en este camino son muy importantes. A pesar de la necesidad de firmar la paz y silenciar las armas, la sociedad difiere en la forma de alcanzarla, y así lo mostró en el rechazo al acuerdo firmado con las FARC. El de Petro es un gobierno que enfrenta el reto de cumplir las altas expectativas sociales en un clima económico adverso y sin mayorías propias en el Congreso, por lo cual emprender una negociación con el ELN, que será larga, tediosa y constantemente frágil, lo amenaza con destinar su capital político a un frente de largo plazo ante un electorado que demanda ahora menos inflación, más empleo y mayor igualdad. A esto se le suma el reto de cumplir lo firmado en 2016 con las FARC, también parte fundamental para alcanzar la “paz total” y un necesario antecedente para que grupos aún activos confíen en la capacidad del Estado y abandonen la ilegalidad. Esta batalla de Petro es muy grande y para ganarla necesitará de Venezuela porque solo será aun más difícil.
Estos pasos estarán acompañados del cambio de paradigma que promete emprender Petro en su combate contra el narcotráfico para abandonar “la guerra contra las drogas”, a la que calificó como “fracasada”, y alcanzar una regulación por parte del Estado. Esta decisión, que apunta a eliminar una fuente de ingresos de los grupos irregulares, promete impactar en su lazo con su histórico aliado internacional y creador de la cruzada a nivel mundial: Estados Unidos. A partir del lanzamiento del plan Colombia, en 1999, la Casa Blanca sentó un puesto de avanzada sobre la región a partir de la ayuda militar y económica para erradicar los cultivos de coca que representan, según distintas estimaciones, el origen del 90% de la cocaína que se consume en su territorio. Si bien la administración de Joe Biden también anticipa cambios en su política de drogas y la legalización –de la marihuana– crece en distintos estados, su gobierno no acompañará una mayor apertura de Bogotá en la materia. Además, sus acercamientos a Venezuela, Cuba y las guerrillas también se verán afectados por las elecciones legislativas de noviembre, en las que se espera que el Partido Republicano, con una visión más dura y conservadora, le arrebate al menos una cámara al Partido Demócrata y dificulte su gestión.
El canciller de Colombia, Álvaro Leyva Durán, aseguró que la “paz total” que persigue el gobierno busca “la paz con las regiones, con la geografía y con los vecinos”. El triángulo que conformarán Caracas, La Habana y Washington también deberá ser tenido en cuenta.
