Esta semana, la Convención Constituyente de Chile logró su primer objetivo. A pesar del temor que existió en un primer momento ante la posibilidad de no respetar el tiempo establecido, un año después del inicio de sus trabajos, presentó el proyecto final de la nueva Constitución nacional para modificar la heredada por la dictadura de Augusto Pinochet y cerrar el período de manifestaciones y demandas sociales abierto en octubre de 2019. En total, son 178 páginas con 338 artículos y 54 normas transitorias que deberán ser ratificadas en el plebiscito del 4 de septiembre, una parada electoral que se anticipa tormentosa para el presidente Gabriel Boric y las fuerzas que impulsan la opción del apruebo, que ven con temor la posibilidad de perder una oportunidad histórica para el país.
A la espera del plebiscito de salida, por primera vez en la historia, Chile tiene una Constitución redactada en y por la democracia a partir del trabajo de 155 constituyentes que, durante 11 meses y 24 días discutieron, con paridad de género y asientos reservados para los pueblos originarios, el nuevo marco regulatorio nacional. El país aspira a dejar en el pasado las herencias legales y sistémicas de la dictadura de Pinochet, que enmarcó su modelo neoliberal en la carta magna de 1980 y se mantiene vivo políticamente en la ultraderecha. Este proceso, que llegó a su fin en lo que respecta a las deliberaciones y discusiones, buscó hacer realidad las demandas de cambios sociales y políticos que la sociedad expresó en las protestas de octubre y se sintetizaron en un lema que recorrió las calles: “No son 30 pesos, son 30 años”. Es decir, el estallido no fue por el aumento del subte, sino contra un modelo que se había agotado. El desafío que enfrenta ahora el proceso es saber si logró hacerlo o, de lo contrario, será una oportunidad perdida.
En diálogo con Letra P, la profesora de Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile Julieta Suarez-Cao aseguró que la Convención presentó un proyecto con “cambios sustantivos y razonables, que abarcan todos los derechos y la organización del poder político”. “En 2019, la gente no salió a pedir una nueva Constitución, pero muchas de las demandas no eran practicables”, relató, por lo que calificó al nuevo boceto como “una condición necesaria para poder abordar esas demandas y cambios”. “No es una solución inmediata, sino más bien permite generar nuevas reglas del juego donde sí se puedan discutir otras políticas públicas y otros derechos que con la actual está casi vedado”.
El proyecto cambia puntos sustantivos del actual marco regulatorio que abrirán, si se aprueba en septiembre, una nueva era. El primer artículo lo evidencia: “Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural y ecológico”. El país pasará de una constitución neoliberal que sentó las bases de un Estado subsidiario, donde solo actuaba cuando los sectores privados no podían o no querían hacerlo, a un “Estado social y democrático de derecho” en el cual tendrá la obligación de garantizar condiciones de vida no solo para “hombres y mujeres” -como dice la actual- sino para los pueblos originarios, las diversidades sexogenéricas y la “naturaleza”. Además, abre la puerta para garantizar un servicio de pensiones y jubilaciones por fuera del lucro privado que generó la dictadura, elimina el derecho a la propiedad privada del agua y la califica como “inapropiable” a la vez que la define como un “derecho humano” mientras que asegura “condiciones para embarazo, interrupción voluntaria, parto y maternidad voluntarios y protegidos”, lo que podría convertir a Chile en uno de los países con mayor resguardo legal al derecho al aborto.
El profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile Eric Eduardo Palma destacó que “los valores e intereses” del proyecto “no son los tradicionales sostenidos por el maridaje político-económico elitista, sino por las grandes mayorías del país que han estado históricamente en una posición subordinada”. “Establece la posibilidad de implementar un modelo de estado constitucional social y democrático de derecho, ecológico, plurinacional, paritario que entrega importantes cuotas de poder a poderes regionales y locales”, agregó y profundizó: “Si la Constitución se aprueba, habrá una nueva distribución del poder y se abrirán cauces de participación que permitirán construir una sociedad de justicia e inclusión versus la sociedad racista y clasista que se ha venido proyectando desde los primeros tiempos de la República”.
Los temores ante una posible derrota en septiembre se volvieron una realidad desde marzo, cuando la negativa dejó de ser una sorpresa en las encuestas y se volvió una constante. Según el último sondeo de Cadem, el 51% de la población votaría por rechazar el proyecto, mientras que el 34% lo haría por el apruebo, lo que marca una diferencia de 17 puntos que genera preocupación en el Gobierno.
El problema del oficialismo es que, a pesar de que en la teoría la gestión presidencial y el proceso constituyente transcurren por caminos separados, en la práctica, el malestar con el Presidente a raíz de la alta inflación, la crisis de inseguridad y la dificultad para cumplir sus promesas de cambio se manifiestan sobre la Constitución. Según la misma consultora, Boric tiene una desaprobación del 59% y una aprobación de apenas el 34%. Por esto, este lunes, durante el acto de presentación, el presidente dijo: “El plebiscito no es ni debe ser un juicio al gobierno. Es el debate sobre el futuro y el destino de Chile para las próximas décadas”. Además, la derecha ya anunció que votará por el rechazo, lo que enturbia el horizonte de la esperanza progresista.
Este miércoles, comenzó la campaña para el plebiscito del cuatro de septiembre, la parada final que abrirá o cerrará al nuevo Chile.
