DETRÁS DE ESCENA. APOSTASÍA CONSENTIDA

No hagamos más lío

La Casa Rosada y la Iglesia de Bergoglio recorren un camino de espinas para ponerle fin a la guerra fría. Los términos del mini divorcio salarial. El rol clave del apóstol negociador de Marcos Peña.

Desde agosto, ya perciben el nuevo aumento salarial del 10%. Paritaria judicial mediante, los obispos de cada diócesis y los administradores apostólicos y diocesanos cobran 51.480 pesos mensuales, mientras los obispos auxiliares y eméritos perciben 45.045 por los servicios que le prestan a dios. Por el artículo 2 de la Constitución Nacional, el Estado argentino “sostiene el culto católico apostólico romano” y, por una serie de decretos de Jorge Rafael Videla que se inicia en 1977, los altos mandos de la Iglesia tienen el beneficio de una asignación mensual equivalente a un 70 o un 80% de lo que gana un juez de primera instancia.

 

El aumento que Ricardo Lorenzetti y los supremos acaban de autoasignarse, pese a la queja de Nicolás Dujovne, también mejora los ingresos de los 140 obispos, 640 sacerdotes y 6.200 seminaristas que existen en todo el país. Se suma, además, a otro incremento del 5% que se autorizó en febrero pasado y corresponde a 2017.

 

En el marco del cuidado diálogo que teje con el Episcopado, el gobierno de Mauricio Macri avanza ahora para dar de baja los decretos que firmaron Videla, Martínez de Hoz, Harguindeguy, Galtieri, Alemann y Bignone y reemplazarlos por una nueva norma que ponga fin al privilegio que lleva más de cuatro décadas sin modificaciones, como herencia nunca revisada de la última dictadura militar.  

 

El objetivo es encontrar una forma de financiamiento similar a la que existe en otros países del mundo, como España, Alemania o Italia, donde los católicos aportan a la Iglesia, a través de sus impuestos, como en el caso del llamado otto per mile.

 


 

LO CONCRETO. La asignación de fondos a la jerarquía eclesiástica quedó cuestionada como nunca en el marco del debate por la despenalización del aborto, el vertiginoso crecimiento del movimiento feminista y la campaña para separar a la Iglesia del Estado, como sucede en otros países de América Latina, como Uruguay y Chile. 

 

Las cifras de lo que el Estado le concede a la Curia se conocen en cuentagotas. Marcos Peña, el hereje que ven en las adyacencias del papa Francisco, difundió una parte en el Congreso en marzo pasado, ante una pregunta de la diputada Carla Carrizo, del bloque de Martín Lousteau. El jefe de Gabinete expuso los sueldos de obispos y detalló que los fondos asignados a ese objetivo llegaban a 130 millones de pesos, pero el Presupuesto 2018 especifica que la partida de la Secretaría de Culto para pagarle a obispos, seminaristas y parroquias de frontera asciende, en total, a 176 millones de pesos.

 

Se cae de maduro. Si la decisión de un macrismo que se abraza al ajuste como primer mandamiento es pulverizar los ingresos de los estatales en todos los rubros, más aún debiera hacerlo con los dignatarios de la Iglesia Católica. En este caso, como en pocos, prima el diálogo y la negociación.

 


 

 

Según dijeron a Letra P fuentes del Gobierno, la mesa de funcionarios y técnicos que representan al Episcopado ya tuvo varios encuentros y prepara uno más en los próximos días en busca de alumbrar la vía para un divorcio parcial y consensuado.

 

Es parte del intento de la administración Cambiemos por recomponer el vínculo con los embajadores de Francisco. Nace en Macri y se extiende a través de Peña y del flamante secretario de Culto, Alfredo Abriani, un abogado católico que reemplazó a Santiago de Estrada, reporta directamente al jefe de Gabinete y se destaca en los partidos de fútbol que juegan las estrellas del macrismo, todos los miércoles, en la quinta de Olivos.

 


 

 

“Frechu” Abriani fue director general de Cultos en la Ciudad, cursó la escuela primaria en el Instituto Nuestra Señora de Fátima y la secundaria en el Colegio Santo Tomás de Aquino, de la UCA. Enviado del Gobierno a Chile en enero pasado, durante la última gira del Papa que sobrevoló la región sin pasar por la Argentina, le toca encarrilar una nueva etapa en la que la conducción del Episcopado, con Oscar Ojea como presidente, reporta sin fisuras a Francisco y deja poco margen para voceros informales. El vicepresidente de la Comisión Episcopal, Marcelo Colombo, es uno de los preferidos del jesuita y tiene una sensibilidad especial por las causas ambientalistas y la situación de los más postergados. También Jorge Lugones, de la Pastoral Social, aparece entre los más duros con el oficialismo.

 

 

 

Acusado por ser el brazo ejecutor del duranbarbismo anticlerical, golpeado por la crisis política y económica, Peña suele argumentar que le pegan de todos lados y no quiere llevarse mal con la Iglesia. Pero incluso su prédica contra la despenalización del aborto -y la de su hermano Ignacio, fervoroso militante celeste- es relativizada en las alturas vaticanas, donde prestan más atención a las posturas de su esposa Luciana Mantero, a favor del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Como reveló Letra P, el 10 de julio pasado el jefe de Gabinete intentó sin éxito sentarse en la misma mesa con la jefatura de la Iglesia: a último momento, el encuentro se frustró y sigue sin concretarse.

 

LO SIMBÓLICO. Si el proyecto que se teje en forma sigilosa prosperase, la novedad podría generar un beneficio para las partes, con un costo menor. Ya en los inicios de Néstor Kirchner como presidente, el propio Jorge Bergoglio solía minimizar el aporte oficial. “Por favor, el Estado destina más a contribuir con los bomberos voluntarios que con la Iglesia”, reiteraba Francisco a los enviados de Kirchner que iban a visitarlo a la Catedral Metropolitana para abordar el tema.

 

Se trataría de un gesto, importante en lo simbólico, para separar la paja del trigo. Mucho si se tiene en cuenta que nadie osó sacrificar esas partidas; poco si se mira el continente de fondos que el Estado argentino destina a la Iglesia, para buenos y malos fines sin distinción.

 

 

 

Lo central pasa por otro lado. Así lo consideran también entre los grupos que vienen militando la apostasía y promueven la “Campaña Federal para la Separación de Estado/Iglesia”. “Los sueldos de los obispos representan la mínima parte de lo que se lleva la Iglesia. Están las propiedades, las capellanías, el vicario castrense y las partidas sociales que recibe Cáritas y de los que nunca rinde cuentas”, le dijo a Letra P Fernando Lozada, uno de los miembros de la Coalición Argentina por un Estado Laico que el viernes próximo presentará 4.000 fichas de católicos que renuncian a su membrecía en las puertas de la Catedral.

 

Lozada recordó el caso de la Basílica de Luján, que fue refaccionada por el Ministerio de Planificación de Julio De Vido en una licitación que ganó Creaurban, una de las firmas de Angelo Calcaterra. El ex gobernador Daniel Scioli fue el encargado de cederle la escritura definitiva a la Iglesia.

 

Según las estimaciones de la Coalición que publicó Clarín, los fondos que el Estado destina, a través de las provincias, a la educación católica llegan a 18.000 millones de pesos anuales. Lozada le dijo a Letra P que el dato surge de las partidas que asigna el Presupuesto Nacional a la educación privada (19%). De ese porcentaje, el 41% es repartido entre las escuelas

 

Los fondos que el Estado destina, a través de las provincias, a la educación católica llegan a 18.000 millones de pesos anuales.

Desde el ministerio de Educación, a cargo de Alejandro Finocchiaro, no brindaron precisiones y se limitaron a decir que ese dinero corre por cuenta de las provincias. En la Secretaría de Culto, en cambio, consideran que las partidas no pueden recortarse porque los principales perjudicados serían los docentes que cobran sueldos con ese financiamiento y la comunidad que manda sus hijos a las escuelas religiosas en general y a las 3.500 escuelas católicas en particular.

 

A eso, algunos le suman los pasajes que también fueron avalados por el decreto 1991 -del integrista católico Videla en 1980- y otros subsidios que llegan a través de acciones educativas, sociales y aporte a infraestructura para reparación de iglesias.

 

Recortar esos fondos demandaría un consenso que hoy no existe en Argentina. La reforma constitucional de 1994 refrendó el llamado Concordato de 1966, un acuerdo de la Santa Sede con la dictadura de Onganía que tiene el peso jurídico de un tratado internacional.

 

El Estado argentino está asociado a la Iglesia desde su fundación y, a diferencia de otros países, como Chile, nunca cortó ese cordón umbilical. Ni siquiera durante los años de Kirchner, el presidente que más padeció los sermones de Bergoglio y que avanzó con el matrimonio igualitario desde la Cámara de Diputados, ya con su esposa en la Presidencia.

 

 

Mar del Plata no fue feliz para Stanley y Vidal. Duro sermón de los obispos.

 

 

LO ESTRATÉGICO. La relación entre la Iglesia y el Gobierno viene de largos meses de invierno, con choques recurrentes por la situación social y el aborto. La conducción del Episcopado que reemplazó al anestesiado José María Arancedo sintoniza a pleno con la prédica de Francisco y sus dardos llegan incluso a las dos preferidas, María Eugenia Vidal y Carolina Stanley.

 

Entre los obispos y los funcionarios del macrismo, hay coincidencia: las dos la pasaron mal en la última audiencia en el Vaticano, en junio pasado, y en la semana de la Pastoral Social en Mar del Plata, donde monseñor Lugones le recriminó a la gobernadora que hace falta sentir y no sólo estar.

 

Macri no quiere confrontar con el papa. “Yo no quiero quilombos”, suele argumentar.

Sin embargo, Macri no quiere confrontar con el primer jesuita que llegó a papa. “Yo no quiero quilombos”, suele argumentar en un tono tan poco religioso como transparente. Por eso, la nueva gestión de Abriani apunta a hacer marca hombre a hombre a los obispos, en busca de contrarrestar las declaraciones públicas contra el Gobierno. El objetivo es claro: que la Iglesia escuche los argumentos de la Casa Rosada, antes de cualquier pronunciamiento que le duela al Presidente.

 

Según afirma en el oficialismo, con temporada de ajuste y tormenta sin fecha de vencimiento, Macri no quiere comprarse ningún conflicto más, mucho menos, con Su Santidad. Por eso, no quiere contaminarse con la prédica de los columnistas de medios afines que se ensañan con Bergoglio, como si los hubiera defraudado, justo cuando llegó a lo más alto. 

 

Mauricio Macri ubica a Adela Arning como una de las figuras de la renovación del PRO
Laura Alonso, vocera del GCBA.

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