La directiva llegó con una adenda, expresiva del nuevo reparto del poder: el hombre que se encargará de velar por su cumplimiento será de ahora en más el vicejefe de Gabinete Gustavo Lopetegui. Señalado por las decisiones que, de diciembre a esta parte, precipitaron la crisis de un modelo económico que en verdad había nacido mal, Mario Quintana deberá recapacitar por un tiempo en el rincón.
La inflación, la bestia negra del Gobierno, es un fenómeno económico de pésima imagen pero que todas las administraciones usan como una eficaz herramienta para redistribuir ingresos. Desatada ahora en una nueva escala por la reciente devaluación, permitirá licuar los salarios en toda la economía, pero lo que prioritariamente interesa a la Casa Rosada es hacerlo en el sector público, por su peso en el Presupuesto.
Un economista consultado por Letra P y que pidió reserva de su nombre dijo haber medido que si el Gobierno tiene éxito en evitar actualizaciones salariales a pesar de la inminente aceleración de los precios, el ahorro fiscal podría llegar a un nada despreciable 0,5% del PBI.
Que el ajuste se cebe con los trabajadores del Estado tiene tres ventajas principales. Una, que el impacto en las cuentas fiscales es inmediato. Dos, que es una política que solo depende del Poder Ejecutivo y que, por tanto, no tiene que pasar ningún filtro legislativo. Tres, que la idea de un Estado sobredimensionado y que debe achicarse para que no caiga en la gente de a pie todo el peso de la austeridad está debidamente asentada debido a la intensidad con que ese relato viene siendo esgrimido por funcionarios y algunos medios.
Como se recuerda, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, ya anunció una reducción de la meta de déficit fiscal del año a un 2,7%. En el Gobierno creen que el Fondo Monetario Internacional irá por más y que pedirá en las próximas semanas que la misma sea reducida a un 2 o 2,2% para fin de año y que en 2019 llegue a un 1%.
Cabe recordar que el gradualismo estimaba una secuencia de 3,2% en 2018 y 2,2% para 2019, por lo que la diferencia será sustancial.
Lo primero, una demanda de 2% para este año, no sería grave. De hecho, lo dicho por Dujovne no sorprendió a casi nadie, ya que las cuentas públicas vienen prenunciando un sobrecumplimiento de la meta original. Así, la consultora Ecolatina acaba de explicar en un informe que en el primer cuatrimestre “la contracción del rojo (fiscal) trepa a 0,4 punto porcentual del Producto, al pasar de -0,9% del PBI a -0,5%”. Si se extrapolan esos números a lo que queda del año, aquel objetivo no parece inalcanzable.
Lo que sí inquieta a Macri y a Marcos Peña es el ajuste que el Fondo puede reclamar para el año que viene, que es electoral. En ese toma y daca de decimales acaso se juegue parte de la suerte del proyecto reeleccionista.
La opinión de Arnaldo Bocco, director del Departamento de Economía y del Observatorio de la Deuda Externa de la UMET, coincidió con la información obtenida por Letra P. Según le dijo a este portal, “el FMI llevará al Gobierno a reducir los déficits comercial y el fiscal. Para los dos objetivos va a querer bajar el salario real en dólares y en pesos, lo que incluye al sector público”.
“El ajuste salarial en el Estado estará acompañado por un ajuste en el empleo, al estilo de lo hecho en el Banco Nación, con retiros anticipados, acuerdos con empleados de mayor edad, jubilaciones, retiros voluntarios, etcétera”, agregó.
Mariano Kestelboim, profesor de Economía en la Universidad Nacional de Avellaneda, estimó en consulta con este medio que “van a redoblar la política de despidos de empleados públicos, donde realmente tienen mucho para hacer en todas las áreas. Y los aumentos salariales del sector público no se van a revisar. La pauta del 12 al 15% se va a sostener, van a ser muy duros”.
Pero el paso de la motosierra no se detendrá allí. El análisis de lo que el Gobierno viene haciendo en el año con el gasto da claves valiosas sobre los ítems en los que cabe esperar que se ajusten más las clavijas.
“En lo que ya representa una marca registrada de la ‘gestión Cambiemos’, la caída del gasto público respondió principalmente a la reducción de los subsidios económicos (-19% en términos nominales en el acumulado enero-abril) y al gasto de capital (-24% en pesos corrientes en igual período)”, continuó Ecolatina. Más tarifas y menos obra pública, esto último de especial perjuicio para las provincias.
Como se observa, el gasto social, una carta sin la cual definitivamente no habrá 2019, se viene tocando poco y nada, por lo que gana cada vez más peso en la estructura del gasto público. Según el informe de Ecolatina, “en contraposición, por la reducción de esas partidas, las prestaciones sociales pasaron de representar 54% del gasto primario en el acumulado al primer cuatrimestre de 2017, a 60% en igual período de 2018”.
Miguel Kiguel, director ejecutivo de EconViews y hombre de experiencia en la gestión pública le explicó a Letra P que lo que deba tocarse en términos de gasto “va a depender de cuánto ajuste haga falta. De hecho, el Gobierno venía bien de acuerdo con su esquema. Si no se ve obligado a hacer algo mucho más profundo, no veo que se toquen mucho los subsidios sociales. Tal vez sí vayan en ese sentido detrás de la eliminación de algunos abusos, con otorgamientos indebidos, que los hay y es algo que pasa en todos los países. El problema con eso, en particular en los subsidios por discapacidad, es que cuando quisieron tocarlo lo hicieron mal y apareció gente que evidentemente había sido injustamente excluida”.
Gabriel Zelpo, economista jefe de Elypsis, dijo por su parte que “el Fondo va a exigir un poco más de ajuste, pero no creo que toquen el gasto social porque necesitarían pasar por el Congreso y no les dan los números”. “Entonces, las áreas más fáciles para hacer recortes, aunque resulten políticamente costosas, son los subsidios al transporte en la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires y parte de las transferencias discrecionales a provincias”, estimó.
Las dificultades de manejo político que supone esto último, anticipadas en la solidaridad que Macri les ha pedido a los gobernadores, explican la elevación a la mesa chica de dos operadores clave con el peronismo territorial: el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el presidente de la Cámara de Diputados, el resurrecto Emilio Monzó.
Bocco explicó que el mismo esquema de adelgazamiento de la estructura del Estado “se les va a exigir a las provincias: va a haber menos recursos para ellas y para los municipios. Bajará la coparticipación y a las siete u ocho provincias que salieron al mercado internacional se les podrán dar a cambio una ayuda para la renovación de deudas o le abrirán el grifo local”.
El peligro del ajuste, se sabe, es que se muerda la cola, una dinámica perversa que la Argentina conoció bien cada vez que le tuvo que golpear la puerta al FMI. El recorte del gasto derrumba la demanda, lo que deprime la actividad económica y la recaudación impositiva y, vaya sorpresa, esteriliza el esfuerzo inicial de austeridad.
Para tratar de evitarlo, Bocco explicó que “van a dejar flotar un poco el tipo de cambio para mejorar recaudación fiscal por vía de las exportaciones y las importaciones. Y con eso van a bajar el peso de los salarios en dólares y van a licuar la deuda de las Lebac”.
La hoja de ruta está clara. También ya se filtra el nuevo relato macrista para traducirla ante una opinión pública peligrosamente molesta: como dijo Federico Sturzenegger, “el mercado nos dijo ‘esto no es suficiente y nos indujo a ajustar más”, pero el Gobierno nacional pondrá límites razonables a esa exigencia, velando por el bien común.
Las reacciones de la calle y de la política le marcarán los límites a la nueva realidad y a la nueva narrativa.
