El gobernador celebra el cambio de posta en Seguridad. La exfuncionaria de De la Sota tiene la chance de revertir el pesado recuerdo del motín policial de 2013.
Alejandra Monteoliva y Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de Córdoba
Aunque se diera por descontado hace ya meses, la confirmación de Alejandra Monteoliva como nueva ministra de Seguridad de la Nación, en reemplazo de Patricia Bullrich, ha tenido un impacto positivo en el gobierno de Córdoba que encabeza Martín Llaryora.
Desde la gobernación, ven en la cordobesa la garantía de continuidad de las políticas de la gestión Bullrich, la funcionaria nacional con la que mejor sintonía han tenido, aún en ríspidos tiempos de campaña.
También adivinan que la flamante ministra contará con una oportunidad para redimirse en una provincia en la que predomina un recuerdo negativo de su breve gestión como titular de la misma cartera a nivel provincial. Los recuerdos del acuartelamiento policial y los saqueos la preceden.
Aunque se trate de una dirigente de perfil técnico, descuentan que su continuidad en el proyecto libertario no está exenta de deseo político.
Desde el ministerio de Seguridad de Córdoba, a cargo de Juan Pablo Quinteros, destacan que el recambio de nombres en la órbita nacional se da con naturalidad, toda vez que Monteoliva lleva meses como mano derecha de la senadora electa.
Considerada como una especialista en la materia, con abundante certificación que la respalda, es la principal asesora de “Pato” en el diseño de políticas de seguridad a las que Córdoba ha adherido con entusiasmo.
En corrillos mediterráneos destacan que desde diciembre de 2023, Bullrich impulsó un programa de seguridad integral, con articulación de las distintas fuerzas de seguridad y una extendida invitación a la participación de todas las provincias. “Es el primer plan federal desde la vuelta de la democracia”, aseveran.
Ese plan, apuntan, tiene a Córdoba como el mejor alumno. “Nuestra tasa de homicidios es de 2,08 cada mil habitantes. A nivel nacional esa referencia se ubica por encima de 3,05. Y hemos esclarecido la gran mayoría de los casos por muertes violentas en la provincia”, refieren.
Además, elogian el involucramiento en el combate al narcotráfico, un problema que opera como santo y seña para ser parte del proyecto de Partido Cordobés.
En ese marco, destacan también la creación de una Policía Migratoria. Aunque los límites provinciales no coincidan con países vecinos, en Córdoba ya ha habido sonados operativos contra bandas, generalmente vinculadas al narco, integradas por personas de otras nacionalidades.
“En materia de seguridad estamos en el mejor momento histórico en la relación entre Nación y Provincia”, sintetizan fuentes calificadas.
La descripción opera en múltiples dimensiones. Por un lado, refleja la fluida relación entre carteras homólogas. Nadie duda, en materia de seguridad se han producido intercambios formales y diálogos políticos que escasearon en otras áreas. También, cómo no, una ventanilla que nunca cerró a los pedidos.
Los funcionarios llaryoristas destacan que tal vínculo no se vio afectado bajo ninguna circunstancia. Ni siquiera en las recientes épocas proselitistas, en las que Juan Schiaretti, cabeza de la lista de Provincias Unidas, y Llaryora lanzaron munición de variado calibre sobre el gobierno de Milei.
La correspondencia no sólo es coloquial. La inseguridad es uno de los principales problemas que reconocen ambas administraciones. Para la nacional, incluso, la exhibición de números en el combate al delito operó como carta brava en aquel juego electoral.
Pero la misma frase encierra otra significancia. La coincidencia en instalar la seguridad como concepto de gestión permite a Llaryora y Bullrich tender puentes sobre el rechazo al kirchnerismo, condición indispensable para la cosecha de votos en Córdoba.
Cordobesistas y libertarios no sólo apuntan un desdén en el abordaje de la inseguridad en los gobiernos K, presentados como excesivamente garantistas. También recuerdan que fue durante ese período que la provincia central vivió una de sus noches más negras.
El acuartelamiento de la Policía, en diciembre de 2013, constituye una herida de difícil cicatrización para los cordobeses. La inacción del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner supera, aún, en el ranking de culpabilidades a la errada gestión del conflicto por parte de la gobernación de José Manuel de la Sota.
Aquel fue también el fin de la aventura de Monteoliva como funcionaria provincial. Asumida tres meses antes, tras la purga por el denominado Narcoescándalo (vínculos entre la división Drogas Peligrosas y traficantes), la sedición de los azules la sorprendió sin reacción y, sobre todo, sin interlocutores de peso ante tal situación.
Doce años después, voces cordobesistas ensayan una explicación más indulgente. No niegan impericia política a la misma funcionaria de la que destacan su cualidad técnica; sí inclinan la carga sobre sus pares de la Nación. “Si Cristina quería en minutos lo resolvía. No quiso”, remarcan.
Esos mismos intérpretes destacan que a Monteoliva no la mueve un ánimo de revancha. Ya como directora nacional de Operaciones de Seguridad en el gobierno de Macri, ya como viceministra de Seguridad hasta diciembre, la exdirectora del Observatorio del Delito y la Violencia de la Provincia, nunca negó asesoramiento a sus pares provinciales.
Al interés por el terruño, añaden un dato clave: la confianza que ha depositado Bullrich en ella. La misma referente que nunca dejó de construir políticamente en Córdoba, ya con tropa propia, ya con nombres que han orbitado en el peronismo cordobesista. En esa edificación, no hay dudas que “Ale” es una pieza relevante.
La consolidación del plan bullrichista también supone una posibilidad de reafirmación para el ministro cordobés. Tras una serie de escándalos por actuaciones policiales, y pese a las duras críticas de la oposición, en particular de sus excompañeros del juecismo, el exlegislador parece firme en su cargo.
Además de números de propia cosecha, el equipo del ministro pide considerar la continuidad de una conducción política para la Policía de Córdoba, una fuerza con marcada tendencia al autogobierno.
El propio funcionario desbarata versiones que lo ubican en el gabinete municipal. Asegura, como réplica, que su compromiso es total con la gestión de Llaryora. Recuerda que hace dos años él mismo se ofreció para asumir una cartera que pocos, si alguien, quería para sí.
Por si acaso, remarca que no se siente condicionado para su desempeño. Por ende, asegura que ha lanzado múltiples advertencias, también a funcionarios nacionales, sobre las consecuencias de la prolongada crisis económica en los sectores más vulnerables. Pero, remarca, “el orden público y la paz social no se negocian”.