El oficialismo reflotó un proyecto que no criminaliza la protesta y plantea sanciones leves. La Libertad Avanza pide mano dura. La UCR y el juecismo desconfían.
Nadia Fernández, presidenta de la Comisión de Seguridad en la Legislatura de Córdoba, junto a Victoria Busso, Miguel Siciliano, Facundo Torres Lima.
La Legislatura de Córdoba pone sobre la mesa posturas y argumentos sobre tres proyectos que buscan regular las protestas sociales. El PJ de Martín Llaryora reflota una vieja iniciativa, alejada al protocolo de Patricia Bullrich. El libertario Agustín Spaccesi pide penas más duras y el radical Dante Rossi, más consenso.
Este jueves, comenzó a debatirse en comisión la llamada ley antipiquetes, en una mesa con distintos actores que tiene por objetivo establecer un protocolo demandado por la Justicia y la Policía. La discusión llega en un momento donde el electorado parece congraciarse con los giros hacia las políticas más duras de Javier Milei, pero hay sustanciales matices.
Como anticipó Letra P, el oficialismo de Hacemos Unidos por Córdoba (HUPC) buscará modificar el Código de Convivencia reflotando un proyecto de ley de 2022 presentado, en aquel momento, por el legislador llaryorista Juan Manuel Cid.
Nadia Fernández rehabilitó el proyecto y puso sobre la mesa de discusión. La presidenta de la comisión de seguridad puso énfasis en que no se trata de plantear una discusión sobre la legitimidad de la protesta social. “Eso no está en debate porque el derecho a manifestarse es constitutivo de la democracia”, señaló a este medio.
El objetivo de esta ley es que actúe -explicó- como una herramienta para facilitar y resolver la cuestión de las protestas en la provincia, pero con un accionar protocolizado y claro por parte de la Justicia y de la Policía. Y amplió: “Es darle al Estado reglas claras para que no existan excesos, para que no se criminalice la protesta y se respete al personal policial, pero también a los manifestantes que muchas veces están en una situación de desprotección por la improvisación operativa”.
Uno de los puntos es sumar el artículo 80 bis al Código de Convivencia para que los desórdenes públicos sean sancionados con hasta seis días de trabajo comunitario, multa económica o arresto de hasta tres días. Las penas alcanzarían a quienes, por cualquier motivo y sin autorización de la autoridad competente, alteraren o interrumpieren el normal tránsito de las vías de circulación de personas y vehículos.
Dante Rossi, de Construyendo Córdoba, propone dos puntos centrales. Por un lado, que el gobernador convoque al Consejo de Partidos Políticos previsto por el artículo 33 de la Constitución Provincial, para que junto a las organizaciones sociales generen un diálogo sobre los marcos del tratamiento normativo.
Por otro, busca prohibir la realización de marchas en el micro centro de la capital en el área comprendida entre Marcelo T. de Alvear- Figueroa Alcorta, Humberto I°- Sarmiento, Avda. Maipú- Bv. Chacabuco, y Bv. Illia-Bv. San Juan, en ambas manos.
A su vez, para realizar estas manifestaciones fuera de ese radio se deberá informar a la autoridad de aplicación con 48 horas de anticipación, para que se pueda difundir la medida.
Agustín Spaccesi, de La Libertad Avanza, es el impulsor del proyecto más estricto y punitivista. “Más integral, más completo y más eficaz”, según su impulsor.
Se trata de la adaptación del protocolo de Bullrich, que se aplica en CABA, a la provincia de Córdoba. “Soluciona de manera definitiva el tema de que los sindicatos, organizaciones sociales o cualquier grupo de personas se tome la atribución de interrumpir el normal funcionamiento del tránsito en la ciudad de Córdoba”, indicó a Letra P.
El legislador hizo referencia al artículo 194 del Código Penal que se refiere al delito de entorpecimiento de transportes o servicios públicos. En este caso, se castiga a quien, sin crear una situación de peligro común, impida, estorbe o entorpezca el normal funcionamiento de transportes o servicios públicos de comunicación, agua, electricidad o sustancias energéticas, con prisión de tres meses a dos años. Tomando esa legislación, la habilitación de la intervención de la fuerza policial se produciría sin la necesidad de orden judicial.
En línea con la “mano dura” de Bullrich y la necesidad de intervención policial, el libertario criticó el proyecto oficialista mencionando que habla de poner multas, o seis días de trabajo o tres días de prisión a quien corte calles o puentes en Córdoba. “El problema es que lo deja solamente en el Código de Convivencia, no manda a la Policía a obrar”.
El proyecto de Spaccesi instruye a la Policía a la intervención inmediata. Por otra parte, también cuestionó la propuesta de demarcar radios en el microcentro de Rossi. “¿Y el resto de la ciudad qué? ¿Y si decido sentarme y hacer una manifestación en el ingreso a Villa El Libertador y no dejo entrar a ninguno de los 200.000 vecinos que entran ahí, no me pueden hacer nada?”, apuntó.
También reprobó el punto en el que su par de Construyendo Córdoba pide al gobernador que convoque a los partidos políticos para que sean éstos los que dialoguen con las organizaciones sociales. “En Córdoba hay más de 80 partidos políticos legalmente constituidos. No entendemos cuál es la representación ahí”.
Desde el MST en FIT Unidad, Luciana Echevarría consideró que todos los proyectos son una “aberración” porque buscan limitar completamente uno de los derechos constitucionales más elementales: el derecho a la protesta y la movilización.
Criticó el proyecto de Spaccesi por ser “una copia” del protocolo antipiquetes de Bullrich; y el de Rossi por plantear cuáles son las calles en las cuales se puede marchar e incluso pedirle autorización al propio Estado.
“El Estado, por acción o omisión, tiene responsabilidad en más del 90% de los reclamos que hay en la calle. Entonces, es una locura plantear que le tenés que pedir autorización al mismo que te violenta tus derechos para ver si podés marchar”, argumentó.
Con respecto al proyecto oficialista señaló que ya lo habían catalogado como un “mamarracho” porque “criminaliza a las personas en situación de calle”. Enfatizó en que el debate hay que aplicarlo en darle más garantías a la ciudadanía.
Matías Gvozdenovich, de la UCR, consideró que un fiscal tiene todo los elementos para actuar si así lo quisiera. "Es irrisorio seguir metiendo leyes”, dijo el referente de Rodrigo de Loredo en el recinto.
Entre los 18 integrantes de la UCR en la Unicameral analizarán qué posición tomarán y que mejorías pueden sugerir. La responsable de llevar la voz cantante será Inés Peralta, la legisladora titular en la comisión que preside la cordobesista Fernández.
Por su parte, desde el Frente Cívico, Nancy Almada, en la misma línea que la UCR, indicó que analizarán los proyectos. Sin embargo, en su intervención en la primera reunión de comisión consideró que hay algunos proyectos “incoherentes” y apuntó al legislador Spaccesi.
Habló de las protestas docentes y las de discapacidad como ejemplo de falta de respuesta, sin que haya un instigador para que salgan a las calles a reclamar.
Sin nombrarlo, pero con críticas directas al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, dijo: “Acá queremos imponer ‘los buenos son los de azul, los malos son los que protestan’, quieren enfrentar a dos clases trabajadoras”.
Apuntando al oficialismo, consideró que hay que revisar bien los proyectos porque hay “una ensalada de conceptos”. “Nosotros tenemos que promover el diálogo, escuchar las distintas campanas e intentar buscar el sentido común y más justo tanto para los comerciantes como para la persona que tiene derecho a protestar y que sale a la calle porque no le queda otra”. La dirigente juecista aseguró que a los proyectos de Cid y Rossi "les falta mucho debate".