El ministro Guillermo Acosta presentó el proyecto en la Legislatura de Córdoba. La apuesta al crecimiento y la estabilidad. El detalle de la nueva pauta fiscal.
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, firmando el Presupuesto 2026
El ministro de Economía y Gestión Pública de Córdoba, Guillermo Acosta, presentó el Plan de Reducción de Impuestos 2026 impulsado por el gobernador Martín Llaryora que implica la disminución de la carga tributaria provincial en unos 600 millones de dólares.
El Presupuesto apunta a bajas en Ingresos Brutos, Inmobiliario Urbano e Inmobiliario Rural, pequeños contribuyentes, sectores productivos, inversores y actividades clave como educación, salud, industria y agricultura.
Como lo había adelantado el ministro de Vinculación Comunitaria y Comunicación, Daniel Pastore-, y luego confirmado por el propio mandatario cordobesista, el gobierno provincial apuesta a las proyecciones de crecimiento del 6% y estabilidad que la gestión de Javier Milei anticipa para el próximo año.
El gobierno de Córdoba ingresó este viernes a la Legislatura Provincial el proyecto de Presupuesto 2026 denominado Plan de Reducción de Impuestos, una estrategia fiscal que busca aliviar la carga tributaria y reactivar la economía. La iniciativa prevé un recorte de $900.000 millones -equivalentes a US$ 600 millones- con el propósito de "incentivar inversiones, fortalecer la actividad productiva y otorgar alivio impositivo a familias, comercios y sectores estratégicos de la provincia".
La presentación estuvo a cargo de Acosta, quien expuso los lineamientos generales de las cuentas públicas para el próximo año. Estuvo acompañado por la vicegobernadora, Myrian Prunotto; el legislador y presidente Provisorio de la Unicameral, Facundo Torres Lima; y el presidente de la comisión de Hacienda en la Legislatura, Ricardo Sosa.
Facundo Torres Lima, Myrian Prunotto, Guillermo Acosta y Ricardo Sosa.
El funcionario destacó que el presupuesto se formula en un contexto nacional complejo, por lo que la reducción de impuestos busca generar condiciones locales más favorables para la actividad económica y la recuperación del empleo.
El proyecto, que requiere doble lectura para su aprobación, incluye un esquema de rebajas y exenciones en los principales tributos provinciales: Ingresos Brutos, Inmobiliario Urbano e Inmobiliario Rural. Según la normativa, las medidas están orientadas a pequeños contribuyentes, pymes, sectores productivos y áreas sensibles como educación, salud, industria y agricultura, que serán alcanzadas por beneficios específicos con el fin de estimular inversiones, mejorar la competitividad y sostener servicios esenciales.
Reafirmando lo que señaló tras el encuentro con Diego Santili y Manuel Adorni, el gobernador indicó: “tomando la previsión del gobierno nacional de un crecimiento del 6%, la Provincia presenta un presupuesto que cuida a los cordobeses, fortalece la producción e implementa un importante plan de reducción impositiva”.
La apuesta es concreta: “Más consumo, más inversión y mayor competitividad” con “un esquema tributario más simple, equitativo y orientado al desarrollo”.
Acosta anunció una reformulación del Impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB), con un paquete de reducciones considerado “histórico” por el alcance y el volumen de recursos que dejarán de ingresar al Estado para reorientarse hacia la actividad económica. El primer eje será una baja del 30% en la alícuota que pagan los pequeños comerciantes, que pasará de 3,5% a 2,5%. La medida alcanzará al 64% del comercio cordobés, es decir, a quienes facturan hasta $88,1 millones anuales, y busca aliviar la estructura de costos de un sector que viene golpeado por la retracción del consumo.
Otro punto central es la incorporación de Ingresos Brutos CERO para empresas que facturen menos de $3.200 millones y que realicen inversiones equivalentes al 1,2% de sus ingresos, en el marco de la nueva Ley de Promoción Industrial.
Según adelantó el Ejecutivo, la apuesta es impulsar la modernización productiva y acompañar a firmas que demuestren compromiso con el desarrollo local. Esto se complementa con exenciones de hasta el 100% para proyectos radicados en las zonas del Noroeste y Sur-Sur provincial, incluidas en la Ley de Igualdad Territorial. Para este programa, la Provincia destinará hasta el 5% de la recaudación total del impuesto, lo que representa $154.000 millones orientados a equilibrar asimetrías regionales.
El esquema preserva, además, beneficios fiscales ya vigentes y suma nuevas herramientas. Continúa la alícuota cero para inversiones en educación y se crea un programa equivalente para el sistema de salud, con el fin de estimular infraestructura y servicios en áreas clave. También se mantienen y amplían exenciones para sectores considerados estratégicos: actividad agrícola, industria promovida, créditos hipotecarios, Economía del Conocimiento y el Fondo Emprendedor.
En conjunto, todas estas modificaciones en Ingresos Brutos implican que el Estado provincial resigne $450.000 millones en recaudación, que se volcarían directamente al circuito productivo para dinamizar la actividad económica, atraer inversiones y permitir un mayor desahogo financiero para empresas y contribuyentes.
En el Plan de Reducción de Impuestos también se introdujo una serie de modificaciones en el Impuesto Inmobiliario Urbano, con el objetivo de evitar aumentos reales y, en la mayoría de los casos, generar reducciones. Según el Presupuesto presentado, ningún contribuyente pagará por encima de la inflación proyectada: la actualización máxima será del 29%, mientras que para un amplio universo de propietarios la carga impositiva será incluso menor que la del año anterior.
Presentación del Presupuesto 2026 del gobierno de Córdoba
El esquema contempla que el 41% de los contribuyentes (unas 500.000 personas), tendrá reducciones nominales de hasta el 25% respecto de lo abonado en 2025. Si se considera la inflación, esa disminución equivale a una baja real de hasta el 54%. A esto se suma que cerca del 11% (alrededor de 150.000 contribuyentes) pagará en 2026 exactamente lo mismo que en 2025, lo que representa una reducción real del 29%. En tanto, un 21% (unos 250.000 propietarios) recibirá una actualización del 29%, es decir, sin aumentos en términos reales. El 27% restante (aproximadamente 310.000 contribuyentes), tendrá incrementos menores al 29%, por lo que también pagará menos en términos reales.
Sin brindar mayor especificación, el proyecto incluye además exenciones del 100% del impuesto para 175.000 personas e instituciones, y ratifica la continuidad de los beneficios vigentes: un 30% de descuento para contribuyentes cumplidores y un 10% adicional por pago de contado. Según estimaciones oficiales, el conjunto de estas medidas implicará que la Provincia deje de recaudar $200.000 millones, recursos que, según argumenta el Ejecutivo, quedarán en manos de familias, comercios y sectores medios, con el objetivo de impulsar el consumo y sostener la actividad económica.
El proyecto de Presupuesto 2026 también incorpora un nuevo esquema para el Impuesto Inmobiliario Rural, elaborado en acuerdo con todas las entidades representativas del sector agropecuario. La actualización del tributo se realizará según el índice de inflación rural, un mecanismo que busca dar previsibilidad, transparencia y una carga fiscal acorde a la realidad productiva del campo, detallaron desde el Gobierno.
Además, se ratificó que el 98% de lo recaudado continuará destinado al Fondo de Desarrollo Agropecuario, que financia obras clave de infraestructura rural como caminos, electrificación y mejoras hídricas.
Martín Llaryora miembro de la Región Centro, que peleó por la eliminación de retenciones al campo, apunta a la reducción del impuesto rural.
El paquete fiscal incluye una serie de beneficios y reducciones orientados a incentivar la productividad y reconocer las buenas prácticas del sector. Entre ellos, se destaca un nuevo descuento del 5% para propietarios productores, con el objetivo de fomentar que trabajen directamente sus tierras. También se mantienen el 30% para contribuyentes cumplidores, los incentivos por Buenas Prácticas Agropecuarias, los descuentos por tope del 29%, y la continuidad de la alícuota cero a la mera compra, medida incorporada el año pasado. A esto se suman exenciones específicas para entidades sin fines de lucro, predios con bosques nativos, zonas protegidas y áreas declaradas en desastre agropecuario, aliviando la carga en territorios ambientalmente sensibles o afectados por eventos climáticos.
En conjunto, el programa rural representa una transferencia directa hacia el sector productivo: la Provincia dejará de percibir alrededor de $250.000 millones, fondos que, explicaron desde la administración provincial, quedarán en el circuito económico cordobés para apuntalar inversiones, sostener la actividad agropecuaria y reforzar el entramado productivo que motoriza a gran parte del interior provincial.