Las protestas del sindicato municipal dispararon las alarmas. El ministro de Seguridad cruzó a la Justicia. El viejo proyecto llaryorista remasterizado.
Martín Llaryora y Juan Pablo Quinteros.
La movilización del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) del martes volvió a activar declaraciones del ministro de Seguridad de Martín Llaryora, Juan Pablo Quinteros, que criticó un fallo de la Justicia provincial y pidió ley antipiquetes en Córdoba. Letra P pudo saber que se dará ese debate en la Legislatura.
Desde su rol de funcionario público del gobierno cordobesista, el funcionario vuelve a sintonizar con las políticas impulsadas por La Libertad Avanza de Patricia Bullrich y Javier Milei. Manifestantes, en la mira.
El debate sobre una ley antipiquetes para Córdoba comenzó a barajarse hace un mes, cuando la Cámara de Acusación de Córdoba sobreseyó a seis dirigentes sociales y sindicales del Partido Obrero por el corte de las avenidas Colón y General Paz de la capital, durante una protesta piquetera el 5 de abril de 2023.
Quinteros, abiertamente, manifestó su desacuerdo con ese criterio judicial. Habló de “retroceso en los avances para garantizar la paz social” y de “límites tolerables” para las rutinas de los cordobeses. “Es una alteración tremenda”, afirmó.
Ahora, tras la protesta del gremio municipal que copó distintos puntos de la capital, el ministro redobló la apuesta. No solo criticó aquella resolución judicial sino que reforzó su posición, afín a la de Patricia Bullrich y de La Libertad Avanza. Remarcó "la necesidad de una ley antipiquetes” en la provincia como "instrumento objetivo legal".
Un antiguo proyecto del exlegislador ultrallaryorista Juan Manuel Cid será el modelo que impulsará el oficialismo y que se debatirá en la Legislatura de Córdoba, según pudo saber este medio de altas fuentes del Panal.
Las declaraciones de Quinteros y las intenciones de avanzar con una medida legal es un evidente mensaje para el único gremio que, actualmente, invade las calles: el Suoem, plantado frente al intendente cordobesista Daniel Passerini.
Cabe recordar que Llaryora despejó el escenario salarial en su administración. La semana pasada estampó la firma al acuerdo con el Sindicato de Empleados Públicos y no volverá a discutir salarios con el arco gremial que depende de su gobierno hasta marzo de 2026. Incluso, media en el conflicto del Tribunal Superior de Justicia con sus agentes, que se acogieron a una conciliación voluntaria en la Secretaría de Trabajo que comanda Omar Sereno.
Al conocerse la absolución, la Cámara argumentó que no existe en Córdoba una legislación provincial similar al protocolo antipiquetes nacional, lo que limita la regulación de estas protestas.
Los imputados fueron eximidos por el delito de desobediencia a la autoridad, porque no hubo ninguna orden escrita ni verbal. Al no haber una orden contra ellos, son sobreseídos.
El fallo, firmado por los vocales Maximiliano Davies, Carlos Salazar y Patricia Farías, también argumenta que, como el corte de las calles fue temporario, se hizo un "balancing test" entre los derechos de todos los ciudadanos y el de la protesta.
Pese a las complicaciones, al haber sido breve, y con vías de acceso alternativas, la circulación se afectó de manera "tolerable", no se registraron disturbios y no se constató que los imputados hayan incitado a los manifestantes a cortar la calle.
Desde 2023, el fiscal Ernesto de Aragón es el encargado de velar por la libre circulación ante protestas en la ciudad de Córdoba. En prácticas coordinadas con la Policía buscan restringir lo menos posible los derechos de los ciudadanos: media calzada despejada para evitar la interrupción total de la circulación.
Este protocolo no escrito, surgió luego de que el Juzgado de Control y Faltas de la Ciudad de Córdoba hiciera lugar a la acción de habeas corpus interpuesta por vecinos y comerciantes de la zona céntrica, donde generalmente se desarrollan las marchas, logrando equilibrar el derecho a la protesta con la libre circulación y el comercio.
El "protocolo para el Mantenimiento del Orden Público ante el corte de vías de circulación", conocido como Ley antipiquetes, habilita a las cuatro fuerzas federales, más el Servicio Penitenciario Federal, a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos parciales o totales.
Detalla que se aplicará la excusa de vías alternativas, si se corta la vía principal se liberará hasta que quede desalojada; se utilizará la mínima fuerza indispensable; se identificarán personas, autos, organizadores y conductores; se labrarán las infracciones necesarias a los vehículos y se secuestrarán los autos que no están en regla.
La reglamentación explicita, además, que se trabajará en Estaciones de trenes detectando gente con caras tapadas, palos o banderas; se avisará al juez competente en caso de quema de gomas para que nos habilite a actuar; se avisará a la autoridades de minoridad cuando haya niños en las marchas; entre otros puntos.