El gobernador avanzará con un cobro único. "Nos atrincheraremos", avisa un opositor. Búsqueda de consenso entre la provincia y alcaldes aliados.
El cobro de la tasa del acceso a los puertos del cordón industrial en Santa Fe, nuevamente en disputa.
La relación entre el gobierno de Santa Fe y los intendentes del cordón portuario volvió a tensionarse. Maximiliano Pullaro estudia un esquema para el cobro de una tasa por el acceso a puertos y un cacique opositor ya avisó que no piensa ceder dinero. "Nos atrincheraremos", advirtió a este medio Carlos De Grandis, al frente de Puerto General San Martín.
Como ya contó Letra P el año pasado, la idea del gobierno santafesino no es nueva. La intención apunta a unificar bajo una tasa única el acceso a los puertos. El valor estimado rondaría entre los 30 y 45 dólares. Los intendentes cobran en la actualidad una tasa que temen perder si avanza el nuevo esquema de la provincia.
"Todas las semanas avanzamos en el proyecto y en el inicio de 2026 lo vamos a presentar, aunque no es sencillo de armar", sostiene una alta fuente de la Casa Gris. "La idea es acordarlo con los intendentes. No se les va a sacar ese ingreso de un plumazo", agrega.
Alcaldes de variopinto color político miran de reojo la propuesta provincial. Los más cercanos a la coalición oficialista, Unidos para Cambiar Santa Fe, aceptan que hay margen para negociar. "Habrá posturas más beligerantes y otras más dialoguistas, pero creo que se va a terminar acordando", dice una voz que representa a una de las ciudades más grandes.
Sin embargo, aun quienes apoyan a Pullaro, reconocen que el tema "es escabroso". Leonardo Raimundo, alcalde de San Lorenzo, dijo a SL24 que es "jurídicamente inviable".
"Lo legal se resuelve. Se necesita una ley y hay que hacer una concesión a largo plazo", responden en el gobierno.
En las antípodas del proyecto pullarista está De Grandis, cacique peronista e intendente por séptimo mandato consecutivo de otra de las urbes portuarias. El mandamás de Puerto General San Martín apuntó directamente contra el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, una de las voces cantantes en este tema.
"No está ni siquiera informado. Voy a defender los intereses de mi ciudad. Para hacer algo así tendría que pasar por las calles de acá. ¿Qué es lo que hay que hablar?", dijo a Letra P, diferenciándose de sus pares. "Me tendrá que expropiar media ciudad. Si quiere hacerlo, nos atrincheraremos en Puerto", anticipó.
"Están sentados arriba de una torta de plata y no la sueltan", retruca otra fuente del gobierno provincial.
Más allá de los tonos y matices, en el núcleo de los intendentes agrupados en un foro que integran diez ciudades portuarias coinciden en que la tasa que hoy se cobra "no sólo permite arreglar calles que destrozan los camiones, sino que se desratiza, se limpia y se reparan cosas" que la propia dinámica portuaria va deteriorando.
"Los camioneros, por ejemplo, putean por lo que pasa en las rutas que no son de nuestra jurisdicción", añaden, para marcar que los municipios sí hacen los deberes de mantenimiento.
Algunos intendentes se atreven a marcar diferencias con respecto a la utilización que hacen otros colegas de esos fondos, un punto crítico señalado por Enrico. “San Lorenzo y Puerto General San Martín hacen bien las cosas. Villa Gobernador Gálvez cobra una tasa por 500 metros de tierra y en Timbúes es un desastre. Ahí se desnaturaliza el tema”, ejemplifica una fuente municipal en estricto off the record.
En el gobierno buscan desarrollar "un enfoque integral" para un tramo de unos 460 kilómetros. Observan que algunos municipios cumplen más y otros menos con el mantenimiento y otras tareas necesarias para la actividad portuaria.
La carta de negociación que plantea el pullarismo es coparticipar una porción del dinero que se recaude a partir del cobro de la tasa única, aunque reconocen que aún no hablaron de números finos. "No llegamos a ese punto", explican. Los intendentes también observan que lo que conocen del proyecto es "a través de los medios" y que todavía "no se convocó a ninguna reunión".
"Estamos trabajando un esquema de concesión grande. Si se quieren hacer obras importantes, implica un costo mensual y eso debe tomarlo un único ente", señalan en la gestión provincial.
Otra cuestión que pondrán sobre la mesa los intendentes es la autonomía consagrada en la reciente reforma constitucional. “Una ley que vaya contra ese principio sería contranatura. Venimos de anunciar una reforma con autonomía y la cercenás con una ley. Es una ironía”, puntualizan.
Un punto fundamental en esta discusión es qué ocurrirá con las rutas nacionales que desembocan en los puertos. Trazas como la A012 y la ruta nacional 11 son vías fundamentales para la región que, ante la falta de mantenimiento por parte del gobierno de Javier Milei, Santa Fe pretende tener bajo su órbita. Se trata de un reclamo recurrente de la administración Pullaro.
Inclusive, ante el pésimo estado vial, meses atrás se extendió una fuerte campaña con cartelería en las carreteras remarcando que la responsabilidad de mantener los caminos en condiciones corresponde a la esfera nacional. "Aunque no las traspasen, el esquema de la tasa se hace igual", avisan en el Ejecutivo.
"Algo cambió en el último tiempo, hay otra onda", reconocen sobre las charlas con Vialidad Nacional, el organismo que debe dar el aval concreto para el traspaso de rutas. El tema, sin embargo, no está exento de las idas y vueltas habituales con la Casa Rosada. Según pudo saber Letra P, semanalmente hay emisarios de Obras Públicas que van a Buenos Aires para hacer un trabajo de hormiga y conseguir destrabar un tema neurálgico para el área. "Los mandos medios están trabajando por lo bajo", afirman con expectativa.