Tras la caída del jefe de la Caminera, la UCR exigió el juicio político y el juecismo que echen a Quinteros. Aliados del PJ sumaron fuertes críticas al debate.
Martín Llaryora y Juan Pablo Quinteros.
El peronismo cumplió con el libreto diseñado junto al gobernador Martín Llaryora para la sesión legislativa de este martes. Aunque habilitó un debate de alto voltaje en torno a la sucesión de casos que involucran a altos mandos de la Policía de Córdoba, clausuró cualquier posibilidad de que la oposición lograse su cometido: la eyección de Juan Pablo Quinteros.
La defensa del ministro de Seguridad, empero, no resultó un mero trámite para un bloque oficialista que sigue jugando al filo de sus posibilidades numéricas en una Legislatura con fuerzas equiparadas. Por primera vez en mucho tiempo se escucharon duras críticas de sus aliados en el proyecto de Partido Cordobés, con los que cuenta para desempatar reñidas disputas.
Sabiendo de antemano que contaba con escasas chances para imponer sus proyectos para destituir a Quinteros, la oposición logró descargar pesada artillería luego de varias sesiones en que denunció cercenamientos a la circulación de la palabra. Todos sus embates ratificaron que la seguridad sigue siendo uno de los flancos predilectos para denunciar falencias de la sucesión de gestiones cordobesistas.
Las críticas de los bloques opositores tuvieron distintos cortes temporales, a veces con enfoques contrastantes, pero con un mismo disparador: la detención de siete personas, entre policías y civiles, por una causa en la que se investiga la comisión de graves delitos.
Desde el Frente Cívico volvieron a colgarse la cucarda de ser los primeros en advertir sobre la falta de idoneidad del ministro de Seguridad. Walter Nostrala, presidente del bloque juecista, repitió que consideran como “inútil” al funcionario, destacando su falta de preparación.
También fueron duros los conceptos de su par, Nancy Almada, quien evocó la falta de respuestas del oficialismo ante distintos pedidos de informes elevados bajo sospecha de irregularidades hace ya más de un año.
Como guía, que seguirán en las próximas semanas, las voces del juecismo apuntan a derribar el argumento con el que la gestión llaryorista se había defendido de las críticas por escándalos que involucran a funcionarios policiales. Junto a Rodrigo Agrelo, de Encuentro Vecinal, la tropa de Luis Juez recordó que Alejandro Mercado, exsubjefe de la Policía, y Maximiliano Ochoa Roldán, exjefe de la Policía Caminera, ambos acusados de liderar asociaciones ilícitas que cometían múltiples delitos, fueron promovidos a sus cargos por Quinteros.
Más aún, recordaron que el gobierno provincial podría haber evitado ambas situaciones si hubiese atendido los antecedentes de los mencionados policías, así como de los subalternos también imputados. En concreto, el oficialismo pidió la colaboración al Tribunal Superior de Justicia para auscultar a las futuras autoridades de las fuerzas de la Policía.
En otras palabras, para la mitad de la oposición Llaryora ya no puede apelar a la pesada herencia de la fuerza que le legó Juan Schiaretti, en cuya gestión se produjeron sonados casos de violencia institucional.
El bloque de la UCR prefirió enmarcar el escándalo que involucra a la cabeza de la fuerza que controla las rutas cordobesas, en una continuidad de malos manejos de la seguridad como concepto y la fuerza policial como herramienta.
La legisladora Brenda Austin recordó casos de asesinatos cometidos por efectivos policiales en los 26 años de gobiernos peronistas. Daniela Gudiño, par de la bancada, evocó otros casos, pero pidió no desvincular a la conducción policial de la conducción política.
“Entre 2013 y 2019 el Poder Judicial registró 169 agentes policiales y penitenciarios imputados en distintas causas. Sólo 13 tuvieron condena firme. Desde el 2023 a la fecha son al menos ocho funcionarios policiales procesados. Son ustedes los que se encargaron de llenar todos los cargos con estos nombres. Son los únicos responsables”, fustigó.
No fue esa la única referencia a la laxitud de la Justicia de Córdoba para con los funcionarios provinciales. También los vincularon con la escasa atención que ha prestado el Ejecutivo para controlar el crecimiento patrimonial de las cúpulas acusadas.
En una variante ya reconocida, Gregorio Hernández Maqueda, del bloque Mejor Futuro, intimó a la bancada de Hacemos Unidos por Córdoba para que conforme las comisiones necesarias para las instancias de juicio político.
Tal posibilidad, reconoce el pleno opositor, no parece viable en el corto plazo. Sin embargo no se privaron de mencionarlo, también en la previa de la sesión. Según admiten, la ausencia de cualquier consideración sobre juicio político es otra muestra de “la impunidad con que se manejan”.
Más sorpresivas resultaron las diatribas de legisladores que, usualmente, han manifestado sintonía con los proyectos del PJ. A su turno, Agustín Spaccesi, del Partido Libertario, y Graciela Bisotto, del monobloque Juntos por el Interior, despacharon duras críticas al manejo de la seguridad por parte del gobierno provincial. El libertario, en particular, volvió a pedir reformas profundas en las estructuras de las fuerzas de seguridad.
Advertencias sobre la severidad de la situación también llegaron desde la bancada del PRO, fuerza que nutrió de funcionarios al Ejecutivo provincial, de boca del legislador Oscar Tamis.
El fuego amigo no inmutó a oradores y oradoras del peronismo. Cada una de ellas se mantuvo sobre la línea marcada desde el Panal: “cuando la Justicia trabaja la política debe callarse”, axioma que repitió la legisladora Nadia Fernández, encargada de cerrar el debate.
Sus predecesoras oficialistas alternaron entre pedidos de reconocimiento a distintos logros en materia de seguridad, particularmente en los últimos años con la incorporación de tecnología y efectivos, y exigencias de responsabilidad institucional a la oposición.
Pero los principales estiletazos estuvieron guardados para la discusión posterior, vinculada al uso de la Inteligencia Artificial en un video con declaraciones apócrifas de Llaryora que compartiera Rodrigo de Loredo.
A tal debate el peronismo llegó con su primer objetivo cumplido: con ajustada mayoría rechazó los nueve proyectos que la oposición presentó para exigir explicaciones sobre la problemática de seguridad y causas judiciales que involucran a policías, pero cuyo target final parecía ser otro: forzar la salida del ministro de Seguridad.