Los juicios por crímenes de lesa humanidad son una referencia global en materia de políticas de Derechos Humanos. Todos los números y lo que sigue pendiente.
Los juicios por los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura son una política de Estado de la democracia argentina.
A 50 años del inicio de la última dictadura y a pesar de las provocaciones, el negacionismo y reivindicacionismo de sus crímenes por parte del Gobierno, la democracia argentina tiene una marca propia que mostrar, un activo difícil de discutir: los juicios de lesa humanidad son una de las políticas más consistentes, persistentes y excepcionales del ciclo abierto en 1983.
No por declamación, sino por volumen, continuidad y efectos.
Desde la reapertura de las causas, el país acumula 361 sentencias, 1.231 personas condenadas y 250 absueltas por crímenes de lesa humanidad. Pese al desgaste del tiempo, el proceso sigue abierto: hay 11 juicios en curso y 282 causas en etapa de investigación.
Hace algunos días, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad actualizó las cifras que describen, a grandes rasgos, la espesura del proceso de juzgamiento a los genocidas de la última dictadura cívico militar eclesiástica y su situación actual.
Los procesos desarrollados desde 2006 arrojan los siguientes números:
- 3.897 personas investigadas;
- 1231 condenados;
- 46% libres;
- 40% fallecidos;
- 12% con algún tipo de encierro;
- 1% prófugos;
- 504 detenidos;
- 90% con arresto domiciliario;
- 61 en servicios penitenciarios;
- 18 en la cárcel VIP de Campo de Mayo;
- 715 causas;
- 361 sentencias;
- 282 expedientes abiertos;
- 60 causas esperan fecha de juicio oral;
- 11 juicios en debate, que serían 12, pero el juicio contra dos exdirectivos de Ingenio La Fronterita, acusados del secuestro y las torturas impuestas a más de 60 trabajadores en el centro clandestino que funcionó dentro de la empresa desde 1975, fue suspendido.
“El análisis de los juicios no se puede quedar solo con las estadísticas de los últimos años. Eso sería no ver el camino recorrido e invisibilizar los logros alcanzados”, avisa Guadalupe Godoy, abogada experta en crímenes de lesa humanidad que trabajó y trabaja junto a sobrevivientes y familiares de víctimas en la jurisdicción de La Plata.
Lo primero que su colega Pablo Llonto dice a Letra P va en la misma línea. “El balance es muy, muy positivo, aun con todos los problemas, tropiezos y obstáculos que hubo y hay que superar todavía. Uno tiene no más que mirar para atrás y ver los tiempos difíciles y eso es lo que le da el carácter de positivo”, arranca.
El medio siglo que transcurrió desde aquel 26 de marzo de 1976, entonces, obliga a mirar el recorrido largo, porque la Argentina no llegó hasta acá de un tirón. Hubo un hito fundacional, una interrupción y una segunda etapa que terminó dándole densidad histórica al proceso.
El antecedente inevitable es el Juicio a las Juntas, esa escena inaugural en la que una democracia todavía frágil sentó en el banquillo a los comandantes del terror estatal.
Desde un tiempo antes, cuando la CONADEP inició la investigación formal sobre los crímenes de la dictadura aún por entonces amenazante, el movimiento de familiares de desaparecidos y de sobrevivientes, con las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo a la cabeza, reclamaban no sólo la aparición con vida de quienes habían sido cazados, sino también juicio y castigo a los responsables de semejante horror. “Ahora, ahora, resulta indispensable, aparición con vida y castigo a los culpables”, pintaban en las banderas, cantaban en las calles y disputaban frente al corpus genocida que se retiraba sin entregar la retaguardia.
Fue un punto decisivo en la historia aquel que trascendió entre abril y diciembre de 1985, que sentó en el banquillo de los acusados a los nueve comandantes en jefe de las tres fuerzas armadas durante el gobierno de facto, aunque sólo haya condenado a cinco de ellos. El envión duró poco: dos años después vinieron las leyes de impunidad y los indultos. Más de una década de represores y genocidas libres, algunos debatiendo en televisión con las manos manchadas de sangre.
El ciclo que hoy define el perfil argentino recién pudo recomponerse de manera sostenida desde la nulidad de aquellas normas y la reapertura de las causas, casi 20 años después.
Ahí está la primera gran conclusión del balance: la Argentina logró convertir una decisión política y jurídica en una política de Estado de larguísima duración. Mal que les pese a quienes integran el gobierno de La Libertad Avanza y al sector negacionista de su electorado, los juicios de lesa humanidad son una de las pocas políticas de Estado que no quedaron atadas a una sola coyuntura ni a una única generación judicial. Incluso a pesar de haber desactivado, el Poder Ejecutivo, su intervención en las causas y los debates –no hay más querella del gobierno nacional–.
Durante 23 años, los tribunales federales de todo el país sostuvieron una secuencia de sentencias que reconstruyó el funcionamiento del aparato represivo, identificó responsables, reconoció víctimas y consolidó un piso de verdad judicial que excede largamente la memoria testimonial. Eso es lo que vuelve al proceso argentino una rareza internacional: no un juicio emblemático, sino una maquinaria judicial, aletargada pero persistente.
Más allá del balance y las cifras estancas, Godoy propone pensar para qué se reclamaron, se trabajaron y se hicieron y hacen los juicios, porque es una manera de encontrarle sentido a seguir hablando de algo que ocurrió medio siglo atrás. “El balance no es solo cuántos condenados hay y cuántos faltan, sino más bien cuál fue el aporte que este proceso realizó a las luchas del presente”, puntualiza. En los juicios de lesa humanidad no solo se ventilan las más aterradoras conductas que pueden llegar a ejercer y a sufrir seres humanos. Audiencia tras audiencia se visibiliza el por qué y el para qué del genocidio, se disputa el sentido de la dictadura y se consolida una mirada sobre lo sucedido que constituye una herramienta de análisis al servicio de las luchas del presente.
“Si se logra entender cuál fue el sentido del exterminio; si entiendo que fue para instalar un ciclo liberal y quiénes se enriquecieron y beneficiaron, puedo hoy establecer puentes que facilitan el análisis necesario para saber dónde estamos parados”, refuerza Godoy.
Como informó Letra P, A principios de marzo, Pulsar.UBA, el observatorio universitario y el Centro de Estudios Legales y Sociales presentaron los resultados de una encuesta que realizaron a propósito del medio siglo transcurrido desde el comienzo de la última dictadura: el 70 por ciento de los encuestados cree que la dictadura fue mala o muy mala, el 19% calificó el proceso de regular y el 6% opinó que había sido bueno.
“La inmensa mayoría de la sociedad repudia el golpe, respalda el Nunca Más y avala que los juicios contra los que han cometido los más aberrantes crímenes, estos delitos de lesa humanidad, continúen”, decodifica Llonto tal resultado a la luz de “este contexto”, dos elecciones ganadas por un gobierno que cuenta en la vicepresidencia a una de las más visibles representantes de los grupos progenocidas.
“Los juicios son el elemento central para explicarle a la sociedad con datos, con elementos concretos, lo que ha pasado en la Argentina durante aquellos años y la fuerza que tiene el decir que esto nunca más ocurra”, coincide Llonto con su colega.
“Que digan dónde están” es otra de las consignas históricas del movimiento de derechos humanos que en este 50 aniversario retornará con fuerza. Los genocidas no quieren responder. Por eso, los juicios son una gran herramienta para resquebrajar ese pacto de silencio: su potencia radica allí.
“Estos juicios todavía siguen siendo muy necesarios porque falta mucho por saber”, suma Ana Oberlin, abogada y auxiliar fiscal de La Plata, con intervención en los tres debates de lesa humanidad que se están llevando a cabo en la jurisdicción.
A pesar de que los represores siguen manteniendo el pacto de silencio hasta la muerte, la verdad emana en cada audiencia. “Aparecen nuevos datos que no sólo sirven para seguir identificando a victimarios, porque todavía nos restan saber quiénes son todos los responsables y juzgarlos, militares y de fuerzas de seguridad, pero también civiles, curas, apropiadores, empresarios, operadores del Poder Judicial, sino también para saber detalles sobre las víctimas. Hay miles de familias que no saben cuál fue el centro clandestino por donde pasaron sus seres queridos ni cuál fue el destino final”, añade Oberlin. Aún buscamos a más de 300 nietos y nietas apropiados, aún hay centenares de niños y niñas que fueron secuestradas o sufrieron la violencia represora y no obtienen justicia.
El proceso de juzgamiento a genocidas que se reanudó en 2003, con la declaración de nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final y la declaración de inconstitucionalidad de esas normas por parte de la Corte Suprema dos años después, lleva 23 años de avance ininterrumpidos, pero también de tracto desigual, lento e incompleto. Y allí la atención debe enfocarse en las estructuras judiciales por donde se traducen los tiempos políticos y las animosidades políticas en Justicia.
Los organismos de Derechos Humanos, los colectivos de familiares y sobrevivientes de la última dictadura, los abogados dedicados a estos expedientes, y también el Estado argentino en tiempos en los que estuvo comprometido con el proceso de juzgamiento a genocidas, advirtió que la agenda de lesa humanidad debía seguir siendo una prioridad para el Poder Judicial. En 2008 se creó la Comisión Interpoderes bajo la órbita de la Corte Suprema con el objetivo de velar por el avance continuo y la mejora en el proceso. Sin embargo, los supremos la convocaron tan solo un par de veces. Desde hace años hacen caso omiso al reclamo de las partes para que vuelva a ponerse en funcionamiento.
A esta altura, el tiempo dejó de ser un mero factor administrativo para convertirse en un actor central del problema. Ese actor tiene nombre conocido: impunidad biológica. Imputados que mueren antes de llegar al juicio. Testigos y sobrevivientes que envejecen mientras esperan. Causas que se fragmentan, se apelan, se dilatan y, a veces, terminan demasiado tarde. A 50 años del golpe, la democracia puede decir que juzgó mucho, pero también tiene que admitir que no siempre juzgó a tiempo. Y en materia de lesa humanidad, esa diferencia no es técnica: es política, ética y también histórica.
“Necesitamos que se aceleren los juicios. Hay represores que mueren impunes, hay sobrevivientes y familiares que mueren sin haber obtenido la respuesta del estado por la que lucharon y esperan hace 50 años, hay juicios que se hacen de a una audiencia de una hora cada 15 días y esa no es la forma ni siquiera respetuosa para ellos”, remarca la fiscal.
Nicolás Tauber Sanz es abogado y entiende que los juicios de lesa humanidad de los que fue participante hasta hace algunos meses “son una conquista del pueblo argentino y una necesidad histórica y actual”. Hasta hace algunos meses, fue parte del equipo jurídico de la ex Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que trabajaba en expedientes y juicios de lesa humanidad como querellante. Aunque ya no pueda serlo, los sigue de cerca. “Los juicios tienen implicancias en el presente: la impunidad del pasado genera impunidad en el presente”, advierte.
La degradación de esa área del Estado a Subsecretaría, la eliminación de las querellas de todos los debates y causas posibles, además de secar de recursos y de desactivar todos los programas vinculados con las políticas de memoria, verdad y justicia fueron las medidas más efectivas que tomaron Milei y su séquito para atacar el avance de los juicios.
“No les cumplieron las promesas electorales a los progenocidas: creían que al día siguiente de haber ganado las elecciones Milei los iba a sacar de la cárcel; ellos siguen ahí, pero los juicios siguen. No pueden indultar ni el Poder Judicial puede dar por terminado este proceso porque lo que hemos construido se consolidó tanto que hay cosas que son difíciles de romper”, asegura Godoy.
La posibilidad de una amnistía o de un indulto a genocidas condenados e investigados sonó como ruido de fondo amenazante desde que Javier Milei y Victoria Villarruel eran una mera fórmula. El lobby y la instalación mediática del tema son fogonaeados por un grupo de abogados reivindicacionistas del último golpe, los mismos que defienden a los genocidas en los juicios de lesa humanidad. Por el momento, no pasó de eso: un rumor instalado.
Durante estos 50 años y en especial desde la nulidad de las leyes de impunidad, el proceso de juzgamiento a genocidas fue expansivo. Con el paso de los años, los juicios ampliaron su foco y empezaron a incorporar dimensiones que durante mucho tiempo habían quedado subsumidas bajo categorías más generales.
El caso más claro es el de la violencia sexual, lo que expresa un cambio de mirada sobre el terror estatal, que dejó de tratar esas agresiones como un exceso lateral para reconocerlas como parte estructural del dispositivo represivo. Según la PCCH, a fines de 2025 ya había 59 sentencias que abordaron específicamente estos delitos, con 170 personas, condenadas, y el relevamiento estadístico registró 264 víctimas reconocidas en sentencias, entre ellas 224 mujeres y 40 varones.
Pero si hay un punto donde el proceso revela con mayor nitidez su límite, es el de las responsabilidades civiles. La masa principal de condenas recayó, como era esperable, sobre miembros de las Fuerzas Armadas, de seguridad, policías, penitenciarios e inteligencia. Ahí la Justicia avanzó con mucha más decisión y volumen.
En cambio, el juzgamiento de funcionarios judiciales y actores eclesiásticos fue bastante más lento, más escaso y mucho menos profundo. Ni hablar de empresarios, directivos de compañías y otros engranajes del poder civil. El sistema judicial mostró muchas más dificultades cuando la pesquisa se acercó a sectores con poder persistente.
Se calcula que más de la mitad de las víctimas del terror de la última dictadura eran trabajadores. En su mayoría, con activismo gremial. En 2015, el Estado argentino elaboró un informe que documenta la intervención concreta, y de diferentes maneras, de dueños y altos funcionarios de 25 empresas a lo largo y ancho del país en secuestros de trabajadores y trabajadoras que, en su mayoría, permanecen desaparecidos. De todos ellos, solo cinco fueron juzgados: el dueño de La veloz del Norte, Marcos Levin, fue el primero; dos directivos de Ford, condenados en un juicio histórico, y dos de Acindar, absueltos en un fallo vergonzante.
Carlos Blaquier, el dueño de Ingenio Ledesma, empresa que aportó camiones y camionetas para secuestrar a 400 personas durante lo que se conoció como La Noche del Apagón, en Jujuy, murió impune abiertamente protegido por el Poder Judicial federal. Adolfo Navajas Artaza, dueño de Establecimiento Las Marías, empresa yerbatera ama y señora de Gobernador Virasoro, en Corrientes, logró que ningún juez se atreviera a sentarlo en el banquillo de los acusados por violaciones a los derechos humanos de trabajadores locales.
El 11 de marzo pasado debía haber empezado el juicio contra dos exmiembros del directorio de Ingenio La Fronterita, acusados del secuestro de 68 trabajadores entre 1975 y 1983. Parte del Ingenio se transformó en un centro clandestino de detención, tortura y exterminio durante el Operativo Independencia. Hace más de diez años que se investiga la participación empresarial en esos delitos; el juicio espera hace cinco. Un día antes de su comienzo, la Justicia lo suspendió sin fecha de reprogramación. Se espera que en abril la Justicia federal de San Martín empiece a juzgar a Juan Ronaldo Tasselkraut, exgerente de la fábrica de Mercedes Benz, y que en La Plata se siente en el banquillo su colega de Molinos Río de La Plata, Emilio Parodi.
Ese es, probablemente, el núcleo más áspero del balance. La democracia argentina consiguió algo excepcional, pero no consiguió todavía todo lo que ese proceso prometía. A 50 años del golpe, la Justicia ya probó que puede llegar hasta los represores. La discusión pendiente es si alguna vez llegará con la misma decisión a los otros nombres del poder.