La Masacre del Pabellón Séptimo, la matanza carcelaria más grave de la historia del país sucedida en plena dictadura militar, llegó a juicio oral 46 años después de ser ocultada y tras una década de ser declarada crimen de lesa humanidad.
Tres exmiembros del Servicio Penitenciario Federal asesinaron a 65 presos y torturaron a otros 88 en la cárcel de Devoto. El juicio comenzó este miércoles.
La Masacre del Pabellón Séptimo, la matanza carcelaria más grave de la historia del país sucedida en plena dictadura militar, llegó a juicio oral 46 años después de ser ocultada y tras una década de ser declarada crimen de lesa humanidad.
Seguramente Jorge Omar “Pato” Tolosa no imaginó que aquella discusión que tuvo con Gregorio Zerda la noche del lunes 13 de marzo de 1978, uno preso y otro guardiacárcel de la cárcel de Devoto, sería su sentencia de muerte. La venganza llegó a la mañana siguiente, con una requisa brutal, el intento de resistencia de más de 150 detenidos y un feroz incendio que, a propósito, fue dejado arder hasta consumir la vida de 65 hombres y herir gravemente a otros 88 que, allí mismo, fueron torturados.
Para los jefes de la última dictadura cívico militar, Devoto no era una cárcel más. Allí estaban concentradas las prisioneras políticas de todo el país, las “subversivas blanqueadas”, militantes, cuadros políticos. El lugar, gestionado por el Servicio Penitenciario Federal bajo el control del Ejército –pleno terrorismo de Estado– y con presencia diaria de militares en prisión, funcionó como “vidriera, la cárcel que se podía mostrar”, como las abogadas Claudia Cesaroni y Natalia D'alessandro describieron al lugar en el requerimiento de elevación a juicio presentado en la causa que, desde 2011 impulsaron en la Justicia federal.
Dos años antes, y por casualidad, las abogadas conocieron a Hugo Cardozo, sobreviviente de la Masacre del Pabellón Séptimo o de “el motín de los colchones”, como los medios de comunicación bautizaron la matanza que sucedió en aquella prisión el 14 de marzo de 1978, en pleno terrorismo de Estado. Su relato las conmovió y las convenció de que no era posible que los asesinatos de decenas de presos y las heridas que sufrieron tantos otros, entre ellos Cardozo, quedara en la nada. Así, rescataron la causa del archivo de la Justicia ordinaria e insistieron para que el fuero federal tomara la posta.
“A medida que nos internábamos en la historia nos convencíamos más de que estábamos frente a un crimen de lesa humanidad”, contó Cesaroni a Letra P. Diez años después, el Tribunal Oral Federal número 5 de la Ciudad de Buenos Aires comenzó a juzgar en debate oral y público a tres exintegrantes del Servicio Penitenciario Federal por las muertes y los tormentos.
“A las muertes en cárceles nadie las nombra, nadie las investiga. Este juicio es fundamental para que esto empiece a cambiar”, concluyó la abogada que el miércoles leyó las acusaciones de la querella que representa. Cardozo la oyó en primera fila. Declarará como testigo-sobreviviente en las próximas audiencias. Los acusados son Juan Carlos Ruiz, el director de la cárcel aquel marzo del ‘78; Horacio Galíndez, exjefe de la División Seguridad Interna de esa prisión, y Zerda, el celador del Pabellón Séptimo, el que se la juró a Tolosa por no apagar la tele.
Tolosa llegó a esa prisión en enero de 1978, dos meses antes de ser asesinado bajo el fuego de los colchones sobre los que él y sus compañeros ranchaban en el pabellón séptimo del encierro. Pasadas las 23, Zerda les ordenó apagar la tele en la que veían una película. Tenía 27 años entonces Zerda. Tolosa 19, pero sus compañeros de encierro los había de todas las edades. Nadie le hizo caso al celador y cuando insistió, “tuvo un intercambio verbal con Tolosa”, narra el requerimiento de elevación a juicio de Cesaroni y D’alessandro. Según testimonios recolectados en la instrucción de la causa federal, a cargo del juez Daniel Rafecas, testigos hablan de que el celador ordenó a Tolosa que saliera del pabellón y que, ante su negativa, lo amenazó: "Ya vas a ver".
En plena madrugada, Zerdá y otros cuatro carceleros fueron a buscar a Tolosa con la excusa de tomarle declaración por el episodio del televisor. Tolosa no accedió. Según documentación institucional, el detenido les contestó que “no le rompan las pelotas, que lo dejaran vivir tranquilo”. Los carceleros se fueron, pero regresaron a la mañana y las consecuencias fueron para todo el pabellón.
Poco antes de las 8 del 14 de marzo de 1978 una requisa “inusualmente violenta” desbarató al pabellón, describieron sobrevivientes en el expediente. Todos, también cuentan cuál fue la respuesta de los presos: resistir y empujar a la requisa hacia afuera del pabellón. En plena dictadura, con la prisión a cargo del criminal Primer Cuerpo del Ejército, la rebeldía de los presos comunes “era inaceptable”.
Los penitenciarios se fueron, protegiendo su retirada con gases lacrimógenos y con disparos de bala de plomo. “La desesperación aumentó porque, por efecto de los gases o por la presencia de calentadores, o por ambas cosas, comenzaron a prenderse los colchones”, relata el requerimiento de Cesaroni y D’Alessandro.
El fuego creció. Dos camiones de la División Siniestros de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal llegaron a la puerta de la cárcel de Devoto para apagar el incendio, pero la dirección de la prisión les impidió el ingreso. Adentro, en tanto, los presos que no murieron calcinados corrieron a los baños. A la salida los esperaban las guardias, que los molieron a palazos. “Escuchaba gritos, golpes y quejidos. Cuando me tocó a mí, salí con las manos atrás, vi el cordón de guardias que conducía a calabozos de castigo. El que se caía no se levantaba porque te reventaban las ampollas y la sangre..”, contó Cardozo ante Rafecas.
Las expresas políticas también declararon en la causa. “Aún permanece el recuerdo de ese sentido olfativo, era un horror el olor a carne quemada. Era carne humana. Era el dolor y el olor de los cuerpos quemados de aquellos presos. Ya de día vimos pasar camillas. Los comunes nos habían contado que los estaban matando”, narró Carlota Marambio.
Entonces, la causa judicial que investigó los hechos como un “motín” fue archivada. Con el relato de Cardozo, Cesaroni y D’Alessandro insistieron ante la Justicia federal que, en un primer momento, desestimó la iniciativa de investigar los hechos como crímenes de lesa humanidad, la única forma de liberarlos de la prescripción, pero la Cámara Federal opinó lo contrario y entonces, se pudo retomar el camino de Justicia.