Los condenados por crímenes de lesa humanidad de la última dictadura militar celebraron que la fórmula Javier Milei - Victoria Villarruel fuera la más votada en las primarias, con la esperanza de que un triunfo de la dupla de La Libertad Avanza pueda abrir algún camino legal para que sean excarcelados. ¿Es posible liberar a esos genocidas?
En Argentina, los tratados internacionales vinculados con derechos humanos tienen igual valor que la letra de la Constitución Nacional. Por lo tanto, sería ilegal decretar un indulto para personas condenadas por ordenar, ejercer, participar y encubrir los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el marco de un plan sistemático de secuestro, tortura y exterminio entre 1974 y 1983. Idéntica sería la situación con una ley de amnistía. No importa cómo se llegara a esa decisión: plebiscito, referéndum o consulta popular.
Sin embargo, en materia jurídica muchas veces la voluntad política puede ir en contra de la ley. “Una de las principales fuerzas políticas que disputa la Presidencia considera que los genocidas son presos políticos. Si su voluntad política responde a los orígenes de quienes la integran, el indulto o la amnistía son posibles, sean ilegales o no”, dijo a Letra P un profesional que trabajó y trabaja en el proceso de juzgamiento de los crímenes del terrorismo de Estado desde los años en los estaban vigentes las leyes de Obediencia debida y Punto final y los indultos decretados por Carlos Menem.
¿Cómo podría ocurrir? Las posibilidades de que un proyecto de ley de amnistía para genocidas prosperase en el Congreso son escasas, coincidieron especialistas consultados por Letra P. “No tendrían los votos”, estimaron. Sin embargo, opinaron que podrían apelar a la vía del indulto por decreto: si así lo decidiera, Milei presidente podría hacerlo sin más respaldo que su firma.
Además de las supuestas promesas que Villarruel le habría hecho a quienes cumplen condenas -una minoría en la cárcel de Campo de Mayo y una mayoría en arresto domiciliario-, la candidata a vicepresidenta intensificó su discurso negacionista del Terrorismo de Estado después de las PASO, sin desmentir la posibilidad de algún intento para modificar la situación de los genocidas. Tampoco Milei lo desmintió después del 13 de agosto. Antes, en un programa de televisión, había dicho que el indulto no estaba en sus planes. Desde la aceleración de la campaña antiderechos humanos de su compañera y otros miembros de LLA, no volvió a pronunciarse.
No es camino allanado. “Podría discutirse en la Justicia porque significaría poner al Estado en situación violatoria de los derechos humanos. Hasta se podría ganar la discusión, pero hasta tanto eso no sucediera, la voluntad política de avanzar en ese sentido ganaría”, anticipó una de las fuentes consultadas.
“Hay un montón de argumentos para que la impunidad a partir de un indulto o una amnistía sea imposible. Lo riesgoso es que hay posibilidades de que igualmente puedan avanzar”, opinó Valeria Thus, una abogada que participó de juicios de lesa humanidad y dirige el área de Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires (UBA). “Sería borrar con el codo lo que fue escrito durante décadas. Una catástrofe”, subrayó Thus y sostuvo que la Corte Suprema tendría la última palabra.
Quienes llevan adelante causas por delitos de lesa humanidad evalúan que la Corte actual se parece "más a la que intentó aplicar el 2x1 a represores" durante los años de gestión gubernamental de Mauricio Macri y aseguran que esto fue posible porque el entonces secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, "abrió las puertas del Estado a Villarruel y a abogados de represores, a quienes les prometió –y cumplió– acompañamiento a sus demandas contra el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos".
En esa línea y a la caza del voto que gana LLA por esa posición frente al proceso de juzgamiento de los crímenes de la dictadura, también se zambulló Patricia Bullrich. La candidata de Juntos por el Cambio se comprometió a buscar "una salida justa" para oficiales y suboficiales que, sostuvo, recibieron “trato inequitativo y en ocasiones inhumano” en el marco del proceso de juzgamiento por secuestros y torturas, asesinatos y desapariciones, abusos sexuales y robo de bebés.
En su último informe, el relator especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Fabián Salvioli, reafirmó que “los crímenes de lesa humanidad no deberían prescribir nunca” y advirtió que “las disposiciones de amnistía y otras normas destinadas a impedir la investigación y el castigo de los responsables de graves violaciones de derechos humanos son contrarias al derecho internacional”.
“La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es obligatoria en nuestro país, es categórica sobre la incompatibilidad de amnistías e indultos en casos de crímenes de lesa humanidad y allí no hay vientos políticos que puedan generar cambios”, subrayó Andrea Pochak, quien hasta mediados de año fue subsecretaria de Protección y Enlace Internacional de Derechos Humanos y, desde entonces, es comisionada electa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).