El triunfo de Javier Milei no sólo generó sorpresa y temores en algunos sectores. Hay un reducto en el que la noticia produjo una ola de entusiasmo y hasta un pico de euforia, “Hubo abrazos, hubo gritos de libertad y amenazas contra el kirchnerismo”, se filtró desde la Unidad Penal número 34 que funciona en la guarnición militar de Campo de Mayo, donde cumplen condena más de 50 represores de la última dictadura.
Los condenados o investigados por crímenes de lesa humanidad son la mayoría de los 88 detenidos en la unidad militar de San Miguel que, para la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad, no es un establecimiento penitenciario ya que es una sede castrense con custodia del Ejército. Entre quienes cumplen pena allí, están el subinspector retirado de la Policía Federal y represor de la ESMA Mario Sandoval; el exteniente coronel Jorge Héctor Di Pasquale; responsable de cientos de desapariciones y del asesinato de Laura Carlotto; la hija de la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto -autor del libro Crónica de una guerra negada-; y el exoficial de Inteligencia de la Marina, Jorge Luis Guarrochena, acusado en el actual juicio ESMA VII. Hay además otros 98 genocidas en cárceles comunes y 537 con arresto domiciliario.
Desde Campo de Mayo, el festejo se extendió a los sectores en los que a esos genocidas se los considera “víctimas”, “presos políticos” y “héroes de la Patria olvidados”. Lo que más entusiasma en el circuito negacionista es la figura de la diputada Victoria Villarruel, que logró fama por su reivindicación del Terrorismo de Estado y que, además de ser la candidata a la vicepresidencia por La Libertad Avanza, en las últimas horas fue nombrada por Milei como su designada para ser ministra de Seguridad y Defensa. Una versión no confirmada oficialmente indica que este lunes, horas después de las PASO, algunos de los represores de la “cárcel vip” -como suelen llamarla en el movimiento de derechos humanos- habrían recibido mensajes de Villarruel en los que “les manifestaba que la libertad para ellos estaba muy cerca”.
Eso no podría sostenerse según lo que el líder de La Libertad Avanza dijo hasta ahora: si bien adhiere a la "teoría de los dos demonios", Milei aseguró que no indultaría a los condenados por haber secuestrado, torturado, desaparecido, asesinado, robado bebés y abusado de prisioneros, entre otros delitos de lesa humanidad, durante la última dictadura cívico eclesiástico militar.
La figura de la candidata a la vicepresidencia creció sobre su defensa de los genocidas, a los que considera “presos políticos víctimas del kirchnerismo”. En un eventual gobierno de LLA, Villarruel se ocupará dos ministerios, además de la vicepresidencia: Seguridad interior y Defensa nacional. Así lo confirmó Milei en una entrevista reciente, en la que definió a su compañera como “una persona capacitada, pero sobre todo con coraje”.
Villarruel es abogada y fundó el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), un espacio que insiste en equiparar los crímenes de Estado de la última dictadura con el accionar de la guerrilla. Además, buscan impulsar el reconocimiento de las personas –militares y civiles– que murieron en diferentes acciones guerrilleras como víctimas de crímenes de lesa humanidad, aún a contramano de la definición de esa figura del derecho internacional. Es hija y sobrina de miembros del Ejército y de la Armada que participaron de la dictadura.
El 23 de julio pasado, unos 20 días antes de la elección que ganó con el 30 por ciento de los votos, Milei sorprendió y desilusionó a parte de su electorado. “Guardar el orden (del Estado) no implica que vos podés hacer cualquier cosa. Si cometieron delitos de lesa humanidad, tienen que cumplir la pena”, aseguró el candidato de ultraderecha en una entrevista televisiva con el periodista Rolando Graña. Más allá de esa definición –negó un indulto, nada dijo sobre una posible amnistía–, la fórmula Milei-Villarruel sigue siendo negacionista.
Según Milei, entre los ‘70 y los ‘80 los militares tenían “del otro lado terroristas que estaban haciendo desastres, que no peleaban acorde a las reglas militares, pelearon sucio”, que, “así como fueron reconocidas las víctimas del lado de los terroristas por abusos del ejercicio de los militares, también hubo delitos de lesa humanidad de parte de los terroristas”. Además, sin mayores precisiones, dio a entender que se dedicaría a investigar esos hechos.
Un año atrás, cuando oficializó a Ricardo Bussi, hijo del genocida Antonio Bussi, como su apuesta a la gobernación de Tucumán, un Milei bastante más exaltado que su versión actual chicaneó a una periodista local que lo consultó sobre su postura respecto de los desaparecidos. “¿Me podés mostrar la lista de los 30 mil?”, apuró antes de acusarla de hacer “una lectura tuerta de la historia como hace la izquierda”.
La plataforma electoral que presentó ante la Justicia el espacio comandado por Milei y Villarruel no tiene una mención directa a los crímenes de lesa humanidad, al tratamiento que se le propiciará a sus responsables, a los juicios en vigencia ni a los por venir, a las causas que investigan los hechos. Tampoco dijo nada específico el candidato a presidente a mediados de julio pasado, cuando transmitió vía redes sociales un discurso en el que explicó ese programa.
El ministerio de Justicia y Derechos Humanos es uno de los que sobrevivirían a la motosierra con la que Milei descuartizaría al Estado nacional si llegara a ser presidente. Sin embargo, en la lectura que realizó de su plan de gobierno, sostuvo que eliminará “todas las Jefaturas de Gabinete de ministerios, secretarías y direcciones que se crearon simplemente para colocar amigos”.
En tanto, anunció una futura reforma judicial que “tenga por fin la despolitización de la Justicia y la defensa de los derechos fundamentales de los argentinos”: en su visión, estos son la vida, la libertad y la propiedad privada. Según su planteo, la cartera de Justicia estará a cargo de “un miembro respetado del Poder Judicial”. También mencionó “el nombramiento de un juez de la Corte Suprema sin pertenencia partidaria” y de un “fiscal apartidario” en el cargo de Procurador General.
Sobre las Fuerzas Armadas, apuntó que “serán revalorizadas”. “Una persona que se pone un uniforme argentino está dispuesta a dar su vida por nosotros. Deben ser considerados héroes y deberíamos todos los días agradecerles por su servicio”, leyó.
El candidato ultraderechista no incluyó la propuesta que asusta al establishment en la lista de reformas que presentó, aunque el tema estuvo sobre la mesa. Respuesta protocolar del Fondo.
De familia militar, defiende a los genocidas acusados por delitos de lesa humanidad y reivindica al partido de ultraderecha español Vox. La enemistad con Karina y sus vínculos internacionales.